CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Cerca de 40 padres de familia se dieron cita en el Instituto Philadelphia para exigir solución al caso de bullying que se suscitó en el colegio, el cual dio como resultado un adolescente con el brazo roto y una demanda penal hacia el agresor.
Sol Salazar Arteaga, madre del menor agredido, manifestó que los padres se solidarizaron por la injusticia que sufre su hijo desde que inició el año escolar por parte de un compañero, el cual es un grado mayor.
La madre relató que desde el mes de septiembre su hijo le dio la queja de un alumno que diariamente lo insulta y agrede a empujones, hasta el punto en que una vez le bajó el short de educación física frente a todos sus compañeros.
Cada uno de estos actos fue denunciado ante autoridades del colegio, sin embargo, éstos hicieron caso omiso y sólo argumentaron que el agresor ya estaba condicionado para ser expulsado.
Lejos de darle solución, el caso se agravó hasta el día en que mientras se realizaba una junta de padres de familia, de nuevo el menor fue molestado ahora con empujones y maldiciones.
“Empezó a molestar a mi hijo y a insultarlo, después de eso me insultó a mí y a mi esposo con palabras altisonantes”, la furia del adolescente terminó con un puñetazo en el rostro del agredido hasta el punto de tumbarlo al suelo.
Al no saber cómo responder a la agresión, el hijo de Salazar trató de defenderse pero al caer el golpe fue tan fuerte que se rompió un brazo.
Los padres desesperados tomaron a su hijo y lo llevaron al hospital Infantil en donde corrieron con todos los gastos médicos ante el desentendimiento del plantel escolar. El hecho pasó el 11 de enero y hasta la fecha el menor aún sigue enyesado.
Al día siguiente de la agresión los padres levantaron un acta en Derechos Humanos en donde se acordó que la institución y agresores deberían ofrecer una disculpa pública al menor. Pero esto nunca pasó.
“En vez de hacer eso, iniciaron una campaña en contra de mi hijo en donde le inventaron calumnias para no otorgar las disculpas públicas”, razón por la que también realizaron una denuncia ante el Ministerio Público.
“Somos como 40 padres de familia que pedimos que se tomen cartas en el asunto porque es imposible que una escuela privada esté en estas condiciones de indisciplina y sobre todo que los directivos no hagan nada”.
El directivo Armando Hernández, no quiso dar declaración alguna y sólo se limitó a pedir que el reportero abandonara la institución, argumentando que “es una propiedad privada”.
