TAMPICO, Tamaulipas.- A cinco años del asesinato de dos policías tamaulipecos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet) ordenó al alcalde de Tampico, Gustavo Torres Salinas, pagar la pensión por causa de muerte y prima de antigüedad a las viudas Maribel Pérez y Gildarda Heraz.
“Como medida de reparación, gire sus instrucciones escritas a quien corresponda, para que, los derechos humanos y las normas protectoras de los beneficios de seguridad social que disfrutan los miembros de las corporaciones de seguridad pública municipal se hagan efectivos”, indica la recomendación 08 entregada al gobierno.
El 23 de diciembre de 2010, el comandante Sergio Alberto Tenorio del Ángel y el oficial Raúl Hernández Alvarado entraron a trabajar en el turno matutino. El jefe se quedó en el cuartel general de la entonces Policía Metropolitana y el segundo se fue al módulo de la colonia Morelos en Tampico.
Por la mañana un comando armado atacó las instalaciones de seguridad pública. Tenorio del Ángel recibió disparos en el abdomen y pierna. Una bala se incrustó en la cabeza de Hernández Alvarado, aun así llegó vivo al hospital Cemaín. Ambos murieron pocas horas después, informó la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas. Hoy se cumple un lustro del hecho.
Tenorio del Ángel trabajó 27 años en la policía. Raúl Hernández Alvarado laboró 17 años hasta el 23 de diciembre. La entonces recién llegada alcaldesa Magdalena Peraza Guerra dio el pago ‘de marcha’ a las viudas.
Las señoras Maribel y Gildarda refieren que obligadas por la necesidad firmaron un acuerdo para cobrar una pensión por 3 años. A la llegada del alcalde Gustavo Torres Salinas, las viudas se reunieron con el secretario del ayuntamiento, Juan Carlos Ley Fong. El funcionario les informó que ya no percibirían la pensión. En cambio, les ofreció un trabajo en Servicios Públicos del municipio; ellas no aceptaron.
«Nos dijeron que cada administración nos iban a renovar, que cada presidente nos renovaría. Lo que a nosotras nos ató de manos, fue que firmamos y no nos dieron ningún comprobante para comprobar porqué nos iban a dar tres años de pensión», lamenta Maribel Pérez.
