Las condiciones de la actividad política en Tamaulipas continúa dando de qué hablar con hechos inusitados, que nunca se habían presentado en elecciones anteriores, veamos un recuento de las circunstancias únicas que estamos viviendo en el estado.
Una de ellas es la celebración de dos debates entre candidatos a la gubernatura donde cada facción política y sus aspirantes mostraron sus adhesiones a otros partidos de manera velada, pero firme, también las acusaciones que hasta ahora no se han probado en tribunales y que quién sabe, si podrán justificarse legalmente, aunque igual y se acaba el proceso y el trámite legal seguirá su curso después del primer domingo de junio.
Otro hecho son las acusaciones que han vertido contra el Partido Acción Nacional de sus presuntos nexos con la delincuencia organizada, que como dijimos, se tendrán que probar.
Las deserciones de candidatos que se están presentando en los últimos días, quienes dejan su partido para unirse al proyecto del blanquiazul, es un fenómeno inédito, y pareciera que crece, aunque habrá que verse hasta qué punto se concretará en las urnas.
Y ahora la frase con una palabra altisonante pronunciada por el candidato del PRI a la gubernatura, quien afirma que actuará contra los grupos delictivos.
También el candidato de Movimiento Ciudadano ha sido prolífico en el uso de epítetos antes vedados a una campaña política, y hasta en el debate los aspirantes no tuvieron reparos en usar términos que antes se consideraban atentatorios contra las buenas costumbres.
Un aspecto que causa intriga es la postura de las autoridades electorales que siguen sin mostrar precisamente su autoridad poniendo orden en el proceso, para ello han tenido que recurrir al tribunal electoral que dirime las diferencias en las campañas.
Aunque esto no resulta inusitado, efectivamente hemos visto en anteriores procesos las debilidades de las autoridades encargadas de velar por el buen desarrollo de los comicios quienes de manera directa muestran preferencia por el partido que gobierna la entidad.
De aquí a que concluyan las campañas, continuaremos viendo más situaciones que nos acercan a una realidad distinta a la experimentada y que sin duda le abonarán a los próximos procesos electorales, una vez que se supere el actual.
LA ENSEÑANZA DEL CASO VERACRUZ
La supuesta violación de los derechos humanos de una joven menor de edad en Veracruz por parte de cuatro jóvenes, uno de ellos detenido en Torreón, Coahuila, muestra una cara de la sociedad mexicana que nos resistimos a creer que existe.
Enrique Capitaine ya fue juzgado y sentenciado en los medios de comunicación, su caso fue impulsado por María Elena Morera, activista a favor de los derechos humanos. Ella llevó el asunto ante Enrique Peña Nieto y se liberó todo el proceso que se había mantenido en secreto durante más de un año.
Si las instituciones en México funcionaran no necesitaríamos de los juicios públicos para que respeten los derechos humanos de todas y todos.
La intervención de los medios de comunicación, especialmente las redes sociales mediante internet puso en el ojo público una situación que se replica más de lo que pensamos en nuestra sociedad, por un lado el uso del abuso que da el dinero y la influencia para afectar a personas en desventaja.
La falta de denuncias ante las autoridades respectivas, y el señalamiento acusatorio culpabilizando a los presuntos responsables sin que medie una orden judicial y una sentencia legal.
Ahora que ese muchacho ya fue aprehendido, tendrá que probar la fiscalía su culpabilidad, el padre del mismo ya anuncia que apelará el uso de los videos donde ellos reconocen un daño cometido contra la joven, sin dar detalles en qué consiste éste.
Los veracruzanos en particular, los mexicanos en general requerimos un juicio imparcial, que ponga a cada quien en su sitio, que si resultan culpables se les castigue, y a la víctima se le repare el daño y se comprometa el Estado a no repetir el daño.
Y respecto a los medios, alguna vez Ninfa Deándar, directora del periódico El Mañana de Nuevo Laredo dijo que los periodistas no somos jueces, que nos corresponde seguir el hilo de la información, y plantearla en los medios.
Dejemos que la justicia actúe y una vez hecho eso, analicemos lo sucedido desde una óptica de respeto a los derechos de cada uno de los implicados.
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