CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores Miguel Ruiz Cabañas defendió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el apoyo que brindan las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública.
“Su despliegue en algunas áreas críticas del País se debió a que la delincuencia organizada rebasó la capacidad preventiva y defensiva de muchas Policías municipales y estatales”, puntualizó el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.
“Se trata de unas Fuerzas Armadas no elitistas, profundamente arraigadas en el pueblo mexicano, siempre al servicio de la población, por ejemplo, en casos de desastres naturales y asistencia humanitaria”.
Ruiz Cabañas dijo que el apoyo que brindan las Fuerzas Armadas a las Policías es decisión del Poder Ejecutivo a solicitud de los Gobiernos estatales, pero que en ningún caso sustituyen a las autoridades civiles y su despliegue no es permanente, por lo que incluso se han retirado de algunas zonas que se han estabilizado.
El funcionario mencionó que las Fuerzas Armadas son las autoridades que mayor confianza inspiran en materia de seguridad pública, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Durante la audiencia pública “Situación general de los Derechos Humanos en México”, el subsecretario precisó que cuando los militares son responsables de violaciones a los derechos humanos contra civiles, éstas son indagadas en el fuero civil.
Detalló que el número de quejas y recomendaciones contra las Fuerzas Armadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha disminuido.
En su reciente informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, la CIDH expuso que la atribución a las Fuerzas Armadas de roles que corresponderían a las fuerzas policiales civiles y el despliegue de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales en distintas partes del país, han dado lugar a mayores violaciones de derechos humanos, por lo que recomendó al Gobierno federal presentar un plan concreto sobre el retiro gradual de estas tareas.
El informe de la CIDH fue rechazado por el Gobierno federal.
Sin embargo, al comenzar su presentación, el subsecretario indicó que así como lo indica la CIDH en su informe, México reconoce que enfrenta retos en materia de erradicación total de la tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y abusos contra personas migrantes, periodistas y defensores de derechos humanos.
En ese sentido, dijo que el Gobierno federal coincide con muchas de las recomendaciones de la CIDH, muchas de las cuales ya forman parte de las políticas.
