CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- A pesar de que la delincuencia organizada es el delito que azota Tamaulipas, solamente el 22 por ciento de los 3 mil 997 detenidos bajo la estrategia federal de seguridad ha sido consignado por dicho ilícito.
De acuerdo a información del Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT), 902 personas fueron encontradas culpables de asociarse para delinquir. Dos mil 603 presuntos criminales fueron puestos a disposición de jueces sin que hayan resuelto su situación.
Del total de capturas, mil 394 mujeres y hombres quedaron en libertad, lo que representa el 34 por ciento de las detenciones, pues no se comprobó su participación en hechos delictivos.
En el delito de secuestro, el GCT reportó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) el desmantelamiento de 54 bandas dedicadas a privar de la libertad en la zona conurbada de Tampico y en los municipios de la frontera norte tamaulipeca.
El número de detenidos acusados de plagio asciende a 305 mujeres y hombres que, comúnmente, vinculan sus actividades a grandes cárteles. Durante el año pasado se detuvieron a 151 personas, lo que representó un alza de 43 individuos. En 2016 se reportaron 46 capturas.
En los 24 meses de estrategia se recibieron denuncias por 541 privaciones ilegales de la libertad. El Grupo de Coordinación refiere que los números del combate al secuestro han crecido, debido a la campaña de denuncia anónima 089 desplegada en medios locales, regionales y nacionales.
Aprovechan «lagunas»
Las asociaciones civiles como Alto al Secuestro han externado su alarma por la liberación de delincuentes peligrosos o acusados de delitos de alto impacto, que aprovecharon tecnicismos o interpretaciones muy estrictas de la ley.
Un ejemplo que citó la organización de la sociedad civil fue el del secuestrador Isidro Solís Medina condenado a 34 años de cárcel. El hombre fue absuelto por un tribunal federal de Toluca que aplicó en su favor jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia en 2015.
El empresario José Antonio identificó categóricamente a Solís Medina como uno de los hombres que lo secuestraron en la Colonia Buenos Aires el 29 de agosto de 2008. Ocho años después recuperó su libertad.
En el mismo caso, el empresario deportivo Nelson Vargas denunció que Solís también estuvo involucrado en el secuestro y asesinato de su hija Silvia. En junio de 2015, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal en Toluca resolvió que fue inválida la diligencia del 18 de diciembre de 2008 en la que Álvarez identificó a Solís en la llamada cámara de Gesell, porque éste último no tenía abogado defensor presente como exige ahora la Corte.
El especialista en temas de seguridad y justicia, Carlos Mendoza, expresó que hay preocupación que los vacíos legales encontrados por las defensas de los presuntos criminales liberados se repliquen. “Esta ola va a seguirse en prácticamente todo el país, que por tecnicismos o por una interpretación muy estricta de los jueces, en el sentido de la aplicación ortodoxa del debido proceso, vayan a ser liberados y ocasionen un daño muy fuerte e irreparable para la sociedad”.
En Tamaulipas dos presuntos integrantes de la delincuencia organizada fueron liberados por fallas en el debido proceso. Pedro Antonio Martínez Sida fue puesto en liberad en diciembre de 2015 porque sus cómplices estaban arraigados cuando declararon en su contra. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en 2014 que los estados no pueden arraigar sospechosos y las pruebas obtenidas son inválidas.
Otro caso es el de Héctor de León. En enero de 2016, un juez de Tamaulipas dictó su libertad.
