Por. Staff
fotos: Fabián Meléndez
Expreso-La Razón
TAMAULIPAS, MÉXICO.- Cientos de iniciativas se acumulan en el congelador del Congreso de Tamaulipas, con un embudo legislativo donde cada vez más propuestas quedan atrapadas en comisiones o en el limbo parlamentario.
La Legislatura 66 del Congreso de Tamaulipas ha recibido 1,601 iniciativas desde el inicio de sus trabajos en octubre de 2024 y hasta el segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio (junio de 2026). De ese total, 576 asuntos permanecen pendientes de resolución, ya sea en análisis de comisiones o con dictamen aprobado, pero sin votación definitiva en el Pleno.
El principal cuello de botella se ubica en el actual segundo periodo ordinario del segundo año legislativo, donde se presentaron 503 iniciativas,De esas, resolvió 126: una de cada cuatro.
Las restantes 330, dos terceras partes del total, permanecen “en estudio” en comisiones, de acuerdo con los registros oficiales del propio Poder Legislativo.
La tasa de resolución ha caído de forma sostenida en cada periodo legislativo documentado.
En el primer periodo ordinario (octubre-diciembre de 2024), el Congreso resolvió 190 de alrededor de 211 iniciativas presentadas, un 90 por ciento.
En el segundo periodo ordinario de 2025 (enero-junio), resolvió 327 de 376, un 87 por ciento. Durante la diputación permanente que siguió (julio-septiembre de 2025), resolvió 163 de 201, un 81 por ciento. En el primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio (octubre-diciembre de 2025), la proporción bajó a 198 de 299, un 66 por ciento. Y en el periodo más reciente, enero-junio de 2026, cayó a 25 por ciento.
En conjunto, desde el inicio de la legislatura el Congreso ha resuelto 1,012 de las aproximadamente 1,601 iniciativas presentadas en sus seis periodos documentados —un 63 por ciento acumulado—, aunque la tendencia de los últimos tres periodos apunta a una proporción de rezago cada vez mayor conforme avanza la segunda mitad de la legislatura.
El número de iniciativas con dictamen de comisión, pendientes solo de votación final en el pleno, también creció: 3 en el primer periodo ordinario, 8 en la diputación permanente de mediados de 2025, 21 en el primer periodo ordinario del segundo año, 2 en la diputación permanente de diciembre de 2025 a enero de 2026, y 45 en el periodo más reciente, enero-junio de 2026. Para el segundo periodo ordinario de 2025 (enero-junio), los registros consultados no desagregan un total de iniciativas dictaminadas, por lo que ese dato queda pendiente de verificación directa con la Secretaría General del Congreso. Las iniciativas dadas de baja o desechadas se mantuvieron en niveles bajos en los periodos donde se especifica el dato: 3 en el primer periodo ordinario, 4 en la diputación permanente de 2025, 4 en el primer periodo ordinario del segundo año y 2 en el periodo más reciente.
EL CONTRASTE CON EL CONGRESO FEDERAL
El patrón de acumulación no es exclusivo de Tamaulipas. A nivel federal, la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión —que inició funciones el mismo 1 de septiembre de 2024 bajo una correlación de fechas distinta a la del Congreso estatal— recibió 3,324 iniciativas entre esa fecha y el 9 de diciembre de 2025, de las cuales aprobó 165, retiró 176 y desechó 41, dejando 2,942 pendientes de dictamen para reanudarse en el periodo que comenzó el 1 de febrero de 2026, según el último reporte de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Dirección General de Apoyo Parlamentario de la Cámara de Diputados.
La cifra federal no es comparable de forma directa con la estatal por la diferencia de escala —500 diputados federales frente a 36 locales— ni por el calendario legislativo, pero ilustra que el fenómeno del rezago atraviesa ambos niveles de gobierno durante el mismo periodo de ejercicio.
LA AGENDA DE LA LEGISLATURA
El rezago legislativo no solo se aprecia en las estadísticas de iniciativas congeladas, también se hace evidente en las temáticas que han sido ignoradas.
Es el caso de la despenalización del aborto. El 20 de abril de 2026, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó, por unanimidad, la porción normativa del artículo 16 de la Constitución de Tamaulipas que protegía la vida “desde el momento de la fecundación”, así como los artículos 356, 357, 358, 359, 360 y 361 del Código Penal estatal que criminalizan el aborto. La resolución se dictó al resolver el amparo en revisión 426/2025, derivado de un juicio de amparo directo tramitado desde 2023 en el Distrito Judicial de Tamaulipas.
La sentencia se emitió dos meses antes del cierre del periodo ordinario enero-junio de 2026, el mismo en el que la tasa de resolución del Congreso cayó a 25 por ciento. Sin embargo, ninguno de los registros de iniciativas “en estudio” o “dictaminadas” para ese periodo identifica una reforma específica de despenalización del aborto. Las menciones al Código Penal en ese tramo corresponden a reformas sobre reclutamiento forzado, sustracción de menores y acecho.
El tema lleva más tiempo sin resolverse que la propia legislatura actual. En octubre de 2023, bajo la Legislatura 65, el diputado Isidro Vargas presentó una primera iniciativa de despenalización que fue turnada a comisiones sin avanzar. Desde mayo de 2024, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Humberto Prieto Herrera, ha declarado en al menos cuatro ocasiones —mayo de 2024, octubre de 2024, primer semestre de 2025 y octubre de 2025— que la iniciativa “ya está terminada” y sería presentada “en las próximas semanas”. Ninguna de esas fechas se cumplió. En febrero de 2026, la diputada Lucero Deosdady Martínez López, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y de la Diversidad, dijo que el tema “sí se va a analizar en este periodo”. Tampoco hubo dictamen antes del cierre del periodo ordinario, el 30 de junio.
Tras el fallo de la Corte, Martínez López fijó la postura del Congreso sin precisar fecha:
“Si la Suprema Corte ya ordena que se tenga que modificar, nosotros somos un poder que tiene que acatar las decisiones de la Corte”, expresó la legisladora.
La declaración no fijó fecha de dictamen ni de votación en el pleno. Mientras la reforma permanece sin resolver, el Código Penal vigente continúa tipificando el aborto voluntario como delito. En 2025 se abrieron investigaciones contra 38 mujeres por esta causa en la entidad, y en los últimos cinco años se han registrado 235 carpetas de investigación por el mismo delito, de acuerdo con cifras citadas por colectivos feministas y retomadas por medios locales.
LOS GRANDES PENDIENTES
El aborto no es el único tema que se mantiene sin resolución desde el arranque de la Legislatura 66. Una reforma al Código Penal para adicionar un capítulo sobre crímenes de odio por razones de orientación sexual apareció registrada como “en estudio” desde el primer periodo ordinario, en octubre de 2024. Veinte meses después, el 17 de junio de 2026, el Congreso aprobó dos reformas distintas en materia de diversidad sexual: una adición del artículo 92 Bis a la Ley de Salud, que obliga a instituciones públicas y privadas a garantizar atención integral sin discriminación, dando carácter obligatorio a los protocolos federales de acceso a servicios médicos para la diversidad sexual; y una modificación a los artículos 192 y 193 del Código Penal, para eliminar referencias que criminalizaban la homosexualidad, en cumplimiento de criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esas dos reformas, sin embargo, no incluyeron el capítulo de crímenes de odio que llevaba veinte meses “en estudio”
Organizaciones no gubernamentales reconocieron el avance pero señalaron que la agenda legislativa “no está completa”, y enumeró tres pendientes concretos: la Ley de Identidad de Género, la derogación de los artículos que criminalizan a personas con VIH, y mecanismos efectivos contra los crímenes de odio, cuya incidencia, dijo, “sigue sin ser atendida de manera integral”.
El reconocimiento de la identidad autopercibida en el Código Civil —base jurídica de la Ley de Identidad de Género que exigen los colectivos— apareció como pendiente desde el segundo periodo ordinario de 2025 (enero-junio), bajo el rubro de “identidad y derechos”, junto con reformas en materia de justicia para grupos vulnerables y la sustitución de prisión para mujeres jefas de familia en situaciones precarias. Un año después, en junio de 2026, el tema seguía sin dictamen identificable en los periodos subsecuentes.
La creación de la Secretaría de la Mujer ilustra un patrón distinto: contó con dictamen de comisión desde el primer periodo ordinario, en 2024, pero un año después, en el periodo octubre-diciembre de 2025, los registros del Congreso volvían a listar “en estudio” los ajustes a la Ley Orgánica de la Administración Pública necesarios para darle estructura operativa a la dependencia.
También permanecen pendientes, sin dictamen posterior identificado en los registros revisados: la expedición de la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado, en estudio desde enero de 2025; la creación de una Ley de Educación Superior estatal, en análisis desde el mismo periodo; y una reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, en estudio desde el mismo tramo.
En el rubro de protección a la niñez, sigue en análisis desde 2025 la tipificación del robo de niñas, niños o adolescentes en el Código Penal, así como el acceso a un entorno digital libre de violencia para ese grupo de edad.
También permanece en comisiones, desde el primer año de ejercicio, un dictamen sobre la prohibición de eventos que promuevan la apología del delito.
En el ámbito laboral y administrativo llevan en análisis desde octubre de 2025 una propuesta para otorgar permisos por luto con goce de sueldo a servidores públicos, otra para reconocer licencias por menstruación dolorosa en el sector privado, y reformas constitucionales sobre el derecho de petición ante autoridades estatales y municipales y sobre la organización de la Fiscalía General de Justicia y los órganos autónomos del Estado. Ninguna de ellas aparece como resuelta en los periodos posteriores documentados.
Un caso adicional, vinculado a la reforma electoral, muestra que la conclusión de un proceso legislativo no siempre se traduce en una institución completa.
La Ley Electoral del Estado fue reformada el 29 de mayo de 2026 para armonizar la legislación local con la reforma electoral federal conocida como “Plan B”, luego de que el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Juan de Dios Álvarez Ortiz, advirtiera en abril que el plazo se agotaba. Pese a esa reforma, el Consejo General del IETAM opera con dos consejerías vacantes, luego de que el Instituto Nacional Electoral repusiera, a inicios de noviembre de 2025, solo una de tres vacantes pendientes, a meses de que inicie el proceso electoral 2026-2027, en el que se renovarán alcaldías y diputaciones locales.
LO QUE SE RESOLVIÓ
El Congreso sí concluyó procesos legislativos de alcance significativo en el periodo analizado. Entre octubre y diciembre de 2025 resolvió la Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas, la Ley de Protección Civil y la ley para sancionar delitos de extorsión. Entre diciembre de 2025 y enero de 2026 concluyó la expedición de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, reformas a la Ley del Instituto de Pensiones y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), ajustes a la Ley de Instituciones de Asistencia Social y reformas a la Ley de Educación, además de adiciones a la Ley de Transparencia distintas de la reforma integral que permanece pendiente. La Ley de Movilidad y la Ley Electoral del Estado fueron reformadas en marzo y mayo de 2026, esta última para armonizar la legislación local con la reforma electoral federal antes de la fecha límite advertida por el IETAM.
En el mismo periodo se dictaminaron, aunque sin la misma relevancia estructural, la regulación de las farmacias del bienestar, programas de Parques Activos Comunitarios y reformas en materia de turismo social. La mayor parte de las iniciativas registradas como “resueltas” en cada periodo, sin embargo, corresponde a las leyes de ingresos de los 43 municipios y al presupuesto de egresos estatal: trámites de naturaleza presupuestal, con calendario fijo y sin margen de postergación, que explican buena parte de los picos de productividad observados en abril de 2025 y en los cierres de cada periodo ordinario.
