Además de los desacuerdos y fricciones causados por la debacle electoral del 5 de junio, el hecho de que no habrá gobernador del PRI el próximo sexenio dificultará la designación del nuevo dirigente estatal del partido de Tamaulipas, ya que, con la inhabilitación del dedo del primer priista del Estado, los forcejeos de los grupos internos para definir el relevo seguramente serán mayores.
Sin un jefe político que les dé línea, les imponga, pero sobre todo con el poder suficiente para aplacar a los acelerados y reacios a acatar las decisiones cupulares, en la imposición del jerarca estatal, va a resultar complicado el proceso del cambio de Rafael González Benavides.
Bajo esas circunstancias, ¿cuál será el prospecto idóneo para unificar los despojos del Revolucionario Institucional? No se sabe, sin embargo, el principal problema que tienen los priístas para elegir al próximo presidente estatal no es quién sería el militante ideal para ocupar el cargo, sino la falta de prospectos con la solvencia para cumplir esa tarea.
En los círculos políticos se mencionan al diputado federal Édgar Melhem Salinas, a Alejandro Guevara Cobos, este político cercano a Ochoa Reza y a Pedro Joaquín Coldwell, a Heriberto Ruiz Tijerina y hasta a el Betico Humberto Valdez Richaud, entre otros, aunque, desde la óptica de las bases partidistas ninguno de ellos parece poseer el perfil ni las simpatías para recuperar la confianza de las bases, muchos menos de los seguidores, en circunstancias tan adversas como las actuales.
De manera que, no sorprendería a nadie que, después de analizar y estudiar a fondo la renovación del comité directivo estatal, los que toman la decisiones en el alicaído tricolor optaran, como sucedió en el CEN con Enrique Ochoa Reza, por recurrir a un militante ajeno, no solamente al gobernador Egidio Torre Cantú, sino también al ex candidato al gobierno del Estado, Baltazar Hinojosa Ochoa y todo cuanto tenga qué ver con los perdedores del mes pasado.
Una cara nueva, sin cola que le pisen y mucho mejor si no tiene nexos con los grupos priístas actuales, eso sí, por supuesto, con el total respaldo del ex director de la Comisión Federal de Electricidad. Si la diputada federal, Paloma Guillén Vicente, hubiese aplastado en votos a la panista María Elena Figueroa Smith, una candidata a diputada federal débil, podría ser una aspirante competitiva para asumir la dirección del ex partido oficial.
En un escenario distinto, quizá el ex alcalde Fernando Azcárraga López sería también un prospecto de peso para ocupar el cargo de González Benavides
Pero como no es así, si alguien sabe de algún priísta idóneo, que lo recomiende al alto mando nacional, quizá, como están las cosas, lo tomen en cuenta a la hora de decidir a quién encargarán las riendas del instituto político, pues desde abajo no se ve a nadie con los arreos necesarios para rescatar al PRI de la inopia a la que el hartazgo social lo envió en el pasado proceso electoral.
El que, por otra parte, a unos meses de dejar el cargo, no para de trabajar es el diputado Carlos González Toral. Además de las actividades legislativas y de gestión social realizadas desde que asumió la curul, recientemente el legislador fue invitado a apadrinar la graduación de una generación de egresados de varias escuelas de Altamira a las que ayudó a resolver algunas de sus carencias.
Ya que hablamos del municipio que gobierna Armando López Flores, en los pasillos del palacio municipal se mencionan los nombres de Germán López, Miguel Gómez Orta, Zeferino Lee Rodríguez y Roberto Rocha, entre otros, para formar parte del cuerpo administrativo de la presidenta electa, Alma Laura Amparán Cruz, a partir del próximo primero de octubre.
Si son correctas las versiones, el primero ocuparía la Secretaría del Ayuntamiento, al tercero la gerencia de la COMAPA y al referido en último término, la Secretaría de Finanzas.
En temas nacionales, por otra parte, parece que la controvertida reforma educativa tiene los días contados. No obstante que los cambios de fondo están en manos del Congreso, el hecho de que el gobierno haya aceptado la revisión del ordenamiento legal es una señal de que la disposición dejará de aplicarse en tanto no se resuelva quién será el sucesor de Peña Nieto.
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