MÉXICO, D.F.- Diecinueve días antes de la ejecución extrajudicial ocurrida en Tlatlaya, la base de operaciones militares San Antonio del Rosario recibió la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”, reveló el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
El Centro tuvo acceso parcial al expediente de la causa penal 338/2014, radicada ante el Juzgado Sexto Militar adscrito a la Primera Región Militar, en el que descubrieron dos órdenes que contienen disposiciones del alto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
Éstas son la orden general de operaciones de la base San Antonio del Rosario, y la orden de relevo y designación de mando del Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, del 11 de junio de 2014.
“Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”, instruye la segunda orden, dirigida al Teniente Rodríguez Martínez.
“El expediente no deja dudas: a la base de operaciones San Antonio del Rosario se le ordenó abatir delincuentes en horas de oscuridad y, tras los hechos de Tlatlaya, el teniente a cargo de la base informó al mando que en efecto se había abatido delincuentes”, señala el informe Tlatlaya a un año: “la orden fue abatir”.
En conferencia de prensa, Santiago Aguirre, abogado del Centro Prodh, consideró que la orden propició la violación grave de derechos humanos en Tlatlaya y que, en consecuencia, debe indagarse la responsabilidad de los mandos jerárquicos del Ejército, ya sea por ordenar o tolerar las acciones y omisiones que dieron lugar a la masacre.
El Centro Prodh consideró que se debe indagar al Secretario Salvador Cienfuegos; al Comandante de la Primera Región Militar, Jaime Godínez; al Comandante de la 22 Zona Militar, José Luis Sánchez; al Comandante del 102 Batallón de Infantería, Raúl Castro, y al Mando de Personal de Tropa, Ezequiel Rodríguez.
Mario Patrón, director del Centro Prodh, solicitó a la PGR que se cite a comparecer en el fuero civil a los mandos militares.
También presentó ante la CNDH un escrito para que pida a Sedena evitar órdenes de operación parecidas a la de Tlatlaya.
Ayer, los activistas solicitaron al Fiscal de la Corte Penal Internacional considerar la oportunidad de investigar delitos de lesa humanidad.
Asimismo, hicieron un llamado urgente a Naciones Unidad para que exhorte a evitar órdenes que permitan la consumación de ejecuciones extrajudiciales.
También le pidieron crear una comisión de expertos que investigue cuántas personas fueron ejecutadas en Tlatlaya, porque PGR sólo consigna la ejecución de ocho personas, mientras que CNDH documentó de 12 a 15 ejecuciones.
“La orden debió ser que procedieran a la detención. La palabra ‘abatir’ no se sostiene en un Estado democrático, ni en el propio derecho internacional humanitario que rige los conflictos armados internos”, acusó Patrón.
Señala sobreviviente riesgo a su integridad
Clara Gómez, sobreviviente que dio a conocer lo ocurrido en Tlatlaya, reclamó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha puesto en peligro su integridad personal.
En su primera exposición ante medios de comunicación, la madre de una de las menores de edad ejecutadas negó haber recibido la indemnización económica que le corresponde por ley, mientras que la CEAV anunció que sería sujeto a una indemnización de un millón de pesos.
“El Gobierno federal ha dicho que me ha dado millones de pesos, lo que no es cierto y me pone en riesgo de que me puedan secuestrar o me puedan hacer algo, es pura mentira porque no tengo ni un peso”, afirmó.
Por otra parte, rechazó la versión de que sus declaraciones se contradicen entre sí, puesto que puso a disposición de la PGR un mapa del lugar y una descripción precisa de los hechos.
“Ya declaré en Edomex y en SEIDO, estuve en PGR más de seis horas y me han dicho que me he contradicho y no es cierto, he dicho la verdad de lo que sucedió”, aseguró.
El Centro Prodh añadió que Gómez no tiene la calidad de víctima en el proceso civil, pese a que la sometieron a tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a que tiene medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Su hija, quien fue ejecutada según la CNDH, tampoco ha sido considerada como víctima.
