MÉXICO, D.F.- Christof Heyns, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, llamó a tomar en consideración la nueva evidencia en las indagatorias sobre la muerte de 22 personas durante el operativo militar realizado hace un año en Tlatlaya, Estado de México.
Advirtió que a la fecha no ha habido ninguna investigación sobre la cadena de mando implicado en el caso.
En un comunicado, destacó que documentos militares dados a conocer esta semana por organizaciones civiles revelan las órdenes dadas al oficial a cargo del operativo, incluyendo la directiva de que “las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes”.
“Las autoridades civiles tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, así como por emitir órdenes que pudieran conducir a violaciones del derecho a la vida”, remarcó Heyns.
“La perspectiva de derechos humanos debe ser incluida en todas las órdenes de operaciones, con instrucciones precisas sobre la protección del derecho a la vida y el uso legítimo de la fuerza”.
El Relator lamentó lo limitado de los avances en las indagatorias del caso Tlatlaya.
Recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estableció que al menos 12 de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales y sin embargo la Procuraduría General de la República (PGR) ha procesado a siete militares por la muerte de ocho civiles y afirma que el resto murieron durante el operativo.
“A un año de los hechos, los avances en la investigación para establecer lo sucedido en Tlatlaya resultan insuficientes, negándose el acceso inmediato a la justicia de las víctimas y sus familias”, indicó.
“Aquellos funcionarios que con sus acciones u omisiones posibilitaron el ocultamiento de graves violaciones a los derechos humanos también deben ser investigados”.
El experto independiente instó a las autoridades mexicanas a realizar toda la investigación del caso en el ámbito civil, para garantizar su imparcialidad.
“México puede mostrar su compromiso con los derechos humanos, no sólo resolviendo el caso Tlatlaya y asegurando el fin de la impunidad, y la reparación integral a las víctimas, sino también cumpliendo todas las recomendaciones contenidas en mi informe de misión, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos (de la ONU) en 2014”, concluyó.