La petulancia de Francisco Javier García Cabeza de Vaca es tanta que a sus mismos compañeros de partido les provoca irritación, merced a sus desplantes de autosuficiencia cuando habla de la candidatura sexenal.
Claro que su posición es harto irresponsable y sólo podrían pasarla por alto sus panegiristas, parentela y lacayos, pero no la nomenclatura del Partido Acción Nacional (PAN).
Pero esto quizá no alcance a entenderlo el senador, quien se siente dueño, amo y señor de tierras y vidas en la comarca fronteriza.
Una y otra vez Pancho ha demostrado ser intransigente, bravucón y oportunista a más no poder; pero nunca ha dado muestras de humildad, sencillez ni cordura, porque simple y llanamente esas virtudes le están negadas.
Su escalada política ha sido circunstancial.
En el 2000, el (d)efecto Fox lo llevó hasta el Congreso de la Unión; y en 2004 capitalizó el descontento ciudadano de Reynosa merced a todos los excesos cometidos por Humberto Valdez Richaud en el ayuntamiento de esa localidad fronteriza, convirtiéndose en presidente municipal (2005 al 2007); fue también diputado local en la LX Legislatura (2008-10), y de ahí saltó a la dirección general de la Comisión para la Regularización de la tenencia de la Tierra (Corett), que fue su cargo más reciente antes de ser senador.
Sin embargo, su actividad partidista resulta harto cuestionable, quizá igual que sus antecedentes delictivos.
Me explico más a fondo:
1) Hacia el interior del membrete albiceleste y de manera externa, Francisco Javier es considerado un militante ‘golondrino’ que siempre le ha jugado a ‘la chica’, pero por azares del destino le ha ‘pegado’ porque las candidaturas que él acepta, en su momento, han sido rechazadas por otros panistas con más carrera política; y
2) En México y en la Unión Americana, García Cabeza de Vaca ha sido procesado penalmente –en colaboraciones de otra época di ‘pelos y señales’–, sin que esto haya disuadido al alto mando panista de hacerlo su candidato a la gubernatura, aun cuando se le considera un perdedor.
De cualquier forma el otrora convicto encabeza la lista albiazul que juega por la candidatura a Gobernador; y bajo esa distinción hace cuanto le da la gana sin que le importe entrometerse en asuntos que no le incumben ni arrastrar a partido al precipicio.
Él goza al irrumpir encuentros donde no es invitado, y más disfruta cuando echa a perder las reuniones con sus desplantes altaneros y de franco reto hacia los protagonistas de esos encuentros, que, por urbanidad y decencia, no han contestado a sus agresiones como se lo merece.
Y no es por falta de ganas, sino por prudencia.
Algunos antecedentes
La acusación en contra de algunos militantes del partido albiceleste, a quienes se imputa haber ayudado a ‘borrar’ el pasado delictivo de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es grave.
Más porque algunos de sus ilícitos cometidos allende el río Bravo y acá de este lado están documentados, como se advierte enseguida:
a) El Departamento de Policía de McAllen, Texas, tiene registrado con el número de expediente 86-4632 que Francisco Javier rompió el cristal de un automóvil ajeno para enseguida introducirse a robar, siendo fichado por el Federal Bureau of Investigation (FBI) bajo el número 769150EA9.
b) La empresa denominada “Chamoyadas Jardín” –que produce una raspa con chamoy, hielo y chile piquín–, demandó a García Cabeza de Vaca porque éste patentó como suyo el refrigerio. Incluso pretendió cobrar derechos a los inventores del producto argumentando plagio, quienes optaron por cerrar ante la ignominia. Al final de cuentas ganó la razón y la patente se otorgó a sus verdaderos dueños.
c) En el Juzgado Segundo de lo Civil, de Reynosa, el expediente 664/98 consigna un ordenamiento de desalojo ante el abuso de confianza cometido por Francisco Javier, quien rentó a la señora Berta Rodríguez Longoria un inmueble y al término del contrato no lo quería devolver; pero hay más: no sólo quiso apropiárselo, sino que lo subarrendó a un restaurante denominado ‘Las Castas’, donde presuntamente se lavaba dinero.
d) El 2 de julio de 2000, Francisco Javier irrumpió en la Imprenta Litográfica del Norte –propiedad de Manuel Gerardo López González–, porque ahí supuestamente se imprimían boletas electorales para favorecer al Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que se levantó el acta correspondiente ante el agente primero del Ministerio Público del fuero común.
e) En cuanto a la evasión de impuestos, la oficina del Servicio de Administración Tributaria (SAT) –dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP)–, tiene registrado bajo el documento N-115102 que García Cabeza de Vaca no acreditó en tiempo y forma haber pagado impuestos hace un trienio, por lo que se ordenó embargar algunas de sus propiedades.
f) Respecto al delito de falsedad en informes dados a una autoridad, en la Agencia Primera del Ministerio Público Federal de Reynosa fue presentada una denuncia en contra de Francisco Javier, ya que éste dijo haber nacido en Reynosa presentando un documento foliado con el número 569707 del Registro Civil de Tamaulipas, cuando en realidad nació en el condado de Hidalgo, Texas, como lo demuestra el acta 3396, donde se lee que fue parido en el Hospital Municipal de McAllen.
Por si fuera poco, igual lo han acusado de cometer delitos electorales y por posesión de armas de fuego reglamentarias; de mantener nexos con el gang del narcotráfico y de recibir dinero de la mafia para solventar los gastos de sus campañas políticas.
No obstante él insiste en propagar ser una blanca paloma.
Satanización
Aunque oficialmente no ha sido requerido por una autoridad judicial, aquí en México, pero sí es perseguido en la Unión Americana, donde debe responder a las demandas presentadas en su contra –bajo un mismo cargo: adquisición de bienes inmuebles con dinero ilícito, a través de prestanombres–, el ex gobernador tamaulipeco Eugenio Hernández Flores es (ya) satanizado por su propio partido –el Revolucionario Institucional (PRI)–, y eso podría provocar su expulsión, como ocurrió con su antecesor Tomás Yarrington Ruvalcaba..
Durante los últimos días ha corrido profusamente la versión de que al victorense lo aprehenderían en cualquier momento a solicitud del gobierno estadounidense, bajo el cargo de lavado de dinero.
Esto bastó para que un sector del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se enganchara; e inmediatamente estableciera que no defiende, “pero sí exige una aplicación justa de la ley”, para enseguida afirmar que el acusado “debe asumir y enfrentar los señalamientos en su contra” –de vínculos con la delincuencia organizada–, por lo que será la Comisión de Justicia Partidaria la que decida si procede o no su suspensión como militante.
A Hernández Flores, según Associated Press (AP) –la agencia de noticias más importante de los Estados Unidos–, allende el río Bravo se le acusa en Corpus Christi (Texas) de haber adquirido propiedades con dinero ilícito y transacciones comerciales, por las que habría pagado alrededor de 30 millones de dólares en conjunto, cuando ya no era gobernador de Tamaulipas.
Traducida esa cantidad al cambio actual, aproximadamente serían poco más de 450 millones de pesos, que significan mucho para todo ciudadano común, pero no para los políticos que en el ejercicio público han obtenido dividendos considerables.
Ejemplos
Ahí tiene Usted, por ejemplo, a Diego Fernández de Cevallos, cuya fortuna es muy superior a la de Eugenio, y eso que es un político que el Partido Acción Nacional (PAN) pone de ejemplo.
También anote a Carlos Slim Helú, que es el hombre más rico del mundo gracias a su amistad y componendas con Carlos Salinas de Gortari; al perredista René Arce y a su ex compañera de partido Rosario Robles Berlanga, que son multimillonarios; a Marta María Sahagún Jiménez, su segundo marido Vicente Fox Quesada y a los entenados de éste, los Bribiesca –bribonesca, les dice el populacho–, que junto al hoy senador albiceleste por Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cometieron actos descabellados en contra de la ley y a muchos otros políticos –como Arturo Montiel, Humberto Moreira Valdez o Raúl Salinas de Gortari–, que poseen tantas o más propiedades que Hernández Flores y han sido, siguen siendo, señalados por tener vínculos con la delincuencia organizada.
Hago esta cita porque en la víspera igual hubo declaraciones de funcionarios judiciales de la Unión Americana, confirmando la orden de arresto contra Eugenio, porque supuestamente ha tenido vínculos con la delincuencia organizada.
¿Quién tiene la razón?
Sólo el tiempo lo dirá.
Pero sí es un hecho que el PRI, en el ámbito estatal, ya nada quiere saber de Geño.
Al menos no de aquí y durante el próximo proceso electoral, porque tampoco querría corres riesgos.
IVA a alimentos
El agravio más palpable para el Servicio de Administración Tributaria (SAT), es la malsana práctica de quienes sin estar sujetos al programa hacendario todavía se niegan a expedir facturas con el rollo de no estar sujetos a la medida.
Cuando usted compra un pollo asado, tacos, tortas o consomé en la calle; unos zapatos, cualquier vestido; tostitos (con y sin elote), aguas frescas, globos, fritangas o cualquier otra chuchería, tanto como huevos en el mercado –igual que helados, paletas, gorditas, dulces, nachos con queso rancio, etcétera-, ningún mercader quiere expedir factura.
Y eso que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), al entrar en vigor la nueva ley fiscal, nos dijo a los consumidores que la aplicación del gravamen sería pareja para todos los consumidores.
¡Papanatas!
He ido a comprar cualquier producto sin que me den la factura que les reclamo, porque, según ellos, no han tramitado su renovación ante la instancia correspondiente.
Por eso me parece correcto que se cobre el IVA en la llamada comida rápida que se vende en las tiendas de conveniencia, minisúper, de autoservicio y cercanía.
Sin embargo la usura comercial con mala leche distorsiona el recordatorio que le hizo la autoridad, para que a partir del uno de julio próximo carguen el tributo en la compra de sándwiches, tortas, todo tipo de lonches (como baguettes y chapatas) y gorditas; tacos, flautas, burritos, cuernitos, empanadas, pizzas, nachos, guisados, hot dogs, hot cakes, alitas, molletes, hamburguesas, tamales y bocadillos; sushi y sopas instantáneas, entre otros.
Sobre todo, porque también están obligados a expedir facturas en el momento mismo de la cobranza como deben hacerlo por ley, pero no las ofrecen simple y llanamente por su acostumbre de evadir impuestos.
Lo afirmo con pleno conocimiento de causa.
Incluso hasta sugiero que el SAT amplíe su horizonte y obligue a los vendedores ambulantes, causantes menores –los disfrazados de micro o medianos empresarios–, profesionistas independientes y prestamistas, a incorporarse al sistema tributario, pues resulta ignominioso que sólo se le requiera pagar el IVA a cerca del 35% de la población productiva cuando comprobado está que son más los evasores fiscales.
En el caso de tiendas como Oxxo, 7 & leven, Círculo K, Wal-Mart, la cafetería Starbucks, Soriana, GranD, HEB, Tortas Hipocampo, pizzerías, Gorditas Doña Tota, hay ejemplos excelsos de que avaden la legalidad al aparentemente no cobrar el IVA en la venta de comida, siendo que, en la práctica, sí lo cobran al consumidor.
Evasores estatales
Aquí en Tamaulipas, suman miles los pequeños, medianos y (hasta) grandes empresarios, que con el rollo de estar sujetos al nuevo Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) no pagan (en el 2015) el Impuesto Sobre la Renta (ISR) ni el IVA.
Igual los contribuyentes que durante este año causaron alta.
Por si fuera poco, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) les ofrece un 50 por ciento de subsidio en las cuotas.
A la fecha, en la entidad, se han incorporado a este régimen más de 40 mil empresas que otrora estaban sujetas o no al sistema de pequeños contribuyentes.
Pero de cualquier forma tampoco tributaban, aun cuando su negocio les dejara (y les arroje) pingües dividendos como claramente lo saben los comerciantes y consumidores.
Estamos hablando del comercio establecido –zapaterías, tiendas de ropa, restaurantes, tintorerías, taquerías, etcétera–, como del informal; y de prestadores de servicios (laboratorios, consultorios médicos, casas de empeño, estacionamientos y otros), que al amparo de una errada política fiscal se burlan del SAT.
Y hasta eso con la complacencia de sus mismas autoridades, según se observa.
Con ese rollo de la reforma fiscal, hay además cualquier cantidad de comerciantes establecidos que todavía no expiden facturas electrónicas porque no han hecho el trámite respectivo.
Esto origina una multimillonaria evasión de impuestos aun cuando al consumidor se le carga el IVA en toda transacción, liquidada en efectivo, tarjetas de débito e incluso cheques.
Los comerciantes que más se rehúsan a expedir las nuevas facturas bajo el argumento de que es la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que dificulta el trámite al retrasarles la autorización oficial para instalar el sistema, suman miles.
Obviamente nadie les cree, pues tiempo suficiente tuvieron para, en tiempo y forma, hacerse del programa de cómputo con las características requeridas por el sistema tributario.
No ocurre eso mismo con los contribuyentes que poco facturan y, al final de cuentas, son los más castigados por ‘Lolita’, ya que deben sacar el guardadito para invertirlo en un programa de facturación electrónica so pena de no cobrar por sus servicios –y son regularmente los prestadores de servicios profesionales– en detrimento de su economía, pues si van a la oficina fiscal respectiva a solicitar la expedición de documentos, se les ponen múltiples trabas.
Y eso que la Federación mucho ha cacareado que el trámite no sólo es gratuito, sino ágil y hasta bondadoso.
Esto afecta directamente a los contribuyentes cumplidores –que son los menos–, pero más todavía al grueso de la población, que es obligada a pagar el IVA e impuestos especiales a la usura comercial, sin que haya autoridad alguna que someta a los infractores.
Entonces, ¿de qué se trata?
Lo digo porque en un sistema democrático como el nuestro, se debe aplicar la frase de: ‘O todos coludos, o todos rabones’.
En fin, considero que ese cobro del IVA en los alimentos elaborados que se venden en las tiendas de autoservicio, conveniencia, cercanía o minisúper, debe extenderse al comercio informal tanto como a quienes se protejan en regímenes fiscales menores.
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