CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- El Instituto Nacional Electoral (INE) en Tamaulipas, “rastreará” el dinero de candidatos y de partidos políticos en cuatro principales rubros: gastos en propaganda, gastos operativos de la campaña, gastos en medios impresos y gastos de producción de los mensajes para radio y televisión.
Además cuidará que no se registren excesos en el tope de gastos de campaña que se actualizó en un millón 260 mil 038 pesos con 34 centavos.
Estará alerta que los candidatos no utilicen dinero ilícito, aunque el primer responsable, advierte Arturo de León Loredo, presidente Consejero del INE, deberán ser los partidos políticos.
La fiscalización que va a recaer en los candidatos, contiene un control de gastos de propaganda que incluye anuncios espectaculares colocados en la vía pública y propaganda en salas de cine y en Internet, así como en los medios impresos, radio y televisión.
Esta cacería de los gastos de candidatos y de partidos políticos, incluye el dinero que se gaste durante el período de precampaña y campaña.
A cada uno de los candidatos de10 partidos en Tamaulipas se les exigirá que toda la propaganda electoral impresa sea reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente.
Los candidatos que rebasen el tope de campaña, utilicen recursos ilícitos, no entreguen en tiempo y forma sus registros contables, podrían tener sanciones desde 5 mil salarios mínimos hasta prohibirles el registro de candidatos o bien retirarles la candidatura oficial.
El INE en Tamaulipas será un auxiliar, pero la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto tendrá la facultad directa para revisar cada peso de precandidatos, candidatos independientes y candidatos de los partidos políticos.
Los trabajos de los vocales del INE en Tamaulipas y de los distritales, va encaminado a imprimir el primer proceso más vigilado en la historia de las elecciones federales en la entidad.
El INE tendrá el trabajo de hacer cumplir la Ley y los reglamentos para que se dé la transparencia y la legalidad en estas precampañas, en las campañas electorales y el día de la elección, señaló en entrevista Arturo de León Loredo, presidente consejero del INE en Tamaulipas.
También serán considerados como gastos de campaña, los correspondientes a la estructura partidista de campaña realizados dentro de los procesos electorales, los pagos realizados durante el proceso electoral, a los representantes generales y de casilla del día de la jornada comicial, así como los gastos que el Consejo General, a propuesta de la Comisión, previo inicio de la campaña electoral, determine.
En esta etapa de precampaña y donde los candidatos independientes han estado recabando las firmas de apoyo, “los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto los informes de campaña, respecto al origen y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos”.
Los aspirantes, precandidatos o candidatos que en su momento cometan actos anticipados de precampaña o campaña; no presenten el informe de gastos de precampaña o campaña entre otros aspectos, tendrán sanciones como la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo.
Aunado a una sanción de cinco mil días de salario mínimo.
Mientras que a los partidos políticos se les aplicaría una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta.
Los candidatos independientes tendrían sanciones “en caso de que el aspirante omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto los gastos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, no podrá ser registrado en las dos elecciones subsecuentes, independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable”.
Aunado a una multa de cinco mil días de salario mínimo y la pérdida del registro.