MADRID, España.- Siete ex presidentes latinoamericanos pidieron hoy miércoles una observación internacional en las elecciones venezolanas de diciembre y exigieron la libertad del líder opositor Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel, después de que el fiscal denunciara presiones del Gobierno de ese país.
Los ex presidentes Jorge Quiroga (Bolivia), Andrés Pastrana (Colombia), Laura Chinchilla (Costa Rica), Ricardo lagos (Chile), Felipe Calderón (México), Alejandro Toledo (Perú) y Luis Alberto Lacalle (Uruguay), que participan en una reunión del Club de Madrid en la capital de España, realizaron hoy una declaración conjunta sobre la situación de Venezuela.
Los ex presidentes pidieron que se anulen los «procesos amañados» y la «persecución» al líder opositor venezolano Leopoldo López y a todos los opositores al régimen y una «observación internacional» de las elecciones legislativas convocadas para el 6 de diciembre en Venezuela.
Además, en su declaración, leída por el ex presidente boliviano Jorge Quiroga, afirmaron que «sería un contrasentido» que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acepte al régimen venezolano, que «persigue a la oposición, criminaliza a la disidencia y no respeta la libre expresión.
Esta declaración se produce después de que el pasado viernes el fiscal acusador en el juicio de López, Franklin Nieves, admitiera el «carácter fraudulento de las pruebas» contra el opositor, algo que ratificó ayer en una entrevista televisiva desde Estados Unidos, a donde se huyó desde Venezuela.
Ricardo Lagos afirmó que «donde se violan los derechos humanos es una obligación de los demócratas levantar la voz», en línea con Alejandro Toledo, quien insistió en que «los derechos humanos son universales» y «no tienen nacionalidad».
Pedir que estos derechos se respeten en Venezuela no es intervenir en sus asuntos, agregó Toledo.
Los ex presidentes lamentaron también el silencio oficial de los mandatarios latinoamericanos actuales ante la situación de López, condenado por instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio, tras los actos violentos que se produjeron en manifestaciones contra el Gobierno en febrero del año pasado, que causaron 43 muertos.
Calderón pidió que los gobiernos democráticos «rompan el estruendoso silencio» ante este «inocultable abuso», en referencia a las declaraciones del fiscal Nieves.
