MÉXICO, DF.- La Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Derechos, primera del Paquete Económico 2016, la cual incluye, por primera vez, cobros por el otorgamiento de permisos para refinación de petróleo y procesamiento de gas natural.
El diputado de Nueva Alianza, Alfredo Valles, destacó que esta nueva ley, que establece los costos que tienen distintos servicios que presta el Gobierno a través de distintas dependencias y entidades, permitirá recaudar 41 mil 761 millones de pesos.
La legislación fue aprobada con el voto en contra de Morena y con reservas de distintos artículos que hicieron legisladores de distintos partidos políticos, las cuales al final no prosperaron.
La priista Mariana Benítez Tiburcio aseguró que ésta incorporó nuevos derechos derivados tanto de la reforma energética como la de telecomunicaciones, sin embargo, sostuvo, éstos fueron fijados de manera equitativa y proporcional.
“Se tomó en consideración el costo en que incurre la autoridad competente por la prestación de los nuevos servicios que se derivan de la reforma constitucional en materia energética, toda vez que el aprovechamiento eficiente del petróleo y sus derivados, la apertura en la competitividad y la captación de nuevas inversiones en dicho sector, requiere de trabajo continuo, cuyo resultado se verá reflejado en el corto plazo”, indicó.
La coordinadora de Morena, Rocío Nahle, criticó que el pago fijado por la expedición de permisos de refinación y procesamiento de gas natural sea de 125 mil 879 pesos, tratándose de una actividad altamente rentable.
“Es una muestra del mal negocio de la reforma energética, del mal negocio de la Secretaría de Hacienda. Díganme ustedes si para un permiso para una refinaría, para un complejo petroquímico, para procesar gas, se va a necesitar que paguen 125 mil pesos y adelante”, señaló.
La diputada del PAN, Minerva Hernández, criticó la opacidad con la que se presupuestan los aprovechamientos, pues año con año, dijo, son subestimados y después se les etiqueta con el rubro de “otros”, por lo que no se les puede seguir el rastro.
Para evitar esto, propuso incluir un artículo transitorio para obligar a las autoridades a transparentar cómo se utilizan los aprovechamientos, propuesta que, ante la falta de diputados del PRI y del Partido Verde en la sesión de Plenos, obligó a que se realizara una votación nominal, con la que finalmente no se aceptó someterla a debate.