TLALNEPANTLA, México.- El gobierno municipal y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) efectuaron un operativo en las inmediaciones del rastro municipal, que provocó la suspensión de un establecimiento y cuatro más a los que iniciaron procedimientos administrativos, así como el retiro de vendedores ambulantes.
“Durante años esta zona ha sido insalubre, había quejas de habitantes de que los comerciantes no estaban ofreciendo kilos completos”, informó el alcalde Alfredo Martínez González.
Agregó que un establecimiento de venta de carne fue suspendido temporalmente y en cuatro iniciaron procedimientos administrativos, ya que operaban sin contar con la licencia de funcionamiento correspondiente o no vigente.
Martínez González reconoció que la revisión de establecimientos comerciales forma parte del mecanismo empleado por el gobierno local para allegarse de recursos económicos.
En las inmediaciones del rastro municipal, administrado por el ayuntamiento, operan alrededor de 200 establecimientos de venta de carne de res, cerdo y pollo, entre otros, que brindan trabajo a cientos de personas, aunque en el sitio se observan charcos de agua sucia y grasa en banquetas y calles, así como mal olor.
Locatarios aledaños al rastro relataron que el operativo inició alrededor de las 06:30 horas de hoy y participaron unos 30 policías municipales, el cual se efectuó de manera prepotente por parte de inspectores del ayuntamiento.
“Es un área de trabajo y muchas familias comen de estos negocios”, mencionó Guadalupe Castañeda, empleado de un establecimiento.
Un local fue clausurado, cuya licencia de funcionamiento está en trámite, junto con otras más.
Los locatarios dijeron que anteriores gobiernos municipales les permitían ocupar 80 centímetros de banquetas para sacar mesas y ofrecer sus productos, aunque la actual administración afirma que no está permitido hacerlo.
En el operativo participaron empleados de la Profeco, quienes revisaron las básculas.
Los locatarios aseguraron que los operativos tienen como objetivo aplicarles sanciones económicas, ya que el gobierno municipal está a punto de concluir y necesita recursos para el pago de aguinaldos y otras prestaciones a los empleados municipales.