En política, reza una vieja frase, lo que cuesta dinero, es barato. Y el terreno electoral no es una excepción.
Lo costoso, lo gravoso, es pagar con prebendas políticas los favores, apoyos y hasta complicidades acordados para alcanzar un triunfo en las urnas. En los hechos, ésta tan especial liquidación de facturas virtuales no sólo convierten en un galimatías a un gobierno, sea cual sea su orden, sino también merman en gran medida el poder de la autoridad electa. Los ayuntamientos se incluyen en esas circunstancias.
Este panorama lleva a una interesante pregunta:
¿Cuál sería el candidato más caro en el proceso electoral que se llevará a cabo en este año?
Después del candidato a Gobernador, lo más probable es que sea el aspirante a jefaturar como alcalde a Nuevo Laredo. Le diré el porqué de esta apreciación.
Ese municipio, como lo definió a la perfección un compañero periodista, significa un ayuntamiento en el que un presidente municipal no llega a gobernar, sino a compartir el poder.
¿Por qué?
Nuevo Laredo es la sede de los grupos políticos más belicosos, duraderos y sobre todo más ricos, de Tamaulipas, en especial los identificados con el Partido Revolucionario Institucional y en menor medida con Acción Nacional. Buena parte de ellos ya están involucrados en la vida empresarial local y por lo tanto también son factores de decisión en la economía doméstica y hasta regional, lo cual aumenta su influencia e importancia.
Lo anterior significa una realidad que aqueja a esos institutos, pero sobre todo al PRI, en donde se insertan clanes que se han repartido por décadas parcelas y cuotas de poder que hacen valer en cada elección. Desde las de gobernador hasta las de alcalde y diputados.
Significa también lo mencionado que a esas tribus los premios financieros no les son atractivos, porque ya tienen suficiente dinero. Su respaldo, su participación y hasta su no intervención –lo que se conoce como no poner piedras– se condiciona al otorgamiento de posiciones en la escala del poder. Por eso resulta tan caro en esa plaza definir a un candidato; porque los pagos son políticos, no económicos.
Hoy, precisamente “gracias” a este escenario, la designación del candidato priísta a presidente municipal de Nuevo Laredo es, después de la del gobernador, la más onerosa, porque hace de la integración de un cabildo un auténtico viacrucis. Y siempre alguien termina crucificado.
El presente arroja un panorama que resulta una muestra de lo descrito. Cotos locales como los capitaneados por Horacio Garza Garza, Daniel Peña y Ramón Garza Barrios, todos ex jefes de comuna y por lo general distanciados por sus respectivos intereses, ahora al parecer se han unido en un propósito común: cerrarle el paso a Ramiro Ramos Salinas, aún líder del Congreso Local, quien por ahora aspira a la candidatura tricolor a gobernador, pero a quien podrían impulsar a la alcaldía nuevolaredense a manera de consolación.
Esto, podría ser un macro dolor de cabeza para la jerarquía priísta tamaulipeca. Sólo imagínese:
Si compensar con canonjías políticas por separado a esos grupos ha resultado algo parecido a sacrificar en cada proceso electoral un ojo de la cara para el Revolucionario Institucional, sus autoridades estatales no quieren ni pensar en otro escenario:
Cuánto les podría costar en Nuevo Laredo, negociar un acuerdo “en paquete”…
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