CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Por tercer año consecutivo la detención ilegal y los golpes durante el arresto son la causa más común de denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas por las autoridades policiacas del estado.
Tal es el caso de la recomendación número 14 de este año, en la que la víctima denuncia a los policías de la Fuerza Tamaulipas por detención arbitraria a una persona que se encontraba en el municipio de Villagrán quien fue detenida acusada de llevar un envase de cerveza en su vehículo.
Por esta razón, la persona fue detenida y llevada a la cárcel del 2 Zaragoza de Ciudad Victoria, donde fueron liberados por el Juez Calificador ya que no existían pruebas de su arresto, tal como lo menciona la recomendación de la Codhet.
De acuerdo al secretario técnico de la Codhet, Ramiro Roel Paulín este es el tercer año consecutivo en el que las fuerzas de seguridad ocupan el primero puesto en denuncias por presuntos actos de violación a los derechos humanos.
“De los 506 asuntos que hemos atendido que ameritan iniciar una investigación, tenemos que la Policía Estatal Acreditable tiene 77 expedientes que se iniciaron en su contra por violaciones a los derechos humanos” expresó Roel Paulín.
Los motivos por los cuales se presentan las denuncias ante la Codhet son en su mayoría por detención arbitraria, negativa o inadecuada a prestar un servicio público en el tema de educación, y el incumplimiento en la función pública y la procuración de justicia de acuerdo a datos de la Codhet.
En cuanto a las sanciones, la Codhet emite en las recomendaciones que el oficial o funcionario público que reciba una recomendación por violación los derechos humanos, sea sancionado de acuerdo a los procedimiento del órgano de control interno. “Una vez que se termina el proceso administrativo se nos avisa con sanciones que van desde suspensión, sanción económica apercibimiento o la destitución las cuales son puestas por el órgano de control interno”, agregó Ramiro Roel.
En el transcurso de este año, la Codhet emitió nueve recomendaciones para instituciones de seguridad pública, entre ellas la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública en las cuales se recomienda la sanción a funcionarios públicos involucrados en el caso.
