TAMPICO, Tamaulipas.- A cinco años del asesinato de dos policías tamaulipecos y 27 meses de quedar sin pensión, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet) ordenó al alcalde de Tampico, Gustavo Torres Salinas, pagar las pensiones caídas y nuevas y las primas de antigüedad a las viudas Maribel Pérez y Gildarda Heraz.
“Como medida de reparación, gire sus instrucciones escritas a quien corresponda, para que, los derechos humanos y las normas protectoras de los beneficios de seguridad social que disfrutan los miembros de las corporaciones de seguridad pública municipal se hagan efectivos”, indica la recomendación 08 entregada al gobierno.
El 23 de diciembre de 2010, el comandante Sergio Alberto Tenorio del Ángel y el oficial Raúl Hernández Alvarado entraron a trabajar en el turno matutino. El jefe se quedó en el cuartel general de la entonces Policía Metropolitana y el segundo se fue al módulo de la colonia Morelos en Tampico.
Por la mañana un comando armado atacó las instalaciones de seguridad pública. Tenorio del Ángel recibió disparos en el abdomen y pierna. Una bala se incrustó en la cabeza de Hernández Alvarado, aun así llegó vivo al hospital Cemaín. Ambos murieron pocas horas después, informó la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas.
Se ha cumplido ya un lustro del hecho. Tenorio del Ángel trabajó 27 años en la policía. Raúl Hernández Alvarado laboró 17 años hasta el 23 de diciembre. La entonces recién llegada alcaldesa Magdalena Peraza Guerra dio el pago ‘de marcha’. Las señoras Maribel y Gildarda cuentan que obligadas por la necesidad firmaron un acuerdo para cobrar una pensión y una compensación, respectivamente, por 3 años.
A la llegada del alcalde Gustavo Torres Salinas, las viudas se reunieron con el secretario del ayuntamiento, Juan Carlos Ley Fong. El funcionario les informó que ya no percibirían la pensión. En cambio, les ofreció un trabajo en Servicios Públicos del municipio; ellas no aceptaron. Hace 27 meses que no reciben ningún pago.
«Nos dijeron que cada administración nos iban a renovar, que cada presidente nos renovaría. Lo que a nosotras nos ató de manos, fue que firmamos y no nos dieron ningún comprobante para comprobar porqué nos iban a dar tres años de pensión», lamenta Maribel Pérez.
Sobre las pensiones, el gobierno tampiqueño expuso que la relación de Hernández Alvarado con el ayuntamiento no era laboral, sino administrativa. En el caso del comandante Tenorio del Ángel, el gobierno afirmó que los pagos se cubrieron conforme al Plan de Pensiones para Trabajadores. En ambos casos justificaron las medidas con los artículos del 199 al 205 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas.
Al revisar la respuesta de la autoridad, la Comisión determinó: “el ordenamiento municipal de cuestión, transgrede el derecho de igualdad y no discriminación con base en la condición de policía municipal, insertas en el artículo 1º. de la Constitución Federal, el precepto 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el numeral 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Además, el documento firmado por el ombudsman José Martín García Martínez pide que el ayuntamiento adecúe el Plan Municipal para los Trabajadores del ayuntamiento de Tampico, y su programa de pensiones a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el numeral 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El presidente Gustavo Torres Salinas argumentó que la administración se encuentra imposibilitada para aceptar la recomendación “porque de hacerlo implicaría hacer una declaratoria de inconvencionalidad e incluso una inaplicación del plan de pensiones de esa Comuna”.
Las señoras Maribel Pérez y Gildarda Heraz llevan más de dos años sin percibir pensión. En 2015, el Instituto de Atención a Víctimas del Delito (IAVD), dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, les dio cuatro despensas y un libro de tanatología. Sin embargo, no han vuelto a atenderlas en la oficina.
