Por. Josué Sánchez Nieto
El 10 de junio de 2011, el sistema jurídico mexicano vivió una de sus transformaciones más profundas: nuestra Constitución dejó de hablar solo de “garantías individuales” y reconoció los derechos humanos previstos en la misma Constitución y en los tratados internacionales.
No fue un simple ajuste de lenguaje; fue una nueva forma de entender al Estado: la autoridad ya no podía colocarse por encima de la persona, sino justificar sus decisiones desde la dignidad humana.
Y se dio el boom, los derechos humanos se pusieron de moda: se multiplicaron cursos, capacitaciones y discursos oficiales; las sentencias citaron instrumentos internacionales; los gobiernos anunciaron políticas públicas “con enfoque de derechos humanos”; y en los congresos se volvió común justificar reformas bajo principios como igualdad, progresividad, interdependencia, indivisibilidad y universalidad.
Pero quince años después, la pregunta incómoda sigue siendo necesaria: ¿realmente nos volvimos más garantistas o solamente aprendimos a llenar las leyes de buenas intenciones?
La reforma de 2011 no se hizo para adornar exposiciones de motivos. Se hizo para cambiar la forma en que se ejerce el poder público.
El artículo 1º constitucional es claro: todas las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y, desde luego, eso incluye a quienes gobiernan, juzgan y legislan.
Ahí está una de nuestras mayores deudas. Muchas veces los congresos han entendido los derechos humanos como argumento retórico, no como metodología legislativa.
Es decir, se invocan principios y convenciones, pero pocas veces se explica cómo una reforma será aplicable, financiable, evaluable y exigible. El resultado es una paradoja: leyes más robustas en el papel, pero instituciones totalmente rebasadas para cumplirlas.
Basta observar algunos pendientes: ¿Cómo hablar de progresividad cuando las mujeres siguen enfrentando restricciones para decidir sobre su propio cuerpo? ¿Cómo hablar de igualdad cuando las personas neurodivergentes siguen siendo estigmatizadas? ¿Cómo hablar de educación inclusiva cuando a familias con hijas o hijos con discapacidad se les exige pagar una “maestra sombra”? ¿Cómo hablar de salud cuando la atención médica o psicológica depende más de la capacidad económica que de la obligación del Estado?
El problema no es reconocer nuevos derechos, el problema está en reconocerlos sin construir condiciones reales para ejercerlos.
Cuando una ley promete inclusión, pero no establece presupuesto, autoridades responsables, plazos, indicadores y mecanismos de exigibilidad, no garantiza derechos: únicamente produce simulación normativa; y esa simulación es injusta porque genera expectativas legítimas, pero no respuestas concretas.
Algo similar ocurre hoy con la Agenda 2030: muchas propuestas se presentan como alineadas a objetivos internacionales sin explicar su impacto práctico. El riesgo es el mismo: convertir marcos valiosos en fórmulas de legitimación política, no en herramientas para resolver problemas públicos.
A quince años de la reforma, el balance debe ser crítico, pero no pesimista: sí cambió el lenguaje jurídico del país y abrió la puerta a una visión más amplia de la dignidad humana; sin embargo, su promesa sigue incompleta mientras las leyes no se diseñen con seriedad técnica y responsabilidad institucional.
Antes de seguir reformando por inercia, conviene preguntarnos dónde estamos parados…
¿Nuestros marcos normativos protegen derechos o solo los enumeran? ¿Las iniciativas parten de diagnósticos reales o de discursos convenientes? ¿El Estado crea condiciones para cumplir lo que promete o solo engrosa leyes con obligaciones que después no puede atender?
La reforma en materia de derechos humanos no fue un punto de llegada, fue un punto de partida. Para honrarla, no basta con citarla: hay que legislar con rigor, presupuestar con responsabilidad, gobernar con sensibilidad y evaluar con honestidad.
Porque los derechos humanos no se garantizan en el simple aplauso de una reforma, sino cuando una persona, frente al poder público, deja de estar sola.
