CIUDAD DE MÉXICO.- Si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decide concluir el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que indaga el caso Ayotzinapa en México, debe establecer mecanismos de seguimiento a sus recomendaciones.
Humberto Guerrero, abogado de Fundar, Centro de Análisis, hizo esta petición en el marco de las audiencias públicas sobre México en la CIDH.
Guerrero lamentó también que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se pronunciara sobre el fin del mandato del GIEI, cuando eso es una facultad de la CIDH.
Luego de la postura del Estado, las organizaciones civiles, como el Centro Pro de Derechos Humanos y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, expusieron sus preocupaciones en temas como la tortura y el desplazamiento forzado.
En este último punto, mencionaron que sólo de un monitoreo de medios y por casos que conocen las organizaciones estiman que, desde 2011, 287 mil 358 personas, en 154 episodios, se han desplazado dentro del País forzadamente por la violencia.
Por ello pidieron al Estado mexicano cuantificar objetiva de este fenómeno.
Respecto a la iniciativa de ley que el Presidente envió al Congreso sobre tortura, Stephanie Erin Brewer, del Centro Prodh, advirtió que no garantiza la exclusión de pruebas obtenidas bajo este delito.
Sobre la ley de desaparición de personas, pidieron que se identifique claramente entre personas desaparecidas y no localizadas.
