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Expreso-La Razón
Durante años, desde principios de la década pasada, el robo de combustible en México remitió a la práctica de cavar para conectar mangueras a ductos de Pemex enterrados bajo campos y carreteras.
Ese modelo persiste, pero ya no es el más lucrativo ni el más difícil de combatir. En Tamaulipas, la evolución del mercado ilícito de hidrocarburos siguió una trayectoria que va del piquete clandestino en González o Altamira hasta los buquetanques que descargaban diésel disfrazado de aditivo en el puerto de Tampico.
Este cambio en el modelo criminal lo detonó una reforma legislativa, vacíos regulatorios y redes de corrupción que alcanzaron rangos militares, agentes aduanales y empresas de logística.
En 2018, Tamaulipas registró 1,301 tomas clandestinas de refinados, según datos de la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo de Pemex. En el contexto nacional, ese año se detectaron 14,910 tomas en todo el país, con un robo promedio de 56 mil barriles diarios.
La proporción tamaulipeca —casi una de cada diez tomas nacionales— colocaba al estado entre las entidades de mayor incidencia.
La actividad se concentraba en cuatro municipios. González encabezaba el registro con 394 tomas detectadas ese año, seguido de Altamira con 326. Río Bravo y Reynosa completaban el mapa de zonas críticas, configurando una franja que corre del sur al norte del estado a lo largo del ducto más codiciado: el Madero-Cadereyta, de 488.8 kilómetros de longitud, que corre desde la Refinería Francisco I. Madero en Ciudad Madero hasta la de Cadereyta, en Nuevo León, atravesando el corazón productivo del estado.
La estadística diaria era de 3.5 tomas detectadas en Tamaulipas por cada 24 horas durante 2018.
La cifra equivalía a una intervención permanente en la infraestructura de Pemex, con grupos organizados que rotaban puntos de extracción para dificultar la detección.
El descenso registrado entre 2020 y 2021 —639 y 410 tomas respectivamente— coincidió con la pandemia y el endurecimiento de operativos federales.
Sin embargo, la reducción no fue duradera. Para 2022 las tomas repuntaron a 758, en 2023 alcanzaron 1,051 y en 2024 llegaron a 1,180, prácticamente de regreso a los niveles de 2018. Los municipios críticos no cambiaron: Altamira, González y Llera siguieron encabezando los registros, con meses en los que Altamira superó las 60 tomas individuales y González rebasó las 80.
La propia empresa reconoció que el delito no ha logrado ser erradicado pese a las estrategias diseñadas para contenerlo, incluyendo el uso de pipas para el transporte de combustible como medida de mitigación.
LOS MILITARES QUE MIRARON HACIA OTRO LADO
La dimensión del robo en ductos durante los años más críticos tuvo un componente institucional. El General de Brigada Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, segundo mando en la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex, y el Coronel Emilio Cosgaya Rodríguez, ex gerente de Gestión Técnica en la misma área, fueron sentenciados por una juez federal a 31 años, 10 meses y 15 días de prisión por los delitos de delincuencia organizada y facilitación de la sustracción ilícita de hidrocarburos.
Ambos fueron hallados responsables de facilitar, entre 2015 y 2016, el robo de 2 mil 194 millones de litros de hidrocarburos en ductos de Pemex, con un valor superior a los 25 mil 197 millones de pesos. En la misma causa penal fueron sentenciados tres militares retirados más: los sargentos Ramón Márquez Ledezma, adscrito al Departamento de Seguridad Física de Cadereyta, y José Carlos Sánchez Echavarría, coordinador de la Subgerencia de Salvaguarda Estratégica en Tampico —figura directamente vinculada a la infraestructura tamaulipeca—, recibieron la misma pena que sus superiores. El teniente Oziel Aldana Portugal fue condenado a 12 años.
Todos estuvieron bajo el mando del General Eduardo León Trauwitz, titular de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica durante el sexenio de Peña Nieto, quien huyó a Canadá al ser señalado en 2019. Detenido en diciembre de 2021, obtuvo libertad restringida con brazalete electrónico en 2022. En abril de 2024 las autoridades canadienses autorizaron su extradición, aunque el General apeló la decisión y permanece a la espera del fallo definitivo. El robo de combustible en ductos se disparó precisamente durante su gestión, según documentó la FGR.
LA REFORMA ENERGÉTICA: GÉNESIS DEL HUACHICOL FISCAL
Mientras el huachicol convencional prosperaba en los ductos, una transformación legislativa sembraba las condiciones para una modalidad mucho más rentable y difícil de detectar. La reforma energética aprobada en diciembre de 2013 rompió el monopolio histórico de Pemex en la importación de combustibles, abriendo esa actividad al sector privado a partir de abril de 2016. La medida respondía a una lógica de modernización del sector energético, pero simultáneamente creó una ventana de oportunidad para la evasión tributaria a escala industrial.
La votación de esa reforma en el Congreso involucró a legisladores tamaulipecos de distintos partidos. En el expediente contra Emilio Lozoya, ex titular de Pemex durante la administración de Peña Nieto, constan declaraciones sobre sobornos millonarios entregados a legisladores del PAN para garantizar su apoyo. Entre los señalados figuran el entonces senador Francisco García Cabeza de Vaca, quien integraba la Comisión de Energía, y otros legisladores de esa bancada.
El mecanismo que esa apertura hizo posible opera mediante un principio simple: declarar combustibles bajo fracciones arancelarias distintas para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que aplica a gasolinas y diésel pero no a aditivos, lubricantes o alcoholes.
Al declarar diésel como aditivo para aceites lubricantes, el importador evita el IEPS, el IVA correspondiente a esa categoría y los derechos de trámite aduanero. La diferencia entre lo pagado y lo que debería pagarse constituye la ganancia ilícita.
El SAT documentó en 2021 un aumento en las importaciones de lubricantes superior al 79 por ciento respecto a la demanda real, sin justificación en la actividad económica del país. Esos productos estaban exentos del IEPS, razón por la cual se utilizaban como vehículo de evasión. La señal era clara, pero la respuesta institucional tardó años en materializarse.
TAMPICO Y ALTAMIRA: EPICENTRO DEL CONTRABANDO
La escala del fenómeno se hizo evidente en el puerto de Tampico entre 2024 y 2025. Durante 2023, el puerto manejó 69,343 toneladas de fluidos líquidos a granel no petroleros —categoría que incluye los aditivos declarados por las empresas importadoras—. En 2024 esa cifra se multiplicó 243 por ciento, alcanzando 238,280 toneladas. Durante el primer trimestre de 2025 se registraron descargas adicionales por 227,402 toneladas. En total, en año y medio el puerto recibió 465,691 toneladas de esa categoría, volumen que supera la suma total importada durante los nueve años previos.
Entre enero y marzo de 2025, once buquetanques realizaron trece descargas en Tampico, todos procedentes de Estados Unidos, principalmente de Houston. En enero, el buque St. Mary descargó 39,459 toneladas en dos estadías. El Salsa dejó 17,459 toneladas. El Cosmic Glory, el Bastille Street y el Torm Louise completaron el calendario de febrero con cargas similares, todas declaradas como aditivos para aceites lubricantes.
El 19 de marzo de 2025, el Challenge Procyon fue interceptado por autoridades federales cuando intentaba descargar en Tampico. La revisión reveló que transportaba 10 mil toneladas de diésel —más de 20 millones de litros— declarado como aditivo. La guía marítima consignaba un embarque de 17 millones 459 mil kilogramos desde Houston; la factura establecía un valor de 2 millones 662 mil dólares por concepto de aditivos. El dictamen de la ANAM determinó que se trataba de gasóleo con contenido de azufre inferior a 15 partes por millón. El precio declarado equivalía a 2.55 pesos por litro; el precio real de mercado rondaba los 10.92.
La diferencia entre ambas cifras resume el negocio: 175 millones de pesos de subvaluación en un solo embarque. La evasión fiscal calculada por el SAT para ese cargamento fue de aproximadamente 220 millones de pesos, considerando IEPS, IVA y derechos de trámite. Un año después del decomiso, la ANAM exigía a Intanza —empresa destinataria de la carga— el pago de 60 pesos por litro en concepto de impuestos, multas y recargos: 2 millones 950 mil pesos por cada pipa de 49 mil litros incautada.
Tras el aseguramiento, las descargas de fluidos en Tampico colapsaron. Las 104,754 toneladas de marzo cayeron a 10,562 en abril. Mayo no registró ninguna descarga en esa categoría. Junio apenas marcó 8,038 toneladas y julio volvió a cero.
LA RED: AGENTES ADUANALES, EMPRESAS FACHADA Y VÍNCULOS NAVALES
La FGR inició en julio de 2024 un expediente penal por delincuencia organizada contra agentes aduanales que omitían información en el pago de impuestos por el ingreso de hidrocarburos. La investigación identificó a cuatro agentes con patentes activas en distintos puertos como piezas clave del esquema.
Benito Abad Pérez Escalante, ex regidor del PRI en Tampico durante el periodo 2018-2021 donde encabezó la comisión de Desarrollo Económico, es señalado por manipular los pedimentos de 31 buques con combustible destinado a Intanza y Azteca Cone, declarados como aditivos en el puerto de Tampico. Estuardo Ciro del Ángel Valdés, con patente aduanal indefinida en Altamira desde agosto de 1994, habría tramitado el ingreso de 25 buques para la empresa B-Match. Hantulio Ordóñez Juárez, con patente activa desde 1996 en Matamoros y ex candidato del PAN a diputado local en el año 2000, habría gestionado la importación de 499 pipas de combustible por esa aduana entre agosto y septiembre de 2023, declaradas como aceites minerales para Sensive Solutions.
Las cuatro empresas destinatarias —Intanza, Azteca Cone, B-Match y Sensive Solutions— comparten socios y domicilio en Monterrey, Nuevo León, y son señaladas por las autoridades como compañías fachada dentro del mismo entramado.
En la trama también habrían operado el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano el Contralmirante Fernando, presuntamente bajo la protección de su tío, entonces Secretario de Marina Rafael Ojeda Durán. La juez federal Mariana Vieyra Valdez devolvió en marzo de 2026 la solicitud de 14 órdenes de aprehensión por deficiencias técnicas; la FGR informó que subsanó las inconsistencias y presentará de nuevo la solicitud.
