Por. Staff
Expreso-La Razón
TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tamaulipas mueve el 40 por ciento del comercio exterior terrestre de México, y quien decide qué cruza la frontera y qué se detiene no siempre trabaja para el gobierno, sino para las redes que llevan décadas administrando ese portón a cambio de una renta negociada en las sombras.
En la frontera tamaulipeca se concentra el sistema aduanal más denso de la frontera norte, con cinco plazas operativas: Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Altamira y Ciudad Miguel Alemán, tres terrestres, una marítima y una de tráfico menor, que en conjunto procesan el grueso del comercio exterior del noreste del país.
Esos portones han sido también, desde hace décadas, el escenario de una disputa que rebasa el comercio legítimo: el control de los flujos ilegales que cruzan disfrazados de carga en regla, con la complicidad activa o la aquiescencia forzada de quienes tienen facultad de revisarlos.
Matamoros opera con cinco secciones aduaneras: el puente Ignacio Zaragoza, el cruce Lucio Blanco–Los Indios, la sección ferroviaria, el aeropuerto General Servando Canales y una sección portuaria sobre el Golfo de México, cada una con padrón de agentes propio.
Reynosa controla tres cruces terrestres internacionales y dos secciones aeroportuarias, con tráfico maquilador que la coloca como segunda aduana de Tamaulipas en volumen de operaciones industriales, y con una asociación gremial propia, la AAARAC, activa en comercio exterior.
Altamira es la aduana marítima del estado, especializada en carga a granel, petroquímica e hidrocarburos industriales a gran escala, y Ciudad Miguel Alemán maneja el tráfico fronterizo menor frente a Roma, Texas, con un padrón de agentes reducido y operaciones de menor volumen.
A nivel nacional operan poco más de 800 agentes aduanales activos, y menos de 100 de ellos concentran el 90 por ciento de todas las operaciones en las aduanas del país, según datos que funcionarios de la SHCP, el SAT y la ANAM presentaron ante comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados.
El huachicol fiscal
El mecanismo central del huachicol fiscal es la sustitución del pedimento legal por un documento apócrifo de despacho aduanero, el llamado DODA, que permite el cruce sin pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ni el IVA de importación, sin toma de muestras ni verificación de la Guardia Nacional.
Durante años esa operación contó con la firma de agentes aduanales para legalizarla ante las autoridades federales, convirtiendo un delito de contrabando en una transacción que pasaba por el semáforo fiscal con luz verde y pedimento aparentemente en regla.
El SAT informó ante comisiones de la Cámara de Diputados que canceló más de 60 patentes de agentes aduanales por irregularidades, que de los agentes vigentes 500 presentan operaciones sospechosas y 84 han realizado actividades de alto riesgo; la ANAM canceló por su parte al menos 41 patentes vinculadas directamente a contrabando de hidrocarburos.
La Secretaría de Hacienda informó en octubre de 2025 que existen querellas activas por 16 mil millones de pesos relacionadas con contrabando y facturación ilegal de combustibles, y el cálculo sectorial estima que el monto no recaudado por concepto de IEPS asciende a cuatro mil millones de pesos anuales, equivalente al cinco por ciento del presupuesto de egresos de Tamaulipas.
Matamoros, epicentro
La aduana de Matamoros emerge como el epicentro del fenómeno en el ámbito nacional, con un millón 946 mil 425 litros de hidrocarburos decomisados entre 2019 y mediados de 2025, equivalentes al 66.94 por ciento del total registrado en todas las aduanas del país en ese período, según la solicitud de información con folio 332746525000160 dirigida a la ANAM.
De 52 incidencias de huachicol terrestre registradas por la ANAM desde 2024, el 82 por ciento ocurrieron en aduanas tamaulipecas: 37 en Matamoros, cinco en Nuevo Laredo y una en Reynosa, todos combustible de Texas declarado como mercancía distinta al cruzar la frontera.
En Matamoros se aseguraron un millón 673 mil litros de gasolina, diésel y aceite ligero; en Nuevo Laredo, 487 mil 492 litros de diésel; en Reynosa, 282 mil 700 litros de diésel, todos provenientes de Texas y declarados como otro tipo de carga ante la autoridad aduanal federal.
En el cruce Los Indios–Lucio Blanco, que conecta Brownsville con Matamoros, circulan alrededor de cien pipas diarias con 55 mil litros cada una, y los choferes cambian los rombos de identificación de material peligroso antes de la línea internacional, para ingresar el combustible declarado como otro tipo de carga.
Los operativos se intensificaron en el segundo semestre de 2025 y en los primeros meses de 2026: en julio de 2025, la sección ferroviaria de Matamoros registró el aseguramiento de 17 carrotanques con dos millones 206 mil 844 litros de diésel; en Nuevo Laredo se incautaron 25 ferrotanques con 2.7 millones de litros en una sola operación.
En marzo de 2026, un cateo en Matamoros descubrió en un predio disfrazado de pensión de tráileres 42 carrotanques ferroviarios, 34 tractocamiones, 15 contenedores de gran volumen y tres motobombas; en Reynosa, la FGR aseguró el 28 de marzo dos millones 189 mil litros de combustible junto con 49 frac tanks, 18 autotanques y seis tractocamiones.
En menos de ocho meses, la FGR aseguró en las tres principales ciudades fronterizas de Tamaulipas casi siete millones de litros de hidrocarburo ilegal, en operativos que dejaron más detenidos que procesos judiciales concluidos: la impunidad sigue siendo la regla.
Noviembre de 2025 trajo la evidencia más perturbadora hasta entonces: registros videográficos difundidos documentaron una operación a cielo abierto en el cruce Los Indios–Lucio Blanco, que conecta Brownsville, Texas, con Matamoros, Tamaulipas.
Aproximadamente 100 pipas al día cruzaban la frontera declaradas como otro tipo de carga, con el aval directo de tres mandos aduaneros identificados en los videos: Rubén Chapa Izaguirre, jefe del Departamento de Verificadores; Gonzalo Cervera Méndez, jefe de Operación; y Blas Pedro Sarabia García, administrador de la aduana de Matamoros.
Las pérdidas fiscales estimadas en esa ruta alcanzaban los 60 millones de pesos diarios.
El FBI desmanteló en paralelo, en el lado estadounidense de la frontera, una empresa acusada de procesar 2,881 cargamentos ilícitos y lavar 47 millones de dólares vinculados al crimen organizado mexicano, lo que exhibe la dimensión transfronteriza del contrabando de combustibles.
El sistema de control
El sistema oficial de fiscalización descansa en cuatro mecanismos: el semáforo fiscal que asigna desaduanamiento libre o reconocimiento aduanero, la revisión documental del pedimento, la inspección física de la mercancía y los equipos de rayos gamma en aduanas marítimas.
El semáforo no es completamente aleatorio, el historial del importador influye en el resultado, y cada mecanismo tiene un punto de falla conocido que puede ser explotado cuando el agente aduanal, el verificador o el funcionario de turno forman parte del esquema criminal.
La reforma a la Ley Aduanera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2025, con entrada en vigor el 1 de enero de 2026, representa el intento legislativo más ambicioso para cerrar las grietas estructurales del sistema aduanero mexicano vigente.
El cambio central es la eliminación de las excluyentes de responsabilidad: agentes y son ahora corresponsables solidarios junto con importadores y exportadores por la veracidad de lo declarado ante la aduana y el correcto pago de todas las contribuciones.
Las patentes dejan de ser vitalicias y tendrán vigencia de 20 años con certificaciones periódicas cada tres años; el nuevo Consejo Aduanero, presidido por la Secretaría de Hacienda e integrado también por el SAT y la ANAM, tendrá facultad para suspender y cancelar las autorizaciones vigentes.
A partir del 24 de abril de 2026, el SAT exige el nuevo Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos, que condiciona la emisión de CFDI a la validación en tiempo real de permisos vigentes ante la Comisión Nacional de Energía, cerrando uno de los flancos más explotados del fraude fiscal.
Las multas se endurecieron en forma significativa, y legisladores del PAN argumentaron que la corresponsabilidad solidaria podría contravenir el T-MEC al imponer cargas desproporcionadas sobre agentes aduanales honestos que no forman parte de ningún esquema ilegal documentado.
La ANAM registró en total 66 incidencias de presunto huachicol fiscal entre el inicio del sexenio de López Obrador y el primer año del gobierno de Sheinbaum, por un volumen de tres millones 485 mil 85 litros; la propia agencia reconoció en respuesta a una solicitud de transparencia que su aplicativo de registro no cuenta con un campo específico para identificar el huachicol fiscal, lo que revela que la dimensión real del fenómeno supera ampliamente lo documentado.
Desde octubre de 2024, el gobierno federal ha reportado más de 98 millones de litros asegurados en 26 entidades en 19 meses, cifra que ilustra la escala del problema pero también la desproporción entre los aseguramientos y los procesos judiciales concluidos: en todo 2025 sólo se reportó una vinculación a proceso contra el dueño de una empresa de camiones de carga.
