MCALLEN, Texas.- Texas podría convertirse en otro Arizona con leyes antiinmigrantes tan radicales como la SB1070, advierten organizaciones civiles.
A pesar de ser uno de los estados con mayor presencia hispana, Texas anunció que promulgará leyes para prohibir “Ciudades Santuario” y obligar así a corporaciones policiales -al menos de Condado- a cumplir órdenes federales en materia de inmigración.
Ciudad Santuario es un término que se emplea para las comunidades que tienen pólizas de no persecución contra extranjeros indocumentados.
Los afectados serían por lo menos millón y medio de indocumentados que viven en Texas, la gran mayoría mexicanos.
Greg Abbott con apenas nueve meses en el poder, podría convertir a Texas en la Arizona de la ex Gobernadora Jan Brewer con su SB1070 la ley antiinmigrante, de las que más odios ha generado en los Estados Unidos.
“Está preparando el terreno”, dice Martha Sánchez de La Unión del Pueblo Entero.
“Estamos hartos de estas ciudades santuario, sus pólizas ya no serán toleradas en Texas”, advirtió Abbott en televisión nacional la semana pasada.
Su intención es clara: penalizar agencias policiales que se nieguen a cumplir las leyes de inmigración, con directa dedicatoria a Lupe Valdés, la Sheriff del Condado de Dallas que se negó seguir las políticas de ICE.
A Valdés, Abbott le envió una carta hace unos días en la que amenaza con leyes que prohíban cualquier política o acción que promueva la protección a indocumentados en Texas.
Directa y claramente Abbott le anuncia la promulgación de leyes que haría ilegal para los Departamentos del Sheriff de los Condados texanos no obedecer peticiones federales sobre detención de inmigrantes.
Mientras que Abbott amenaza con leyes anti inmigrantes, de diversas regiones de Texas Condados y Ciudades comienzan a mostrar apoyo directo hacia la comunidad inmigrante y preocupación por las intenciones del Gobernador.
Por lo menos cinco Condados en Texas, entre ellos Dallas, Hidalgo, Cameron, El Paso y Travis han firmado resoluciones en apoyo a la comunidad inmigrante.
“Hasta comisionados republicanos han apoyado a DAPA, porque saben de los beneficios para nuestra comunidad, no entendemos porqué el gobernador Abbott tiene un corazón tan pesado”, dice Sánchez.
Cinco ciudades de Texas como Houston, Alton, Weslaco, San Juan y Edinburg -y próximamente McAllen, han hecho lo propio, manifestándose públicamente a favor de Acción Ejecutiva que el presidente Barack Obama anunció el pasado 20 de noviembre.
El apoyo, a decir de John Michael Torres, de LUPE, demuestra que mientras Abbott bloquea soporte a la comunidad inmigrante, la misma población está a favor de la Acción Ejecutiva, DACA y DAPA.
Se calcula que en Texas alrededor de 746 mil indocumentados se beneficiarían de DACA y DAPA, pero no solo eso, el estado de Texas también se beneficiaría.
Se estima que más de 14.5 millones de dólares se recibirían como ingresos para trabajadores elegibles por DACA y DAPA y, por si fuera poco, se prevé la creación anual de por lo menos cuatro mil 800 empleos.
El Centro para el Progreso Americano, agrega que a las arcas de Texas ingresarían por lo menos 338 millones de dólares extras por los próximos cinco años.
La acción presidencial permitiría que varios millones de inmigrantes indocumentados pudieran regularizar su situación, apoyando a los padres de hijos nacidos en los Estados Unidos y a jóvenes traídos a este país cuando niños.
Texas fue el primer estado en iniciar un proceso legal y bloquear esa acción ejecutiva; después se le unirían más de una veintena de otras entidades. De momento, siguen en corte.
La intención de Abbott de promulgar leyes estatales contra la comunidad inmigrante, podría polarizar a los texanos y desatar una de las persecuciones más grandes hacia los indocumentados, dice Sánchez.
“Es un Gobernador muy radical, dirige mucho esfuerzo contra la comunidad inmigrante”.
Con el hecho de obligar legalmente a que las policías locales a implementar leyes federales los convertiría en “agentes de la Patrulla Fronteriza y de ICE”.
El resultado sería desastroso y no solo con saldo negativo contra la comunidad inmigrante.
“Perderíamos todos. En el trabajo de los agentes del Sheriff la participación de la población es elemental, ya pasó con el programa de Comunidades Seguras, la gente dejó de participar”, recuerda Sánchez.
La legislatura texana sesiona cada dos años y en enero del 2017 iniciaría la 85ava pero el Gobernador Abbott ha dejado entrever que podría en cualquier momento llamar a una sesión especial.
El Vicegobernador Dan Patrick por su lado, ha manifestado su intención paraqué las iniciativas propuestas por el Gobernador se les dé “fast track”.
La lucha de México, sin Resultados
México sigue pidiendo a un tribunal federal de Estados Unidos que frene en Arizona una disposición menor de la ley estatal de inmigración, la cual prohíbe que se dé albergue a inmigrantes sin permiso para estar en Estados Unidos, precisamente lo que el gobernador Abbott de Texas, pretende hacer.
El gobierno mexicano, en su escrito, sostiene que la prohibición incide negativamente en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, socava la capacidad de Washington para hablar con una sola voz ante países extranjeros y alienta la marginalización de mexicanos y personas que parecen provenir de América Latina.
“México no puede efectuar negociaciones efectivas con Estados Unidos cuando las decisiones de política exterior de los gobiernos federales son socavadas por políticas individuales de estados individuales”, se indica en el documento.
Esta medida fue eclipsada por otras previstas en la ley, como es la que faculta a los policías a preguntar la condición migratoria de personas de las que sospechen que están sin autorización legal en el país.
Un portavoz de Brewer, Matt Benson, ha fijado la postura de ese gobierno al señalar que que “la misma ley de inmigración de México es considerablemente más severa que cualquier medida impuesta como resultado de la SB1070. ¿Cree el gobierno mexicano que la ley federal estadounidense casi idéntica perjudica las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México?”, señaló al advertir que México interfiere en un gobierno extranjero.
Hasta ahora, ningún otro país se ha sumado al documento que presentó México en la corte.
¿Qué es la Ley Arizona?
Agencias
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, convirtió en ley con su firma el 23 de abril de 2010 una medida que obliga a los inmigrantes a portar sus documentos migratorios y a las autoridades locales a solicitar a las personas esos documentos, en caso de que haya sospecha de que estén en el país ilegalmente. No portar los documentos migratorios o de identificación es ahora un delito en el estado de Arizona, donde se calcula que viven 400 mil indocumentados.
La ley entró en vigor 90 días después de su promulgación, es decir, a finales de julio de 2010.
Brewer hizo mayor énfasis en la seguridad fronteriza, como respuesta, dijo, al alto grado de violencia en México, país con el cual comparte su frontera.
Cuestionada en esa ocasión acerca de cómo la Policía iba a hacer para detectar a los indocumentados, Brewer respondió que no sabía, porque desconocía cómo “identificar a un inmigrante ilegal”. Para bajar la tensión, Brewer también firmó un decreto encaminado a capacitar a las fuerzas del orden para evitar casos de discriminación racial, durante la aplicación de la nueva ley.
El ordenamiento ha sido blanco de ataques y apoyos. La asociación de policías del estado de Arizona se ha manifestado en contra de esta medida, mientras que la asociación de policías de las ciudad de Phoenix, donde se encuentra la sede del gobierno estatal, le ha mantenido su apoya.
Un cálculo del Centro de Política Migratoria revela que esa medida, cuya implementación costó en su primera etapa 10 millones de dólares, le ha salido caro a las finanzas de Arizona en cientos de millones de dólares. Sólo en el condado de Yuma, el costo de encarcelar y mantener en prisión a los indocumentados les ha significado, desde que se puso en marcha la ley, entre 21 y 96 millones de dólares, según los niveles de captura. Este cálculo está basado en un informe del alguacil de Yuma, Ralph E. Ogden, cuando se propuso una ley similar que finalmente fue vetada por la entonces gobernadora de Arizona, Janet Napolitano.
Esta medida se ha prestado para acosar a los hispanos, inclusive a aquéllos que viven legalmente o han nacido en Estados Unidos. Para agravar el escenario, esta Ley de Arizona ha alentado a otros estados a poner en práctica medidas similares, como es el caso presente de Texas.
LAS PROTESTAS
El capítulo de Arizona de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de inmediato emitió un comunicado en el califica de discriminatoria la nueva ley.
En Washington D.C., la organización pro-inmigrantes America’s Voice también ha condenado la firma de esta medida. Su director ejecutivo, Frank Sharry, ha declarado que la ley hará de Arizona en el siglo XXI “el Misisipi de los años 60″.
En Los Angeles, la Coalición Primero de Mayo por la Unidad conoca en forma frecuente a manifestaciones en contra de la nueva ley.
Una importante organización judía de derechos humanos, el Centro Simon Wiesenthal, ha fijado una postura de rechazo total, al señalar que esta ley de Arizona “no tiene nada que ver con inmigración,
tiene que ver con discriminación”.
También el presidente Barack Obama ha calificado el proyecto del estado de Arizona de “mal encaminado” y ha mantenido instrucciones en su equipo de trabajo para vigilar de cerca ese proyecto, a fin de estar seguro de que no viole la libertades civiles de los ciudadanos.