Una vez definido el reparto de las curules de representación proporcional (200) correspondientes a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, en nueve de los diez partidos políticos sus grupos de interés negocian ya la designación de los coordinadores parlamentarios.
Y en las componendas juegan todos y cada uno de los diputados sin importar la vía por la que arribarán al Palacio Legislativo de San Lázaro:
Los 203 del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tanto como los 108 del membrete albiceleste; 56 del Sol Azteca, 47 del verde ecologista, 35 de Morena, 26 de MC, 10 aliancistas, ocho de Encuentro Social y seis del PT.
Sólo el Partido Humanista (PH) queda fuera de la jugada al no haber obtenido ninguna posición y habrá un congresista independiente: Manuel Clouthier Carrillo, quien ganó en el quinto distrito electoral de Sinaloa.
Por lo que respecta al tricolor, desde iniciado el proceso se ha dicho, fuerte y quedito, que su pastor será César Octavio Camacho Quiroz, aún cuando haya una corriente interna que puja y empuja para impedirlo, por el distanciamiento que hay entre sus promotores y el señor de Los Pinos a consecuencia de que éste no ha cedido a los caprichos de compartir el poder.
De ahí que Enrique Jackson Ramírez sea la punta de lanza utilizada por la dupla formada por Manlio Fabio Beltrones Rivera y Emilio Gamboa Patrón.
En cuanto al membrete albiceleste todo apunta a que el coordinador de la bancada será Gustavo Enrique Madero Muñoz –actual dirigente del partido a nivel nacional–, pese a los berrinches del grupo que comandan Javier Lozano Alarcón, Javier Corral Jurado, Roberto Gil Zuarth, Ernesto Ruffo Appel y Adriana Ávila.
Para encabezar la bancada perredista, hay como en la tamalería, de todo: Chile, dulce y manteca, según lo aprecio, pues ya han levantado su mano Jesús Zambrano Grijalva y Guadalupe Acosta Naranjo –ambos del grupo partidista dominante–, así como Francisco Martínez Neri, miembro de la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN) y hasta Hortensia Aragón, quien representa al clan Foro Nuevo Sol.
Sin embargo por el contubernio jugado por ‘El Chucho mayor’ con el régimen federal, advierto que sería él quien logre la posición.
Por el Verde Ecologista de México (PVEM) iría Jesús Sesma Suárez (actual vocero del partido), quien fue diputado en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México e impulsor de la iniciativa ‘Circos sin animales’; y mantiene una estrecha relación con el mentado ‘Niño verde’ Jorge Emilio González.
En el caso del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) todo indica que la responsabilidad recaerá en Ricardo Monreal Ávila, tanto por su cercanía con Andrés Manuel López Obrador como por su experiencia político-legislativa.
Alfredo Valles Mendoza, actual secretario general del Partido Nueva Alianza (Panal), se perfila como el pastor legislativo de esa bancada; y, a cargo de los diputados del PT y MC, entrarían Alejandro González Yáñez y María Elena Orantes, respectivamente, mientras que, Encuentro Social (PES), sería comandado por Hugo Eric Flores.
Los tamaulipecos
Hasta donde sé, en la LXIII Legislatura de la Cámara de diputados habrá 15 representantes tamaulipecos.
Diez son priistas. Y de éstos, por el camino de mayoría relativa, van:
Yahleel Abdala Carmona (distrito I), María Esther Camargo Félix (II), Edgardo Melhem Salinas (III), Jesús de la Garza Díaz del Guante (IV), Miguel Ángel González Salum (V), Luis Alejandro Guevara Cobos (VI), Esdras Romero Vega (VII) y Mercedes del Carmen Guillén Vicente (VIII).
Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa y Montserrat Alicia Arcos, acceden por la vía de representación proporcional.
Igual que ellos van al Congreso de la Unión Elva Lidia Valles Olvera y César Augusto Rendón García (por Acción Nacional); Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (MC), Rafael Méndez Salas (Panal) y Abdies Pineda Morín (PES).
Por obviedad sólo dos membretes tendrán coordinador de bancada:
El albiceleste y el tricolor, aunque respecto al primero sobra advertir su inutilidad.
Coordinador tricolor
La experiencia político-legislativa de Edgardo Melhem Salinas, Miguel Ángel González Salum, Luis Alejandro Guevara Cobos, Mercedes del Carmen Guillén Vicente y Baltazar Hinojosa Ochoa, está probada, pues los cinco ya han sido diputados federales.
Y aunque estos cinco, también, son mentados por la opinión pública como prospectos a la candidatura gubernamental, harto cuidado tienen de no rasgarse las vestiduras y trabajar conjuntamente en un proyecto inmediato: Tamaulipas.
Es decir, tienen voluntad firme para legislar a fin de que el estado se recupere en todos sentidos.
De ahí que, hasta hoy, no se haya decidido quién estará al frente de la bancada.
El más idóneo sería Baltazar, merced a su cercanía con el grupo del presidente Enrique Peña Nieto y por su incuestionable labor social, pero, siendo objetivos, ninguno de los otros desmerece, así que entonces hay que esperar la definición, aunque también se dice que Balta sería uno de los dos vicecoordinadores generales del grupo parlamentario tricolor que encabezaría César Augusto Camacho Quiroz.
Pacto transgredido
Cuando en México se creó el Pacto Federal –que es la razón de ser del sistema político que aún nos rige–, cada una de sus partes (es decir, los gobiernos estatales y la Presidencia de la República) asumió el compromiso de respetar los acuerdos signados en 1824 y los ulteriores, pues en ellos reposa la equitativa distribución de la riqueza que, sin embargo y al paso de los años, se ha tornado anárquica porque a los estados que más ingreso aportan vía recaudación fiscal es a los que más se les conculcan las participaciones.
Esta anomalía, encontró las condiciones favorables para reproducirse a lo largo del siglo XX, pues cada presidente de la República hizo cuanto le fue posible para tener mayores facultades en perjuicio de las entidades federativas.
Lo peor del asunto es que desde los albores del siglo XXI, cuando en México se instauró una copia mal reproducida del sistema neoliberal, los estados federados han sido más relegados del reparto financiero que por ley les corresponde.
Incluso hay casos en que su soberanía ha sido claramente violentada por la administración presidencial.
Desunión por recursos
Un documento elaborado por la misma Federación, refiere que “desde su origen el federalismo mexicano tuvo por objetivo unir sin fusionar, y diferenciar sin dividir”.
Esta fue la premisa para crear la primera Constitución de la República (1824), que estableció el régimen federal y otorgó facultades tanto a la Unión como a los estados, a fin de que cada uno procurara, en su ámbito de competencia, la prosperidad de la nación y el bienestar de sus habitantes.
Hacia 1847 se propuso delimitar la competencia tanto del poder federal como del estatal, a fin de evitar la invasión de facultades que lo mismo atentaba contra la soberanía de las entidades como amenazaba la Unión, pero finalmente prevaleció el planteamiento de que los poderes federales debían circunscribirse sólo al ejercicio de las facultades que de manera expresa les otorga la Carta Magna.
Luis Pineda y M. Alberto Mendoza G. son dos estudiosos del tema, y sobre éste han escrito:
“El federalismo mexicano está inspirado en el modelo centralista español, y en la integración de los Estados Unidos de América… es un sistema de gobierno que tiene como objeto principal formar una nación única… su forma de gobierno es de tipo presidencial, porque el presidente de la República es jefe de Estado y de gobierno al mismo tiempo… la Constitución le otorga más facultades que a los otros poderes…”
Coordinación fiscal
En un documento elaborado ex profeso, los mismos investigadores citan:
“A lo largo de su historia y durante los últimos años, el federalismo había estado cumpliendo con sus objetivos de mantener la articulación de las entidades federativas y conducir al país hacia un modelo de desarrollo.
“El federalismo encuentra su mecanismo de expresión a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), que es el arreglo entre los distintos órdenes de gobierno para la administración, cobro y recaudación de los ingresos públicos.
“Este sistema funcionó de acuerdo a la dinámica del país; fue el que permitió la época del crecimiento y el desarrollismo, ya que el Gobierno Federal era el más eficaz para cobrar la mayor parte de los impuestos.
“Su antecedente se encuentra en las Convenciones Nacionales Fiscales de 1927, 1933 y 1947; ahí se estableció la mejor manera de organizar los recursos económicos del país. Recordemos que México venía saliendo de la Revolución y sus secuelas, donde cada estado establecía sus impuestos; sus alcabalas y un exceso de papel moneda circulaba ‘locamente’. Era la época de las garitas estatales, donde cada entidad federativa establecía y cobraba sus propios impuestos. Existían, además, ejército y fuerzas armadas regionales.
“Es a raíz de estas convenciones y con la SNCF que se inició un proceso de armonización. En un primer momento de los municipios con su estado, y posteriormente de las entidades con la Federación. Esto obedeció a un momento en que era importante lograr la unidad como nación, e implicó un fuerte centralismo que caracterizó el siglo pasado, y que determinó que los impuestos más importantes los aplicara la Federación”.
¿Nuevo tratado?
Para algunos estudiosos del tema es necesario realizar una serie de ajustes profundos que permitan al país adaptarse a una nueva realidad para así lograr un desarrollo incluyente y equitativo.
Pero no es idea original del actual Presidente.
Esta lucha por un auténtico federalismo otrora estuvo encabezada por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), aun cuando desde su nacimiento haya encontrado serios obstáculos por parte del gobierno federal.
De cualquier forma hoy la batalla parece estar perdida más para mal que para bien, pues Enrique Peña Nieto no sólo recorta recursos a su libre arbitrio, sino que igual busca imponer más y mayores impuestos con el rollo de que aplicándolos habría menos pobres.
Y a esa maniobra, hoy, sus panegiristas han dado en llamarla un ‘nuevo pacto fiscal’.
