CARACAS, Venezuela.- Nicolás Maduro decretó ayer estado de excepción y emergencia económica en toda Venezuela por 60 días. Sus argumentos: derrotar el golpe de Estado y enfrentar amenazas externas.
La proclamación, realizada anoche en cadena nacional de radio y televisión, se produce horas antes de la marcha convocada por la Unidad Democrática en Caracas para exigir el desbloqueo del proceso revocatorio del Mandatario.
Miles de opositores salieron a la calle el pasado miércoles pese a la militarización de la capital y la toma del centro de Caracas por los oficialistas.
«He decidido aprobar un nuevo decreto que me dé el poder necesario para derrotar el golpe de Estado, la guerra económica, para estabilizar socialmente el país y enfrentar las amenazas que hay contra nuestra patria», destacó Maduro.
El Presidente no concretó qué garantías constitucionales serán derogadas o suspendidas durante los 60 días del decreto.
«Sus palabras están fundadas en el temor a la gente en la calle solicitando el revocatorio», criticó Rocío San Miguel, presidenta de Control para la Seguridad y la Defensa.
Además, Maduro adelantó que ha ordenado el regreso a Caracas de Alberto Padilla, su Embajador en Brasil, ante el golpe urdido por el Senado contra Dilma Rousseff, e insistió en el peligro de que el «virus del golpismo tome otra vez América Latina».
El anuncio gubernamental llega tras agotarse los 120 días del decreto de emergencia de febrero.
«(En estos cuatro meses) hemos activado 21 decretos para proteger al pueblo, para proteger la estabilidad del país. Son decretos de paz, de amor, de protección, en el marco de la Constitución», subrayó.
La realidad para algunos, sin embargo, es otra: la inflación destroza el bolsillo de su gente y la escasez de alimentos y medicinas y el desabastecimiento de productos básicos crecen semana a semana entre apagones eléctricos y cortes en el suministro de agua.
Este decreto fue aprobado a la fuerza por el rodillo revolucionario y pese al voto negativo de la Asamblea Nacional, gracias a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), convertido en el ariete del chavismo contra el Parlamento elegido en diciembre.
La Constitución marca que el nuevo decreto debería ser aprobado por la Asamblea Nacional, algo inviable tras la jurisprudencia creada por el TSJ.
Según analistas de inteligencia de Estados Unidos, consultado por la agencia AP, Maduro corre el peligro de ser apartado por miembros del propio movimiento revolucionario antes de que termine su periodo en el cargo en 2019.
