Por Jesús Collado Martínez
Trópico de Cáncer/Expreso Tamaulipas
13 de Julio de 2026
Desde hace unas semanas los partidos políticos nacionales que conocemos Morena, PAN, PRI, MC, PVEM y PT, así como los que recientemente obtuvieron su registro Somos México y PAZ, han iniciado actividades preparatorias de su participación en el proceso electoral 2027.
En ese ambiente preelectoral se han iniciado los ataques entre los partidos y los ciudadanos contendientes, que hasta ahora han consistido en filtraciones y acusaciones todo tipo en los medios y redes sociales, desde criticas negativas a su desempeño como servidores públicos hasta la conducta familiar y personal de quienes aspiran a ser candidatos y a ocupar los distintos cargos que se elegirán en el 2027.
También como parte de ese juego sucio la comentocracia opositora ha empezado a cuestionar en medios y redes sociales la imparcialidad y la capacidad de los nuevos funcionarios electorales, tanto los consejeros del INE como los magistrados del TRIFE insinuando que, por la forma en que fueron electos, tienen compromisos con los partidos políticos y con el gobierno federal, todo esto como una forma de sentar las bases para futuras acusaciones de fraude electoral.
La propaganda de ese tipo también incluye la convocatoria en redes sociales a convertir a los ciudadanos en vigilantes de las autoridades electorales porque afirman que no son dignas de confianza y han llegado inclusive proponer que haya observadores electorales y una forma “independiente” alternativa de obtener resultados preliminares más allá de los que prevé la ley que hasta hoy han sido fuente de certeza y confianza para los ciudadanos.
Por eso es pertinente destacar la importancia que tiene para cualquier democracia representativa la legitimidad del poder público que nace de la voluntad ciudadana expresada en las urnas y que se traduce en gobiernos legítimos cuando existe un sistema electoral confiable, con una legislación solida y árbitros capaces de organizar y vigilar comicios libres y ordenados que den credibilidad a los resultados electorales.
En México, esa tarea recae principalmente en el Instituto Nacional Electoral INE que organiza y vigila los procesos electorales, la jornada electoral, los cómputos de casilla, los resultados preliminares y el computo oficial de la elección y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF, conocido popularmente como “el TRIFE”, que conoce y resuelve todas las controversias antes, durante y después del proceso electoral. El INE y el TRIFE son dos piezas fundamentales de la arquitectura democrática del país.
Ambas instituciones actúan bajo los principios rectores señalados en la legislación electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. La aplicación rigurosa de estos principios de parte de las autoridades electorales dota de legitimidad a los resultados de las elecciones.
Así es actualmente en el reconocimiento de todos los mexicanos del triunfo legítimo de la Presidenta de la República, los 32 gobernadores de las entidades federativas, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los diputados a todas las legislaturas de los estados y las presidencias municipales de todo el país.
En ese contexto es pertinente recordar que el Sistema Electoral y las autoridades electorales INE y TRIFE garantizan y protegen la voluntad popular que se expresa en las urnas, son patrimonio político y social de los mexicanos y deben ser preservados de ataques y descalificaciones injustificados.
