Por. Staff
Expreso-La Razón
TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Gobierno de Estados Unidos frenó las solicitudes de detención con fines de extradición contra el ex Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que este caso forma parte de los 269 requerimientos de extradición formulados por México entre enero de 2018 y mayo de 2026, sin que se haya concretado ninguna entrega.
«Se formularon 269 requerimientos de extradición de enero del 2018 al 13 de mayo de 2026 a Estados Unidos, 269 requerimientos de extradición, ¿cuánto se han entregado a México? Ninguno, ninguno del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, 269 requerimientos de extradición no han enviado ninguno», afirmó.
El ex Mandatario panista es requerido por autoridades mexicanas por delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, tras acusaciones presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
La solicitud de detención provisional del panista es por los delitos de uso de atribuciones y facultades, del cual les fue solicitada la petición formal, mientras que por el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de operación ilícita, se solicitó información adicional.
«Hay casos gravísimos para México, factureros, exgobernadores, acusados, delincuencia organizada, Ayotzinapa, no hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México», dijo.
El Canciller Roberto Velasco informó que, de los 269 casos, 36 han sido negados y 233 permanecen pendientes de resolución en distintas fases del proceso.
«Del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, México ha solicitado 269 casos de extradición a Estados Unidos, no ha sido entregado hasta el momento ninguno», expuso.
Detalló que 183 corresponden a solicitudes formales de extradición y 50 a peticiones de detención provisional, de las cuales en 47, Estados Unidos ha solicitado información adicional.
«En 47 de las 50 solicitudes de detención provisional que hemos hecho, el gobierno de Estados Unidos nos ha solicitado presentar información adicional», señaló.
El funcionario explicó que el tratado bilateral permite a ambos países solicitar pruebas adicionales en cualquier fase del proceso.
«Podemos o tenemos más bien la obligación de solicitar mayor información previa a proceder», afirmó.
Velasco indicó que ninguno de los Estados está obligado a entregar a sus nacionales, por lo que cada solicitud se analiza conforme a su legislación.
El caso Cabeza de Vaca
En el mes de febrero de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó el amparo contra la orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que existe contra el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
En el proyecto de resolución del amparo en revisión 435/2025 se determinó cancelar el último amparo que tenía el ex mandatario tamaulipeco y que impide enfrentar la justicia en México.
El asunto tiene su origen en las denuncias presentadas en julio y noviembre de 2020 por el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ante la FGR, por hechos posiblemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita atribuidos a Francisco García Cabeza de Vaca, entre otros.
Derivado de dichas denuncias, en febrero de 2021 la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) solicitó a la Cámara de Diputados la emisión de la declaratoria de procedencia (desafuero), mismo que fue aprobada en abril del mismo año.
Con base en ello, el Ministerio Público Federal solicitó el libramiento de orden de aprehensión, que fue concedida el 18 de mayo de 2021 por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y negada respecto de la defraudación fiscal equiparada.
Posteriormente, al resolver las controversias constitucionales 50 y 70 promovidas por el Congreso de Tamaulipas, en sesión de 17 de agosto de 2022, la entonces Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la invalidez de dicha orden de aprehensión, al advertir una invasión a las facultades del Congreso del Estado de Tamaulipas.
Una vez que García Cabeza de Vaca dejó de desempeñar el cargo de Gobernador de Tamaulipas, el 4 octubre de 2022 el Ministerio Público solicitó nuevamente la orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La misma fue concedida por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con residencia en Almoloya de juárez (Altiplano).
En contra de esta última determinación, García Cabeza de Vaca promovió el 12 de octubre de 2022 un juicio de amparo indirecto, en el que el Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Tamaulipas dictó sentencia concediendo el amparo.
Dicha resolución fue revocada para efectos de reposición del procedimiento; sin embargo, al dictarse una nueva sentencia, el órgano jurisdiccional volvió a conceder la protección federal.
Inconformes, diversas autoridades interpusieron recursos de revisión, a los cuales el quejoso se adhirió y a solicitud de la FGR, el Pleno de esta Suprema Corte ejerció su facultad de atracción, registrando el asunto como Amparo en Revisión 435/2025.
EU también pide pruebas: CSP
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la exigencia de información adicional forma parte de una práctica recíproca entre ambos países y rechazó que esa postura implique falta de cooperación del Gobierno mexicano en materia de justicia, en medio de cuestionamientos por decisiones recientes en solicitudes de detención con fines de extradición.
«Es lo mismo que hace Estados Unidos, cuando nosotros le pedimos una orden de extradición: ‘preséntanos pruebas’, pero toda la comentocracia: ‘cómo se le ocurre a la Presidenta a pedir pruebas’ si es lo mismo que hace Estados Unidos», dijo.
«Cuando hemos hecho solicitudes de que se extraditen personas que están allá que han cometido delitos a México nos piden pruebas o no los extradita».
Sheinbaum defendió que el procedimiento responde a criterios legales y no a decisiones políticas o presiones externas, al insistir en que la exigencia de pruebas es parte de un proceso establecido en la cooperación bilateral.
«Se toma la decisión de solicitar la orden urgente de detención con fines de extradición del Gobierno de Estados Unidos para decir que nosotros no queremos entregar a nadie y que jamás vienen muchos más y nosotros en su momento dijimos a ver que se presenten las pruebas», señaló.
La Presidenta afirmó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar las investigaciones y actuar en caso de que existan responsabilidades, sin que el Ejecutivo intervenga en el curso de los procesos judiciales.
«La Fiscalía en sus propias investigaciones y si hay responsabilidades que operen que haga su trabajo pero no podemos ser omisos de lo que está pasando y del objetivo final que es ir contra lo que está ocurriendo en nuestro país contra el pueblo de México así de claro», sostuvo.
