CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado estadounidense aprobó una legislación que permitiría a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 demandar a otros países por su papel en los ataques.
Con ello la Cámara alta se acercó un poco más a una confrontación con la Casa Blanca, que ha amenazado con vetar la legislación por la posibilidad de que exponga a Arabia Saudí, uno de sus aliados.
El proyecto de ley será ahora abordado en la Cámara de Representantes.
Funcionarios de la Administración Obama han ejercido presión contra el proyecto de ley, y el Gobierno saudí ha advertido que si la legislación es aprobada, podría empezar a vender hasta 750 mil millones de dólares en títulos del Tesoro y otros activos en Estados Unidos antes de que corran el peligro de ser congelados por tribunales estadounidenses.
Adel al-Jubeir, Ministro de Asuntos Exteriores saudí, emitió la advertencia a legisladores y funcionarios de la Administración cuando estaba en Washington en marzo, de acuerdo con el diario estadounidense The New York Times.
Durante más de una década han persistido preguntas sobre el papel que podrían haber jugado funcionarios saudíes en el complot terrorista.
Las familias de las víctimas del 11 de septiembre han empleado diferentes demandas para tratar de responsabilizar a miembros de la familia real y organizaciones benéficas saudíes por lo que alegan fue un apoyo financiero al terrorismo.
Pero estas medidas generalmente han sido bloqueadas, en parte debido a una ley de 1976 que les da a naciones extranjeras cierta inmunidad de demandas en tribunales estadounidenses.
Pero el proyecto de ley del Senado incluye una excepción a la ley si países extranjeros son encontrados culpables de atentados terroristas que maten a ciudadanos estadounidenses dentro de Estados Unidos.
Si el proyecto de ley fuera aprobado en ambas cámaras del Congreso y firmado por el Presidente, podría abrir un camino para que el papel del Gobierno saudí se examinara en las demandas del 11 de septiembre.
La Administración ha advertido que cualquier debilitamiento de la ley de inmunidad soberana podría poner a soldados, civiles y corporaciones estadounidenses en riesgo legal si otras naciones deciden contraatacar con su propia legislación.
Josh Earnest, un vocero de la Casa Blanca, afirmó el mes pasado que el Presidente Obama vetaría el proyecto de ley si llegara a su escritorio en su forma actual.
El avance de la legislación se dio en momentos que la Administración Obama considera si desclasificará una parte de una investigación congresional del 2002 de los atentados del 11 de septiembre que citaba cierta evidencia de que funcionarios gubernamentales saudíes y otros ciudadanos saudíes que vivían en Estados Unidos tenían algo que ver con el complot terrorista.
Esas conclusiones aún no se han dado a conocer públicamente, pero recientemente los Archivos Nacionales subieron a su sitio web un documento separado que parece dar un vistazo a lo que está dentro de las 28 páginas aún clasificadas del reporte.
