El ministro Juan Silva Meza termina su período de cuatro años como Presidente de uno de los tres poderes de la Unión. El sello de su mandato estuvo dado por los avances en materia de derechos humanos. Hace unas semanas se inició la sucesión que deberá culminar el 2 de enero próximo. La elección se da entre pares. Así, los 10 ministros, dado el lamentable deceso del ministro Valls, tendrán que elegir, entre ellos, a su presidente.
El relevo se da en uno de los momentos más álgidos que ha vivido la República en tiempos recientes y con grandes retos para el Poder Judicial, tomando en cuenta que la palabra más repetida en las calles es precisamente: Justicia. Es claro que la consecución de este valor fundamental no depende sólo del Poder Judicial, encargado de administrarla, pero sin duda le corresponde un tramo muy importante.
A pesar de los tiempos difíciles, seis de los diez ministros manifestaron su interés en la Presidencia de la Corte, lo que implica ser también Presidente del Consejo de la Judicatura Federal. En una primera ronda de votación, suponiendo que cada quien vote por sí mismo, se estarán disputando los cuatro votos restantes. Es poco probable que todos se orientaran hacia alguno de los contendientes. Dos, necesariamente, se mantendrán sólo con su voto, aunque podrían ser tres los que se queden en esa situación. Así, tendrá que venir una segunda o incluso una tercera ronda con descartes, declinaciones y sumas.
Los proyectos de trabajo de cada uno de los aspirantes ya se hicieron públicos y hay muchas más coincidencias que divergencias. Sí se ve reflejada la formación profesional previa de los Ministros y el estilo personal que le imprimirían a su Presidencia. Sin embargo, la concreción de las propuestas dependerá de muchos factores tanto internos como externos. Sería deseable que quien resulte electo, complemente su proyecto con las aportaciones del resto.
Aunque la elección del Presidente de la Suprema Corte es de interés general, no a todos les interesa. ¿La razón? Es muy complejo el funcionamiento de este poder. Para muchos, el intrincado sistema de competencias, recursos, instancias e incluso, las relaciones entre los poderes judiciales locales y el federal, son una maraña. Si a eso se agrega el lenguaje técnico que usan los jueces, el abismo se acentúa.
No se ve fácil lo que viene. El propio trabajo de la Corte en los últimos años ha generado un aumento en las expectativas respecto de lo que se espera de ella y, en general, del Poder Judicial. Además, hay demasiadas reformas en transición y muchos casos, que en este período tendrán que resolverse, donde se está cuestionando el debido proceso.
A la par que la función jurisdiccional, importa mucho el ejercicio responsable de los recursos asignados al Poder Judicial. Sería aconsejable que el buen juez empezara por austeridad en su casa. Si para muchos mexicanos la justicia, artículo de primera necesidad, es un lujo, quienes la administran tienen que encarnar la mesura.
El Presupuesto asignado para el 2015 a la Suprema Corte es de más de 4,600 millones de pesos y para el Consejo de la Judicatura más de 48 mil quinientos millones. La administración estricta de estos recursos también dependerá del nuevo Presidente.
Quien ostente la investidura necesita la visión intramuros pero también tender puentes de comunicación hacia afuera. Dar a conocer mejor su trabajo y no mantenerse distante de las expresiones del sentimiento y el resentimiento social.
Otro desafío, no menor, será mantener con dignidad la independencia del Poder Judicial y continuar siendo el necesario contrapeso institucional de los otros poderes como centinela de la Constitución.
En pocos días conoceremos el talante con el que asume el cargo uno de los seis.
