CIUDAD DE MÉXICO.- México dejó de pagar sus cuotas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pagar la asistencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso Iguala (GIEI), aseguró el Secretario Ejecutivo del organismo, Emilio Álvarez Icaza.
En entrevista con Grupo REFORMA, advirtió que el País tiene en parte responsabilidad en la crisis financiera por la que atraviesa el organismo, que podría derivar en dar de baja al 40 por ciento de su personal a finales de julio.
«México puede decir, ‘pues dimos más’. Sí, le dieron al GIEI para trabajar una asistencia técnica solicitada por México, pero no le dieron a la CIDH», señaló.
«En 2014, México le dio a la CIDH medio millón de dólares; en 2015, le dio al GIEI un millón 250 mil, y este año dio 750 mil. De los 2 millones que le dio al GIEI, no fueron recursos para la Comisión, o sea, la Comisión dejó de recibir medio millón de dólares».
Álvarez Icaza dijo que México era el principal donante latinoamericano de la CIDH, sin embargo, en 2015 y 2016 cambió el objeto y el destino de su colaboración, ya que en lugar de aportar al plan estratégico de la Comisión, para que ésta decidiera cómo ejercerlo, aportó al GIEI.
«Esto pone una distancia entre México y los países de la región que tienen una narrativa muy agresiva, muy fuerte, en materia de derechos humanos, pero tienen una chequera muy pasiva y una contribución muy débil. Entonces, al final del día, es ir generando una condición de que la justicia internacional se debilita», puntualizó.
Ante la crisis financiera de la CIDH, explicó, la respuesta de los Estados miembros ha sido muy pobre, tanto que el organismo está al borde de la quiebra.
Para Álvarez Icaza, un recorte del 40 por ciento del personal implicará mayor retraso en responder a las víctimas además de la incapacidad de los comisionados de realizar visitas, lo que contradice los discursos pro derechos humanos de los Mandatarios de la región.
Refirió que la CIDH se enfrenta a una situación paradójica, pues Estados Unidos es el mayor financiador de la institución, pero no firma las convenciones, y los países latinoamericanos firman estos instrumentos, pero no dan dinero.
«En lugar de verse como un ejercicio de derechos y de protección a víctimas, pareciera que hay gobiernos en la región que leen el escrutinio internacional como un ataque a los gobiernos. Que la CIDH tenga pocos recursos es apostar a la lentitud y a la asfixia», mencionó.
Algunos países, sostuvo, al no poder atacar políticamente a la Comisión, porque les genera costos, optan por asfixiarla económicamente.
Ante este panorama, expuso que han solicitado al consejo permanente de la Organización de Estados Americanos abordar el tema y han pedido a los Estados ampliar sus donaciones, además de que discutirán el asunto en la Asamblea General en República Dominicana, del 13 al 15 de junio.
«Lo que estaríamos esperando es el cambio del status quo. Aquellos Estados que dicen que los derechos humanos les son importantes y que son políticas públicas tendrían que estar dando recursos para que la Comisión no tuviera estas crisis cíclicas».
Consideró como incongruente que la CIDH deba buscar aportaciones de estados europeos porque las naciones latinoamericanas no pueden mantener su propio sistema regional.
Aunado a ello, mencionó, algunos estados europeos han dejado de aportar a la CIDH, pues han cambiado sus prioridades de cooperación internacional.
