TAMPICO, Tamaulipas.- La administración de bienes decomisados a la delincuencia y la creación de la figura del testigo y funcionario protegido que participen en casos penales llegaron a Tamaulipas. El gobierno estatal deberá aplicar inmediatamente las dos leyes en los distritos judiciales primero, noveno, décimo, décimo segundo y décimo cuarto, donde ya cuentan con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.
Los diputados locales aprobaron ambas propuestas en la pasada sesión itinerante del miércoles 15 de abril, realizada en el auditorio “Manuel Cavazos Lerma” de San Fernando. Las iniciativas fueron presentadas por el Poder Ejecutivo, quien solicitó rapidez en el análisis, debido a que éstas son parte del soporte que requiere el nuevo entramado de justicia.
Los dos documentos ingresaron a las comisiones de Justicia y a la de Estudios Legislativos el pasado domingo 29 de marzo. Trece días después, el 14 de abril, fueron avaladas en los grupos legislativos. El correcto funcionamiento de las leyes podría fortalecer el frágil entramado legal que no ha sostenido las acciones operativas de la estrategia de seguridad federal en Tamaulipas.
Bienes enajenados
Las joyas, los automóviles, las casas, los terrenos, los muebles, los televisiones, las camionetas, los ranchos, las embarcaciones, las aeronaves, las armas, los caballos y sementales. Miles y miles de objetos relacionados con delitos que semana tras semana decomisan las procuradurías mexicanas van a parar al Servicio de Administración y Enajenación (SAE) de Bienes.
Ahora, a pesar del lento avance en la actualización judicial en Tamaulipas, este trabajo se encargará al estado. El Ministerio Público o la Policía deberá elaborar un inventario de todos los bienes que se pretendan asegurar al investigar una causa penal. El registro tendrá que firmarlo el imputado o la persona con quien se atienda la indagación. El documento y las pertenencias serán entregadas a la “autoridad competente”, indica el artículo 230 del Código.
La autoridad competente, según la nueva disposición legal, es la Comisión supervisora que operará en conjunto con la Unidad Administrativa dependiente de la Secretaría de Administración. Ambas nuevas áreas operativas estatales se crearán bajo las especificaciones que ordena la ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados del Estado de Tamaulipas.
Las empresas, negocios y establecimientos son contemplados dentro de los decomisos y enajenaciones. El capítulo Quinto establece que al asegurar un bien de este tipo, el gobierno tiene la obligación de contratar a un administrador que opere éstos. Aunque se incluye la posibilidad de cerrarlos por falta de liquidez, por ser ilícitos o la imposibilidad de contratar un encargado.
Una de las posibilidades que más llama la atención de la nueva ley es la obtención de recursos producto de la venta de bienes enajenados, que se pueden utilizar para engrosar el presupuesto público. De acuerdo al capítulo Tercero y al Sexto de la ley, el dinero de los bienes enajenados que sean vendidos será repartido en partes iguales al Poder Judicial, a la Procuraduría, a la Secretaría de Salud y al fondo previsto en la Ley General de Víctimas.
Empero, el articulado también suma herramientas para resolver los casos judiciales, pues detalla que la intención primordial es la preservación de las propiedades que sean posibles pruebas incriminatorias. Señala que la única forma de devolver un bien asegurado o abandonado es que la causa penal se cancele. Cabe mencionar que en las causas penales graves es extraño que se devuelvan los bienes decomisados.
A nivel federal, en 2013, el SAE registró el ingreso de 165 mil 277 bienes muebles; desde refacciones, materiales químicos hasta piezas de arte. Veinticinco mil 438 correspondieron a artículos asegurados, abandonados o decomisados por la Procuraduría General de la República (PGR). A la par, ese año fueron transferidos al SAE mil 756 bienes inmuebles, como terrenos, casas, locales comerciales, departamentos, fincas, entre otros. Del total, 260 corresponde a la categoría de “asegurados”, lo que equivale a 14.8 por ciento del total.
La dependencia reportó un incremento anual en sus ventas de 77 por ciento durante el 2014. El organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) comercializó bienes muebles, inmuebles y activos financieros por mil 307 millones de pesos, contra los 737 millones reportados en el 2013.
El informe de ventas 2014 del SAE refiere también que dicho resultado fue alcanzado por el volumen de bienes transferidos a la institución y el crecimiento de su cartera de clientes. Sin embargo, la apertura del portal subastas.sae.gob.mx, ha arrojado buenos dividendos. Actualmente es el eje para participar en las subastas electrónicas y adquirir los bienes dispuestos para venta de manera remota desde cualquier punto del país.
Protección a todos
Cambio de domicilio dentro o fuera del estado o del país; otorgamiento de una prima monetaria para vivir de acuerdo al sueldo ganado; instalación de botones de emergencia o sistema de videocámaras en el domicilio; vigilancia permanente de custodios estatales, son parte de las medidas que incluye la Ley para la Protección de Personas que intervienen en el Procedimiento Penal del Estado de Tamaulipas.
Las víctimas del delito, los ofendidos, los testigos, los jueces, los magistrados, los agentes del Ministerio Público, los policías y los peritos que participen en casos penales de gravedad podrán solicitar protección del Estado tamaulipeco, de acuerdo al dictamen aprobado por mayoría en el Congreso del Estado.
El primer paso para la aplicación es la conformación de la Unidad adscrita a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas. El jefe deberá ser un agente del Ministerio Público, establece el artículo 2. A partir del funcionamiento de la oficina, los agentes están obligados a informar a los intervinientes en el proceso penal de la posibilidad de la protección.
Tras la petición la unidad elaborará un estudio técnico para determinar si se requiere y qué tipo de medida de protección es la idónea. En este caso se contempla proteger a personas que se encuentren en prisión preventiva o con sentencia dictada. En ambas situaciones se les separaría de la población general o trasladaría a otro Centro de Ejecución de Sanciones.
Una de las acciones que se derivan del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, donde se videograbarán las declaraciones, es la orden de retener y retirar el material fotográfico, cinematográfico, videográfico, o cualquier tipo que contenga imágenes de alguno de aquellos amparados con la nueva ley.
Las personas beneficiadas firmarán un convenio de colaboración con la Unidad. En caso de que sea menor de edad el documento lo signarán los padres o tutores. La medida sugerida en base al estudio será aceptada por el solicitante o no se aplicará. Ésta se suspenderá o revocará al momento de que se detecte alguna condición o falsee las declaraciones. La persona podrá renunciar de manera voluntaria.
El capítulo Sexto que habla de las sanciones advierte que el personal de la Unidad para la Protección de Personas o civil que ponga en riesgo al ciudadano será encarcelado hasta por 6 años. Si la afectación se consuma, la pena de prisión aumenta hasta 8 años y si el protegido muere, hasta 12 años.
