Por. Pedro Alfonso Garcia
Difícil la disyuntiva en que ha puesto Ariadna Montiel a la Comisión de Elecciones de Morena, no será fácil encontrar candidatos que superen el drástico estándar que venía anunciando. El lunes lo repitió, como si pintara la raya: “no vamos a aceptar candidatos que tengan mala reputación. Nuestros candidatos deben ser intachables”.
Una revisión a los personajes que transitan en el escenario tamaulipeco de Morena nos lleva a una conclusión: quienes decidan las candidaturas a presidencias municipales, diputaciones locales y federales tendrán como única alternativa postular perfiles que no arrastren negras historias, un pasado turbulento o, por lo menos, excesos en el ejercicio del poder.
De entrada habrá que definir los alcances del término. Reputación es el prestigio o la estima en que se tiene a alguien; mala reputación, en cambio, es la imagen desfavorable, el descrédito que sufre una persona por sus acciones, comportamientos o antecedentes. Y visto así, no hay quien se salve.
Los personajes que hoy figuran en el candelero político arrastran ya un largo historial. Los senadores Olga Sosa y José Ramón Gómez Leal crecieron en otros partidos: la tampiqueña en el priismo, el reynosense en el PAN, y ninguno llega con el expediente limpio como para librar los filtros de Ariadna.
Sobre Sosa han pesado señalamientos periodísticos —algunos con alcances de linchamiento— que la ubicaron entre los morenistas cercanos a Sergio Carmona, “El Rey del Huachicol”, asesinado en 2021. Morena lo ha negado y lo cierto es que no hay proceso legal en su contra. Gómez Leal proviene de una familia dedicada al negocio de los hidrocarburos en Reynosa, actividad lícita que, en el clima actual, lo coloca bajo la lupa. En ninguno hay imputación judicial, pero sí un descrédito con su parte de verdad y su parte de baños de lodo.
Si el estándar fuera estricto, tampoco se salvarían quienes ya probaron el poder y no quieren soltarlo. Un repaso por las ciudades más importantes del estado confirma cuál es la verdadera lógica de la sucesión de 2027: la conservación.
La familia Canturosas, en Nuevo Laredo, aspira a la gubernatura sin renunciar al control del ayuntamiento; en Reynosa, Maki Ortiz y su hijo agotaron sus periodos, pero intentarán heredar la candidatura. El morenismo de Matamoros busca prolongarse, a pesar de su mala fama, mientras Mario “La Borrega” López, con dos trienios cumplidos, en sus sueños húmedos acaricia la gubernatura, el regreso a la alcaldía o la diputación federal.
Más al sur se repite el guion. Lalo Gattás concluye su segundo periodo en Victoria y promueve a un colaborador como heredero; la reelección que pretende Erasmo González en Madero enfrenta la reaparición de Adrián Oseguera, en una pugna abierta entre dos exalcaldes, y en Tampico, Mónica Villarreal va por la reelección frente a Jesús Nader, que ya gobernó dos veces.
Reelección, herencia o salto a otro cargo: el repertorio se repite y la renovación se vuelve, en los hechos, un ejercicio de conservación que representa la primera grieta del estándar: el aparato no busca perfiles nuevos e intachables, sino cómo retener los que ya tiene.
La segunda grieta es el territorio mismo. Gobernar estas ciudades obliga a moverse en entornos de fuerte presión, donde el poder formal convive con poderes fácticos, y no se trata de un fantasma: la detención en Argentina del contraalmirante Fernando Farías Laguna, en abril pasado, recordó que la red de “huachicol fiscal” desmantelada por el gobierno federal operaba precisamente por las aduanas de Altamira y Tampico. El combustible de contrabando, los buques, los marinos señalados no son metáforas: son el escenario real en el que cualquier aspirante tamaulipeco ha tenido que moverse.
Hay que decirlo con claridad: depurar las candidaturas de perfiles ligados al dinero sucio es un propósito sano, y en Tamaulipas hasta urgente. La duda no está en el fin, sino en el uso pero habrá que ver si el filtro servirá para un rigor genuino o una herramienta para despejar adversarios incómodos.
Al final, la reputación intachable que se exige desde el discurso tendrá que medirse contra dos realidades tercas: una clase política que solo aspira a perpetuarse y un estado donde el poder se ejerce a la sombra de otros poderes. Entre esas dos paredes, la raya que pintó Ariadna Montiel se traza cuesta arriba.
