El viernes la Secretaría de Gobernación, Segob, dio a conocer a cuánto ascenderán los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, FASP, de los Estados y el D.F., que suman 8 mil 190 millones 946 mil 440 pesos, de los cuales más de 300 millones serán para Tamaulipas este 2015.
Ya hemos comentado en columnas anteriores como la danza de los millones en seguridad pública mantiene un flujo constante, siendo uno de los rubros más ricos en los últimos años.
En este proceso de asignar recursos para seguridad a las entidades federativas la Segob se aviene a varios criterios como monto garantizado, población, combate a la delincuencia, control de confianza, información de seguridad pública, ejercicio de recursos; nuevo sistema de justicia penal y sistema penitenciario.
“El primer criterio se asignará conforme a los criterios de distribución utilizados en 2010 por un monto de seis mil 916 millones 800 mil pesos, a fin de asegurar que en el presente ejercicio los estados reciban una cantidad equivalente al mismo monto que tuvieron en ese año. La diferencia de mil 274 millones 164 mil 440 pesos se asignará: 25% para el criterio de población; otro 25 para combate a la delincuencia, 10 para el criterio de control de confianza, 10 para información de seguridad pública, 10 más para el criterio de ejercicio de recursos, 10 al de nuevo sistema de justicia penal, y otro 10 por ciento para sistema penitenciario”, explica en un boletín de prensa la citada secretaría.
El Instituto Mexicano para la Competitividad realizó en el 2013 un estudio donde detalla las fallas que tiene este sistema de asignación de recursos federales al tema de la inseguridad.
El estudio en el que por alguna razón no estuvo incluido el estado de Tamaulipas se enlistan una serie de reglas de operación que impiden la fiscalización adecuada de esos recursos originando opacidad en la distribución de los mismos.
El IMCO explica que la propia Auditoría Superior de la Federación que en el “ejercicio del FASP, existen espacios para el despliegue de prácticas discrecionales y de opacidad por parte de las autoridades estatales que pueden afectar las políticas de seguridad”.
Por lo anterior se desprende que “está roto el mecanismo de rendición de cuentas que regula la operación del FASP en las entidades federativas del país”.
“… se identificó que existe incongruencia entre normas, particularmente en lo relacionado con la suspensión de la transferencia de recursos del FASP en caso de incumplimiento por parte de los estados, así como incentivos perversos en la forma que se distribuyen los recursos del Fondo que incentivan el derroche. En el ámbito estatal, se encontró también que las leyes locales de transparencia cuentan con criterios dísimiles para reservar información pública por motivos de seguridad”, indica el estudio.
También se señala que los estados no detallan en sus portales de transparencia cómo se aplican los recursos, con lo cual se desconocen las prioridades en el ejercicio de ese fondo: “En materia de transparencia y acceso a la información se encontró que, por regla general, los gobiernos estatales tienden a ser opacos y renuentes a entregar información relacionada con la operación del FASP”.
En pocas palabras la aplicación de los recursos federales a seguridad pública presenta una serie de anomalías porque no se especifica exactamente qué se compra, dónde y cuánto cuesta, y en qué se está usando el equipo.
Éstas razones han de ser el motivo por el cual las tareas de combate a la inseguridad pese al dinero y tiempo destinado a minar a los grupos delincuenciales sigue presentando muchas fallas y no termina por recuperarse la paz perdida.
VACUNA CONTRA
EL DENGUE
La secretaría de Salud estatal está gestionando que Tamaulipas sea una de las primeras entidades en recibir dotaciones de la vacuna contra cuatro serotipos de dengue dado que es uno de los estados que anualmente enfrenta una gran problemática para controlar este padecimiento contagioso.
Según explican en un boletín de prensa la vacuna tiene un 95 por ciento de efectividad y después de una reunión con un laboratorio paraestatal y con representantes de hospitales, el doctor Norberto Treviño consideró que Tamaulipas debe ser una de las primeras entidades en contar con esta vacuna, para ello se iniciaron los trámites para obtener la licencia sanitaria y México será el primer país que la aplique.
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