1.- Poco tiempo después de concluir su gobierno en el estado de Sonora, Manlio Fabio Beltrones fue colocado en el centro de un problema alarmante. El 23 de febrero de 1997 la edición dominical de The New York Times publicó un reportaje de su corresponsal en México, Sam Dillon, en el que se decía que “los lazos de las drogas manchaban a dos gobernadores”.
2.- El reportaje se refería al Gobernador de Morelos, Jorge Carrillo Olea, y a Manlio Fabio Beltrones de Sonora. Se les señalaba, a partir de documentos confidenciales del gobierno norteamericano, de estar asociados con Amado Carrillo Fuentes, el “Señor de los Cielos”, el más importante jefe del narcotráfico en ese momento.
3.- La publicación de la nota no fue enteramente sorpresiva para Beltrones, pues el corresponsal del “Times en México, Sam Dillon lo había visitado a fines de 1996 en su despacho de Hermosillo, para pedir su respuesta sobre un informe del Centro de Inteligencia Antidrogas de El Paso, elaborado en 1994, en que se aseguraba que el gobernador era socio de Carrillo Fuentes, y que empleaba a la policía estatal para proteger cargamentos de narcóticos con los que comerciaba “El Señor de los Cielos”.
4.- El Gobernador Beltrones, que había forjado su trayectoria la sombra de Fernando Gutiérrez Barrios en la Secretaría de Gobernación, admitió que Carrillo Fuentes había establecido vastas operaciones en Sonora, pero insistió en que como Gobernador él se había empeñado en limitar la influencia del narcotraficante.
5.- Posteriormente, a principios de 1997, se descubrió en entrevistas que ambos gobernadores no sólo habían sido acusados en el informe de inteligencia de El Paso, sino que también en la Embajada de los Estados Unidos había incluido sus nombres en una lista de 17 funcionarios mexicanos sospechosos en Washington de corrupción. El embajador James R. Jones había entregado esa lista al Presidente Ernesto Zedillo poco antes de que tomara posesión.
6.- Manlio Fabio Beltrones demoró en reaccionar formalmente. Si bien anunció que entablaría un juicio por difamación en Nueva York, lo pensó mejor y lo inició en México. El 20 de marzo presentó ante la Procuraduría General de la República una querella contra quien resultara responsable.
7.- En dicho documento expresó que “Aun cuando la investigación del tráfico de drogas está bajo jurisdicción federal, Sonora ha denunciado sistemáticamente a todos los grupos que sabemos están involucrados en el tráfico de drogas, en el lavado de dinero y que intentan aprovecharse de la localización geográfica de nuestro estado, frontera con Arizona, para sus actividades ilícitas”.
8.- Las denuncias en contra de los gobernadores pusieron en un problema al gobierno de Ernesto Zedillo, que optó por darle un tratamiento político a la cuestión, aunque a la postre fue precisa una irregular declaración de la PGR, distante de las formalidades de una averiguación previa.
9.- La PGR declaró que a los gobernadores “no se les puede considerar responsables de esos hechos atribuidos”. El boletín de la Procuraduría, sin embargo, cerró con una cláusula lapidaria, que contribuyó a que el episodio marcara indeleblemente la trayectoria de Beltrones, que de tanto en tanto es señalado por su eventual, y nunca probada, relación con el narcotráfico: “La Procuraduría General de la República manifestó que dicha dependencia no certificaba la conducta de ninguna persona”.
