Por Raúl López García
Expreso-La Razón
CIUDAD VICTORIA, TAM.- Hubo una época en México en que el maestro representaba autoridad, disciplina y prestigio. Entre las décadas de 1940 y 1980, el docente rural y urbano era considerado un formador de ciudadanos, un referente moral y hasta un líder comunitario.
Uno de los primeros golpes a la autoridad docente ocurrió con la flexibilización de la disciplina escolar y los cambios en la evaluación académica. Durante años, la SEP impulsó modelos para reducir los índices de reprobación y deserción escolar, promoviendo esquemas de evaluación “integral” y disminuyendo el peso de las calificaciones reprobatorias. Muchos profesores comenzaron a sentir que las instituciones dejaron de respaldar la exigencia académica.
La transformación escaló en octubre de 2023 con el Acuerdo 10/09/23 de la SEP, que eliminó mecanismos estrictos de reprobación automática en educación básica. La medida permitió mayores facilidades de regularización y debilitó el requisito mínimo de asistencia para acreditar el ciclo escolar. El punto definitivo llegó en mayo de 2026, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación respaldó el acuerdo y validó la promoción flexible incluso para escuelas privadas incorporadas al sistema educativo nacional.
“AUNQUE NO TRABAJEN, PASAN”
El impacto dentro de las aulas fue inmediato. Docentes comenzaron a denunciar que los alumnos entendieron rápidamente que reprobar dejó de representar una amenaza real. Un maestro consultado bajo anonimato aseguró haber perdido su empleo tras reprobar a estudiantes con múltiples inasistencias y bajo rendimiento. “Me despidieron por haber reprobado a como a ocho que ni de un modo ni de otro cumplieron”, relató.
En Ciudad Victoria, el problema de aprovechamiento escolar ya mostraba señales preocupantes desde años atrás. En 2016 se reportó que el 90 por ciento de las escuelas enfrentaban problemas de reprobación; en 2018, el 64 por ciento de alumnos de tercero de secundaria reprobaron matemáticas, mientras bachilleratos técnicos registraban índices cercanos al 30 por ciento de reprobación en 2022. Paradójicamente, mientras crecían las deficiencias académicas, el sistema reducía las herramientas de presión para exigir resultados.
El maestro ya no puede expulsar ni exigir uniforme
Otro cambio profundo ocurrió con los reglamentos escolares. A partir de reformas educativas y nuevas interpretaciones de derechos humanos, las expulsiones definitivas en educación básica quedaron prácticamente prohibidas salvo casos extremos. Las sanciones rígidas fueron sustituidas por “acuerdos de convivencia”, protocolos restaurativos y esquemas de mediación escolar.
La Ley General de Educación también limitó medidas históricas de disciplina. Desde 2022, autoridades federales y organismos como Conapred establecieron que ningún alumno puede ser condicionado por no portar uniforme, por su apariencia física o por características relacionadas con cabello, vestimenta o expresión personal. Lo que antes se consideraba orden institucional comenzó a interpretarse como exclusión o discriminación.
“HAY ALUMNOS QUE YA NO RESPETAN LÍMITES”
En la práctica, docentes aseguran que las nuevas reglas dejaron vacíos de autoridad. Profesores de distintos estados narran que llamar severamente la atención, retirar celulares o exigir disciplina puede derivar en denuncias por violencia psicológica. Tras varios casos de agresiones escolares, directivos llegaron incluso a recomendar a maestros “no meterse en problemas” con alumnos conflictivos.
La sensación de vulnerabilidad aumentó con la presión constante de padres de familia. Rogelio Pérez Lara, coordinador del SNTE en Tampico, reveló que alumnos llegan a lanzar amenazas directas contra profesores. “Oye profe, mi papá es fulanito y si usted me sigue exigiendo se las va a ver con él”, relató el dirigente sindical. También denunció la existencia de grupos de WhatsApp organizados para atacar o exhibir públicamente a docentes.
DE AUTORIDAD ESCOLAR A PROFESIÓN DE ALTO RIESGO
Lo que hace dos décadas parecía impensable hoy forma parte de la estadística nacional. La Encuesta Nacional de Violencia hacia los Maestros 2024 reveló que 4 de cada 10 docentes han sufrido agresiones por parte de alumnos o padres de familia. El 60 por ciento corresponde a insultos y humillaciones; el 30 por ciento a acoso o hostigamiento y el 10 por ciento a ataques físicos.
Entre 2022 y 2026 se documentaron agresiones extremas en distintos estados del país. En Cuautitlán Izcalli, padres golpearon y encañonaron a una maestra dentro de un kínder. En Coahuila, un adolescente apuñaló a su profesora de español dentro del salón de clases. En Naucalpan, una docente fue golpeada frente a sus alumnos por padres molestos con una calificación. El caso más brutal ocurrió en marzo de 2026 en Michoacán, donde un estudiante de 15 años asesinó a balazos a dos profesoras dentro de una preparatoria.
TAMAULIPAS TAMBIÉN ENCENDIÓ LAS ALARMAS
En Tamaulipas, la violencia escolar comenzó a escalar visiblemente durante los últimos años. En 2025, estudiantes del CETIS 78 de Altamira golpearon brutalmente al director del plantel durante una protesta estudiantil. El video circuló nacionalmente y colocó nuevamente sobre la mesa el deterioro del respeto hacia las figuras educativas.
Ese mismo año, el SNTE acumuló más de 500 quejas relacionadas con agresiones, amenazas y hostigamiento contra maestros. Paralelamente, la Secretaría de Educación de Tamaulipas reconoció la existencia de 178 carpetas de investigación por presunto abuso sexual en escuelas durante 2024 y 2025, casos que también golpearon severamente la imagen pública del magisterio y aumentaron la desconfianza social hacia los docentes.
DEL “APÓSTOL DE LA EDUCACIÓN” AL TRABAJADOR VULNERABLE
Académicos sostienen que el maestro mexicano pasó de ser visto como un “apóstol de la educación” a convertirse en un trabajador vigilado, cuestionado y constantemente expuesto al conflicto. La pérdida de poder adquisitivo, la politización sindical, las redes sociales, la presión administrativa y los casos mediáticos de abuso cometidos por algunos docentes terminaron por erosionar todavía más su imagen pública.
