“A los funcionarios honestos… ¡espero que quede alguno!”
Legislar para fiscalizar y sancionar el comportamiento de servidores públicos no es novedad en México. En 1983 —hace 32 años—, se instituyó la Secretaría de la Contraloría de la Federación que debía cumplir con dichas funciones. Desde entonces los servidores públicos han estado sometidos a crecientes controles, requisitos y procedimientos para actuar en apego a derecho. Los resultados hasta ahora nos dejan en una muy mala posición en los comparativos internacionales.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, la calificación de los mexicanos en materia de honestidad es de 3.5 sobre 10. Como país, este indicador nos coloca en el lugar 103 de 175 naciones evaluadas. En 102 países existe una percepción de honestidad mayor que en México.
Una nota reciente de la organización Fundar comenta que en la mayor parte de los países existe la corrupción. Sin embargo, señalan, la corrupción se convierte en un mal grave cuando la impunidad se constituye en su pareja inseparable. En este escenario, el anuncio de la aparición del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), aprobado por el Senado mexicano el pasado 21 de abril, nos lleva necesariamente a preguntarnos si la corrupción es un problema de leyes, de cumplir y hacer cumplir la ley o, de atribuirle un valor real a la honestidad en el comportamiento público y privado.
Si como funcionario o como ciudadano actuar al margen de la ley no tiene consecuencias y me representa un mayor beneficio personal, ¿qué incentivo tengo para actuar en apego a la ley? Si la autoridad no actúa en apego a la legalidad, ¿por qué debo hacerlo yo como ciudadano? ¿Para qué recurrir a un sistema de justicia ineficiente y sesgado cuando existen vías más expeditas para avanzar mis intereses?
A partir de datos oficiales de Naciones Unidas, la Universidad de las Américas de Puebla construyó un Índice Global de Impunidad (IGI 2015) que considera a 59 naciones. México ocupó el segundo lugar en mayor impunidad, sólo después de Filipinas. Señala este estudio —aparecido hace unos días en EL UNIVERSAL—, que la impunidad es mayor en México que en países como Colombia, Rusia o Turquía y que en 57 de las 59 naciones evaluadas. Y en el trasfondo del incumplimiento de la ley —gracias a los altos niveles de impunidad—, está el tema de la desconfianza.
De acuerdo con los resultados del Latinobarómetro (2013), sólo el 17.7 % de los mexicanos encuestados consideran que en su país la mayoría de las personas son confiables. Pero peor aún para el tema que nos convoca, sólo el 21.1 % de los mismos encuestados considera que el Estado mexicano tiene la capacidad —y/o legitimidad— para combatir la corrupción. El mexicano mayoritariamente no confía ni en su vecino ni en las autoridades; las autoridades tampoco confían en el ciudadano.
Las vacunas sirven para prevenir enfermedades; son anticuerpos que hacen inmune un sistema. Los antídotos sirven para combatirla, en muchos casos como tratamiento de choque. ¿En qué categoría debemos ubicar el SNA? El nuevo sistema confiere mayores atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación, a los tribunales competentes y al Congreso en la designación de responsables del SNA. Sin embargo, poco parece añadir a las vacunas anteriores. Nuevas nomenclaturas con los mismos enfoques.
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