En mi opinión, existe una explicación para uno de los primeros saldos parciales del proceso electoral que hoy vivimos.
El balance al que hago referencia es sobre lo que se ha dado en llamar “judicialización” de estas votaciones, que no es otra cosa que las impugnaciones que suelen anteponer los partidos políticos, en este caso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por presuntas violaciones a la ley en la materia, cometidos en teoría por los candidatos.
Ayer, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que a doce días de iniciadas las campañas, se han registrado oficialmente también doce denuncias sobre esa temática en Tamaulipas. Es decir, en los ocho distritos.
La cifra no refleja lo que a gritos pregonaron casi todos los aspirantes a una diputación federal, sobre lo que casi comparaban con un potencial alud de quejas y señalamientos en donde prácticamente todos los candidatos pronosticaron que el TEPJF apenas podría contener el huracán de acusaciones.
¿Doce es una especie de catástrofe?
Ni se acerca. La etapa de precampaña e intercampaña estuvo plagada de acciones que por lo menos en la superficie podrían haber sido manejados por los abogados, por lo menos para armar algo de ruido, como actos anticipados de proselitismo. Nadie las vio en apariencia y ese perfil al estilo salinista –ni los veo ni los oigo– parece proseguir en la campaña formal.
¿A qué se debe esa semi tranquilidad?
Aquí es donde aparece la posible explicación.
No existe preparación de ese “ejército” de abogados para detectar esos famosos actos anticipados. Es tan complicado el galimatías legal del “qué se podía hacer y qué no”, que presentar una docena de impugnaciones parece más una manera de “taparle el ojo al macho” de los partidos para cubrir un expediente y lo más probable, casi podría decir seguro, es que las acusaciones realmente sustentadas aparezcan, como siempre, hasta el final de las campañas, cuando puedan contabilizarse aportaciones, gastos directos, apoyos maquillados y lo que se le parezca. Lo que suceda antes será, es la tendencia para decirlo en términos electorales, perder el tiempo.
Queda claro entonces que las elecciones más vigiladas de la historia, como ha presumido el INE, podrían ser también, las más burladas…
EFECTOS REALES
En el mar de pronunciamientos que han hecho públicos los candidatos a diputados federales, llaman la atención dos casos específicos: el de los aspirantes del PRI en los distritos seis y ocho, Alejandro Guevara Cobos en Mante y Paloma Guillén Vicente en Tampico, respectivamente.
¿Por qué?
Porque ambos han centrado su trabajo proselitista en proyectos concretos, en planteamientos tangibles. Para decirlo en una frase coloquial, son propuestas “de carne y hueso”, por los efectos reales que tendrían en las familias y en sus patrimonios.
Ambos han presentado ante los ciudadanos planes de trabajo sobre un tema que toca fibras sensibles, más allá de rangos económicos u órdenes sociales: la seguridad.
Podrían pensar algunos que son promesas clásicas de campaña, que después de las urnas se guardan en el cajón, pero en la visión de su servidor, en los dos casos se plasman no sólo buenas intenciones, sino procedimientos con marco legal y acciones que casi llevan nombres y apellidos para hacerlas realidad.
Y lo lamento, pero no he escuchado algo similar en los ofrecimientos de otros partidos…
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