MÉXICO, D.F.- El Senado de la República no cumplió con el plazo límite que tenía para expedir las leyes en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Archivos, el cual venció el pasado 07 de febrero.
El Congreso de la Unión previó en el artículo segundo transitorio de la reforma al sexto constitucional de 2014, que los senadores tendrían un año para emitir las leyes secundarias de transparencia, informó un comunicado de Colectivo por la Transparencia y México Infórmate.
Una de las disposiciones que han sido omitidas por el Senado para ser reguladas es la integración de sindicatos y partidos políticos como sujetos obligados para transparentar información, así como la inclusión de procedimientos y mecanismos necesarios para que se garantice la transparencia y el acceso a dicha información.
También se han omitido regulaciones referentes a la implementación de un Sistema Nacional de Transparencia para que se coordinen los organismos de transparencia locales con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai), y que a su vez, sea posible homologar los procesos para ingresar solicitudes de información y consultar información pública.
Otro tema es a cerca de los principios y procedimientos para que el Ifai pueda realizar tareas por su carácter autónomo, como la facultad de atracción de recursos de revisión y la interposición de acciones de inconstitucionalidad y resolución de controversias.
Uno de los impedimentos para concretar el objetivo de dicha normatividad, aprobada en 2014, es la falta de Leyes de Generales que pongan en sintonía la normatividad de los 31 Estados y el Distrito Federal, ya que no se han homologado las garantías del derecho de acceso a la información en todo el país.
Asimismo, a través de dicho comunicado, Colectivo por la Transparencia y México Infórmate señalaron que los Senadores no mantuvieron apertura ni transparencia en torno a los debates sobre la Ley.
Por ello, exhortaron a las comisiones dictaminadoras y, en especial, a la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana a hacer públicos los documentos que haya considerado en la definición del proyecto de dictamen y que se haga público el proceso de resolución para su discusión.
