MÉXICO, D.F.- El Gobierno venezolano y sus aliados en el Congreso utilizan indebidamente al sistema de justicia penal para castigar a sus críticos, denunció ayer la organización Human Rights Watch (HRW).
En un comunicado, el organismo alertó que a las detenciones arbitrarias y procesos penales contra opositores se suman acciones contra decenas de críticos menos conocidos.
“Los jueces y fiscales venezolanos se han convertido en soldados obedientes”, señala en el texto José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas.
HRW documentó 31 casos en Caracas y en 4 estados de personas que enfrentan cargos penales o fueron amenazadas con serlo por haber criticado al Gobierno de Nicolás Maduro.
Entre ellos cita el caso del empresario Fray Roa Contreras, detenido luego de criticar las políticas económicas estatales en una entrevista; el de un médico arrestado por cuestionar la escasez de medicamentos, y el de una clarividente también detenida por anunciar en Twitter que moriría la dictadura.
El organismo denuncia que actualmente se prevén penas de prisión de hasta cinco años para quien cause pánico o zozobra por difundir información considerada falsa, y de cuatro años a quien publique información que difame.
Lo anterior constituye una forma de limitación a la libre expresión, particularmente grave de cara a las elecciones legislativas de diciembre.
Paralelamente a la queja de HRW, el Centro Carter anunció el cierre de sus oficinas y el fin de sus operaciones en Venezuela tras 13 años de seguir de cerca el proceso político en el país. Su participación era clave ante la negativa de Caracas de permitir observadores de la OEA.