Las ofertas que el comercio organizado presenta en El buen fin (edición 2014), han sido menos atractivas en los negocios pequeños y medianos, pues comprobado está que sólo en los grandes consorcios se cumple el ofrecimiento de reducir precios hasta en un cinco por ciento en relación a los importes regulares.
Esto quiere decir que en plena temporada de descuentos las tiendas de ropa, enseres domésticos, joyería, zapaterías, mueblerías y otras que son propiedad de un mismo clan familiar, en su generalidad incumplen el pacto, ya que, antes de éste comenzar, incrementaron los precios a sus productos; y, como gancho para atrapar a los consumidores, ofrecen aún descuentos (en igual o menor porcentaje a lo aumentado).
Por eso El buen fin no les reditúa las pingües ganancias que buscan a través del engaño.
Y es que los millones de compradores que hay en todo México ya se dieron cuenta de sus mentiras.
De ahí que las corporaciones multinacionales sean las que, en pleno noviembre, hacen su ‘agosto’ desde el viernes que nos antecede y hasta hoy, cuando se supone que concluye este programa alentado por la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).
Digo que, se supone, porque Usted verá que, algunos comerciantes, el lunes 17 del mes en curso, echarán a andar una campaña mediática a fin de invitarlo a la extensión de El buen fin, para que mediante su tarjeta de crédito o cero enganche adquiera artículos que quizá no necesite (por el momento).
A este recurso acudieron los mercaderes en los dos años anteriores, bien lo recuerdo, en su acechanza para atrapar clientela.
Y por eso mismo le insisto en que cuide la mitad de su aguinaldo —la que quizá ya le cubrieron en caso de ser empleado federal—, utilizándola para cubrir por lo menos deudas y la renta de su casa-habitación (si así fuera el caso); o las elevadas tarifas de energía eléctrica y agua potable, colegiaturas y su propia despensa; comprarle ropa y calzado a los hijos; reparar el auto, el refrigerador o la estufa (¿por qué no?) y hasta en los cuidados de belleza de su mujer.
En lo que sea, pero siempre y cuando sea bien aplicado.
Obviamente Usted podría comentar al respecto: “¿éste güey por qué se mete en asuntos que no le incumben?”.
Y tendría toda la razón.
Pero considero un deber profesional alertarlo sobre la voracidad que muestra el comercio ante la danza multimillonaria, que inició hace dos días y acaba hoy supuestamente.
Ignoro si en la Unión Americana los mercantes pusieron en marcha la misma tónica para atrapar consumidores estos días, pero aunque no haya sido así, seguro estoy que al menos la sociedad fronteriza se fue de compras allá por ser todo más barato y de mejor calidad.
No es que sea malinchista.
Y que esto quede bien claro. Pero así ha ocurrido en los años que El buen fin ha operado en México.
Más partidos, ¡bah!
En el actual proceso electoral (para elegir diputados federales), juegan tres nuevos partidos políticos que tendrán candidatos propios, mudados o coaligados, en su intención de acceder al Palacio Legislativo de San Lázaro.
En estricto orden alfabético son:
1) Encuentro Social (PES),
2) Humanista (PH); y
3) Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Aunados estos a los siete enquistados en la cámara baja (PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, MC y Panal), dan un total de diez —sólo en número y no en calificación ciudadana, por supuesto—, por lo que la votación, si acaso ocurriera como se estima en los pináculos del poder, resultará dispersa y débil, en beneficio del membrete tricolor.
No sólo en la justa federal.
Debe quedar muy en claro.
También en las nueve contiendas estatales para elegir mandatarios (siete), 993 ayuntamientos —estos integrados por el alcalde, los síndicos y regidores—, 583 diputados locales, además de 16 jefes delegacionales del Distrito Federal.
En nueve entidades se renovará jefe del Ejecutivo estatal —son Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora—, pero, además de que en éstas se elijan, también, diputados locales y alcaldes, habrá comicios para cambiar los congresos y ayuntamientos en otras siete —Chiapas, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Tabasco y Yucatán—, además en la Ciudad de México donde se votará por nuevos integrantes de la Asamblea de Representantes y de 16 jefes delegacionales.
Actualmente, el PRI gobierna en cinco de los estados que tendrán en 2015 elecciones —Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí—, el PAN en dos (Baja California Sur y Sonora); el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en Guerrero, y, sin pertenencia partidista, asoma Michoacán.
Los mandatarios que van de salida son: Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor (Baja California Sur), Fernando Ortega Bernés (Campeche), Mario Anguiano Moreno (Colima), el de Guerrero, Salvador Jara Guerreo (Michoacán), Rodrigo Medina de la cruz (Nuevo León), José Eduardo Calzada Rovirosa (Querétaro), Fernando Toranzo Fernández (San Luis Potosí) y Guillermo Padrés Elías (Sonora).
En conjunto, se designarán 583 diputados locales y 68 asambleístas, de mayoría relativa y proporcionales (por supuesto), 993 ayuntamientos y las 16 jefaturas delegacionales que le corresponden al Distrito Federal.
Federalismo arcaico
El sistema político mexicano ha hecho del federalismo su razón de ser, y cada uno de sus 32 integrantes está obligado a respetar los acuerdos suscritos en 1824, cuando México se definió constitucionalmente como un país federal; amén de los acuerdos posteriores que se dieron en el mismo sentido.
Sus representantes —o sea los gobernadores—, saben bien que este sistema de gobierno es el resultado de grandes confrontaciones armadas y acalorados debates, como lo demuestran las distintas constituciones que han regido la vida de nuestro país durante los dos últimos siglos.
Durante ese tiempo las disputas se han dado en diversos escenarios: primero por la vía de las armas, al enfrentarse las corrientes federalistas y centralistas durante el siglo XIX; y posteriormente en la época del porfirismo, cuando la lucha por el poder surgió hacia el interior de ése sistema autoritario que presentaba la paradoja de un federalismo formal y una práctica centralista.
Esta anomalía, sin embargo, no acabó con la caída del dictador, sino que encontró las condiciones favorables para reproducirse a lo largo del siglo XX, pues cada presidente de la República hizo cuanto le fue posible para tener mayores facultades en perjuicio de las entidades federativas.
Un documento elaborado por la misma federación, refiere que “desde su origen el federalismo mexicano tuvo por objetivo unir sin fusionar, y diferenciar sin dividir”.
Es decir, que la primera Constitución de la República —elaborada en 1824—, estableció el régimen federal y otorgó facultades tanto a la Unión como a los estados, a fin de que cada uno procurara, en su ámbito de competencia, la prosperidad de la nación y el bienestar de sus habitantes.
Hacia 1847 se propuso delimitar la competencia tanto del poder federal como del estatal, a fin de evitar la invasión de facultades que lo mismo atentaba contra la soberanía de las entidades como amenazaba la Unión.
Finalmente prevaleció el planteamiento de que los poderes federales debían circunscribirse sólo al ejercicio de las facultades que de manera expresa les otorga la Carta Magna.
Luis Pineda y M. Alberto Mendoza G. son dos estudiosos del tema, y sobre éste han escrito:
“El federalismo mexicano está inspirado en el modelo centralista español, y en la integración de los Estados Unidos de América…
“Es un sistema de gobierno que tiene como objeto principal formar una nación única… Su forma de gobierno es de tipo presidencial, porque el presidente de la República es jefe de Estado y de gobierno al mismo tiempo… la Constitución le otorga más facultades que a los otros poderes…”
Coordinación fiscal
En un documento elaborado ex profeso, los investigadores Pineda y Mendoza citan:
“A lo largo de su historia y durante los últimos 75 años, aproximadamente, el federalismo había estado cumpliendo con sus objetivos de mantener la articulación de las entidades federativas y conducir al país hacia un modelo de desarrollo.
“El federalismo encuentra su mecanismo de expresión a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), que es el arreglo entre los distintos órdenes de gobierno para la administración, cobro y recaudación de los ingresos públicos.
“Este sistema funcionó de acuerdo a la dinámica del país; fue el que permitió la época del crecimiento y el desarrollismo, ya que el gobierno federal era el más eficaz para cobrar la mayor parte de los impuestos.
“Su antecedente se encuentra en las Convenciones Nacionales Fiscales de 1927, 1933 y 1947; ahí se estableció la mejor manera de organizar los recursos económicos del país. Recordemos que México venía saliendo de la Revolución y sus secuelas, donde cada estado establecía sus impuestos; sus alcabalas y un exceso de papel moneda circulaba ‘locamente’. Era la época de las garitas estatales, donde cada entidad federativa establecía y cobraba sus propios impuestos. Existían, además, ejército y fuerzas armadas regionales.
“Es a raíz de estas convenciones y con la SNCF que se inició un proceso de armonización. En un primer momento de los municipios con su estado, y posteriormente de las entidades con la Federación. Esto obedeció a un momento en que era importante lograr la unidad como nación, e implicó un fuerte centralismo que caracterizó el siglo pasado, y que determinó que los impuestos más importantes los aplicara la federación”.
Sobre el particular, un análisis presentado ante los gobernadores y el señor de Los Pinos, confirma que “antes de la aparición de los primeros antecedentes claros de la coordinación fiscal, la situación existente en esta materia en México se caracterizaba por la multiplicidad de tributos federales, estatales y municipales; la complejidad del sistema tributario; la existencia de leyes fiscales a menudo contradictorias, y las exacciones desproporcionadas e inequitativas en gravámenes concurrentes.
“Para corregir esta situación —agrega el documento—, se realizaron inicialmente las Convenciones Nacionales Fiscales.
“Éstas constituyeron un esfuerzo de unión, de colaboración y de ordenamiento de la concurrencia y las potestades tributarias, orientado a pactar acuerdos entre los gobiernos de las entidades federativas y el gobierno federal, así como para compartir el rendimiento de los impuestos.
“Así, a finales de 1953 se crea la Ley de Coordinación Fiscal que unió a algunos estados mediante un convenio que los obligaba a derogar contribuciones locales a cambio de recibir participaciones de la Federación.
“Hasta 1972 se habían coordinado solamente 18 estados de la República; a partir de 1973, todos los estados fueron coordinados al reformarse la Ley Federal sobre Ingresos Mercantiles, con una tasa única general del 4% aplicable en toda la República, en lugar de la tasa federal que existía del 1.8% y la tasa del 1.2% de los estados que se coordinaran. Posteriormente, la Ley de Coordinación Fiscal de 1980 deroga la Ley de 1953 y origina lo que hoy conocemos como el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
“En México la coordinación fiscal se ha centrado fundamentalmente en el aspecto del ingreso. Sin embargo, en la última década se iniciaron procesos de descentralización del gasto federal en educación y salud, transfiriéndose recursos a los estados con facultades limitadas, en un modelo centralista e insuficiente que no responde a las necesidades actuales.
“Si bien es un hecho incuestionable que las haciendas públicas de las entidades federativas y de sus municipios se han fortalecido en el contexto de la Coordinación Fiscal en estas tres décadas, también es cierto que este sistema se encuentra prácticamente agotado y debe ampliarse su horizonte hacia una coordinación integral del ingreso, el gasto y la deuda entre los tres órdenes de gobierno; todo ello encaminado al urgente fortalecimiento del federalismo mexicano que debe ser, no sólo fiscal, sino también hacendario.
“Hoy, transcurrido poco más de medio siglo de la última Convención Nacional Fiscal, es imperante la búsqueda de un nuevo federalismo que fortalezca las haciendas públicas estatales, dé renovado impulso al desarrollo regional y transforme el actual esquema centralista de la Federación”.
¿Nuevo sistema
federal?
Para algunos estudiosos del tema es necesario realizar una serie de ajustes profundos que permitan al país adaptarse a una nueva realidad para así lograr un desarrollo incluyente y equitativo.
Al proyecto se le ha denominado Reforma del Estado.
Pero no es idea original del actual Presidente.
“En los últimos 30 años —dicen Pineda y Mendoza—, académicos, investigadores, especialistas, luchadores sociales, miembros de organismos no gubernamentales, funcionarios de gobierno y viejos constitucionalistas han investigado, denunciado, cabildeado y luchado por la redefinición de un federalismo acorde a los tiempos modernos que implique la revaloración de los órdenes y estructuras de gobierno, redefina su autonomía y libertad, fomente la asociación entre todos los órdenes de gobierno y los tres Poderes de la Unión, para que México se convierta en una verdadera República con poderes definidos en el ámbito local, regional, estatal y federal, y con una personalidad que impulse el desarrollo”.
Esta lucha por un auténtico federalismo otrora estuvo encabezada por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), aun cuando desde su nacimiento haya encontrado serios obstáculos por parte del gobierno federal; y esa batalla hoy parece estar perdida (más para mal que para bien), pues al Presidente tampoco le interesa sentar bases reales para la redacción de una nueva Carta Magna que conlleve a la renovación del Pacto Federal.
Políticos acosados
En los últimos días, algunos aspirantes han sido víctimas del escarnio por negarse a satisfacer el apetito voraz de algunos mercenarios de la comunicación.
Pero la insidia no alcanza su cometido merced a la suciedad con que ha pretendido exhibírseles –la mayoría de las veces–, o porque el receptor, por convicción propia, se rehúsa a magnificar infamias que en nada contribuyen a la objetividad periodística y sí, por el contrario, a la real pérdida de credibilidad de la prensa en su conjunto.
Al comentario lo nutre el hecho de que (también a últimas fechas) algunos periodistas hemos sido bombardeados con información que refiere ciertos deslices en la vida privada de algunos precandidatos, sin que los autores de la embestida se atrevan a dar la cara; ya por cobardía, o, como ellos argumentan en el anonimato, “por razones obvias”.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es muy clara al consignar que la libertad de expresión debe respetarse siempre y cuando no atente contra la vida privada de los individuos, pero hay quienes arguyen que un político no tiene vida privada, en clara alusión a su afán de ganar espacios a través del escándalo y la diatriba, con las que intentan lograr popularidad entre la opinión pública.
En lo sucesivo y hasta la víspera del proceso selectivo, seguramente arreciarán los golpes bajos que hablen del mal comportamiento de fulano, zutano o mengano (en su vida privada), sin que nada ni nadie pueda frenarlos aun cuando se tratare de simples especulaciones, porque igual que los periodistas éticos existen vividores del oficio que en el chantaje y la extorsión encuentran su modus vivendi. Por lo que respecta a la prensa profesional —los lectores bien que la ubican—, ésta difícilmente haría eco a la calumnia o trataría de enlodar personalidades —sobre todo en lo que a la vida privada se refiere—, o, en su caso, a la reproducción de versiones que no le constaran.
Pero eso es harina de otro costal; y de ello hablaré en futuras colaboraciones, pues hoy me ocupa simplemente la necesidad de aclarar que no soy, ni pretendo ser, repetidor de especulaciones ni mucho menos tengo interés en entrometerme en lo que no me importa; o sea, en la vida privada de los políticos.
Lamentablemente muchos de ellos han caído en el juego de los mercenarios de la comunicación.
E-m@il
jusam_gg@hotmail.com
