MÉXICO, D.F.- La bancada del PRD en el Senado presentará este martes una iniciativa de reforma constitucional para eliminar el fuero del Presidente de la República, con la finalidad de que pueda ser procesado en caso de cometer un delito.
De acuerdo con el proyecto, si el titular del Ejecutivo incurre en una violación a la ley, podrá ser sometido a proceso penal ante un juez.
Los perredistas proponen que, ante la existencia de una sentencia condenatoria, el juez pueda solicitar al Congreso de la Unión la destitución del Presidente.
La petición será analizada por la Cámara de Diputados y revisada por la Cámara de Senadores.
“Este esquema permitirá, por un lado, proteger la función que ejerce el Presidente de la República en tanto se sustancia el proceso penal, y por el otro, evitará que la comisión de hechos probablemente delictuosos queden al margen de la acción persecutoria de la justicia, sin importar el funcionario que haya incurrido en ellos”, señala la iniciativa.
“La existencia de espacios normativos bajo los cuales un funcionario elude la sanciones por su actuar irregular, imposibilita el fortalecimiento del Estado de derecho, facilita la realización de hechos de corrupción y sabotea la construcción de una democracia sustantiva”.
En el documento, los legisladores del PRD aseguran que el esquema constitucional vigente hace prácticamente imposible que el Presidente sea sujeto de responsabilidad por alguna irregularidad cometida durante su encargo.
Tras reconocer que la sociedad ha perdido la confianza en la clase política, los perredistas advierten que el esquema de fuero contemplado en la Constitución genera en los ciudadanos una percepción de impunidad.
“Creemos necesario superar el esquema de fueros constitucionales para hacer responsable a todo funcionario, incluido el Presidente de la República, de las acusaciones que pudiera enfrentar en materia penal, sin desproteger la función que desempeñan”, refieren.
En la iniciativa se establece que los funcionarios con fuero que queden sujetos a proceso podrán permanecer en libertad mientras se dicta sentencia.
Sin embargo, en caso de delitos relacionados con hechos de corrupción, el juez podrá determinar la restricción o limitación de la libertad del funcionario, cuando resulte indispensable asegurar su comparecencia en el proceso penal.
El juez también podrá determinar medidas cautelares para garantizar el resarcimiento del daño a la Hacienda pública.