Estamos a una semana de iniciar clases en el nivel bachillerato –y a dos de comenzar labores en primaria y secundaria–, pero el conflicto magisterial no tiene para cuándo resolverse y sí, por el contrario, asoma la amenaza de que otras entidades pudieran contaminarse.
Así ocurre porque los exámenes a los maestros, contemplados en la reforma educativa, no ha sido atendida a plenitud, pese a que se gastan millones de pesos en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), cuya Junta de Gobierno se lava las manos porque, supuestamente, su labor ya concluyó.
De cualquier forma esta atribución, por acuerdo legislativo, sólo es responsabilidad plena del organismo, cuya autonomía es un hecho, pese a evadir a los mentores alzados en Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas y Michoacán.
Otro punto que dilata la negociación para acabar el conflicto también tiene qué ver con la institución, ya que dispone anteponer el servicio profesional de carrera a cualquier otra práctica, para que los maestros asciendan (en el escalafón) con base a sus méritos y habilidades, y no, como ocurre en la actualidad, por decisión vertical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Esto significa que se pondría fin a las plazas vitalicias –que heredan los padres a los hijos, aun cuando éstos no hayan cursado la carrera de docentes–, que tanto daño han causado a la educación en México –y lo digo con pleno conocimiento de causa–, porque ante su falta de cultura, preparación académica e interés por los educandos, contribuyen no sólo al atraso en la enseñanza, sino a la incubación de ejércitos de mediocres que sin saber siquiera resolver una operación aritmética, algo de historia, geografía o lenguaje, como ha quedado demostrado durante décadas.
En fin, el tema da para mucho más, pero consciente estoy de que el espacio se agota, por lo que no profundizo más al respecto, aunque sí al tiempo habré de insistir en el daño que a la educación causan esos miles de maestros improvisados.
Los afectados
Existe un punto importante harto cuestionado en la reforma educativa, como es la disposición del Gobierno Federal para que no haya más reprobados.
Así, desde hace tres años, en los salones de clase previamente designados para aplicar el renovador esquema, los educandos fueron obligados a responder a tres áreas que forman su base fundamental:
1) ‘Ser nacional y ser humano’, donde se enmarcan materias como geografía e historia; civismo, ética, tecnología, deportes, artística, tutoría y asignatura;
2) ‘Ser universal y competitivo’, que se concentró en el lenguaje y la comunicación; el inglés como segunda lengua; las matemáticas, ciencia y tecnología las habilidades digitales, tanto como el conocimiento de las computadoras; y
3) Incorporar cada vez más el uso de tecnología y cambiar los libros de texto.
Estas innovaciones a nadie sorprendieron, puesto que la Secretaría de Educación Pública (SEP) con la aplicación de ese plan piloto, arrancó prácticamente la mentada reforma educativa, sin que los maestros se dieran cuenta.
Sin embargo, ésta ofrece la impresión de ser tan sólo una copia del modelo de instrucción básica que se aplica en otras naciones del orbe –como los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo–, pero falta ver si en México los educandos lograron recibir una instrucción profesional por parte de su profesorado, como sí ocurre allende el río Bravo, donde el aprendizaje nada tiene qué ver con sindicatos, aviadores, adjuntos ni políticos.
Educación politizada
Durante décadas, el sistema educativo ha estado supeditado a los caprichos del corporativismo magisterial que, en su búsqueda del poder por el poder mismo, mucho ha contribuido al estancamiento de la enseñanza y a la comercialización de ésta (por parte de las instituciones privadas), en un claro atentado al artículo tercero constitucional.
Actualmente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) agrupa a más de un millón 500 mil afiliados en todo el país; y recauda cuotas que acarician los ¡dos mil millones de pesos anuales!
Sin embargo el censo de los maestros y sus contribuciones gremiales podría ser mayor, tomando en cuenta a los grupos opositores como Punto Crítico y Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Hay que recordar que hasta 1992, cuando Carlos Jonguitud Barrios se mantuvo como dirigente magisterial, los mentores rechazaban (en petit comité) cualquier otro cacicazgo corporativo, pero nunca actuaron abiertamente contra el grupo oficialista –fuera de los educadores alcistas del sur de México encabezados por Othón Salazar–; y en cuanto el potosino fue desplazado por Elba Esther Gordillo Morales (gracias a una disposición presidencial), los maestros inconformes empezaron a radicalizarse en su búsqueda de democratizar al gremio, aunque jamás plantearon una estrategia real para reorganizarse.
Menos cuando la chiapaneca, en un discurso reformatorio (de a mentiritas sobre los estatutos), se comprometió a que el SNTE se mantendría ajeno a los intereses de los partidos políticos y que sus dirigentes no ocuparían al mismo tiempo cargos partidarios ni de elección popular.
Es obvio que la primera en incumplir con la oferta fue ella, al (durante las siguientes décadas) echarse en brazos no sólo de Carlos Salinas de Gortari, sino de Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, obligando a los secretarios generales (en turno) de las 56 secciones y a los jefes de las siete mil delegaciones a respaldar sus maridaje político.
Con Enrique Peña Nieto no le funcionaron los chantajes y entonces fue encarcelada, además despojada de su cacicazgo magisterial, lo que aprovechó la CNTE para encabezar las demandas de maestros, pero con el añadido de que lo ha hecho respondiendo a intereses políticos y no gremiales.
Dirigente humano
Aunque la Ley General del Servicio Profesional Docente fue aprobada con un addendum que dio tiempo suficiente a la preparación de maestros antes de ser evaluados, los inconformes insisten en mantener sitiada la Ciudad de México.
Pero ahora, instigados por el ala radical del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Esto lleva a suponer que la estadía de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), allá en la Ciudad de México, irá pa’ largo (a menos que las autoridades citadinas hagan valer la ley como ya lo reclaman los millones de habitantes que han sufrido el atropello de los grupos rebeldes).
Y no por cuestiones relacionadas con el ramo educativo, sino por la disputa por el control del membrete del Sol Azteca, como bien lo exhiben las más recientes controversias entre los grupos ‘Los Chuchos’ y Nueva Izquierda.
De otra forma no habría razón para alargar un debate perdido, como es la nueva ley del servicio profesional. Y Menos cuando ésta contempla, al menos, 1) reducir los tiempos, de dos años a seis meses, para que los maestros de nuevo ingreso sean basificados; 2) que no haya riesgo de la pérdida de plazas para los maestros que cumplan su labor de educar y 3) que todos los maestros queden bajo la ley laboral vigente.
Quizá no sea la panacea que alivie todos los males que sufre hoy el sistema educativo nacional en su área docente, pero de entrada es lo que ofrece la nueva reglamentación.
Lamentablemente, insisto, el asunto lo ha politizado el PRD.
Educandos perjudicados
Suman miles de alumnos de educación básica de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas y Michoacán, los que podrían no iniciar clases en tiempo y forma porque, ignominiosamente, sus maestros andan de revoltosos en la Ciudad de los Palacios.
A los mentores oaxaqueños que no han asistido a las aulas, según el gobernador Gabino Cué Monteagudo –de izquierda, por cierto–, ya se les han descontado sus salarios, pero en consecuencia no han actuado igual los mandatarios Ángel Heladio Aguirre Rivero, Javier Duarte de Ochoa, Manuel Velasco Coello y José Jesús Reyna García
¿Por qué?
Lo peor del caso sería que mientras ellos analizan las repercusiones del movimiento magisterial ante una medida como la de su homólogo Gabino para meter al aro a los ausentes, miles de niños sufrirían las consecuencias al carecer de mentores; ya no digamos para instruirlos en su aprendizaje, pero sí para justificar la reapertura de escuelas, pues al final de cuentas, sin maestros pero con las aulas libres, los educandos, sus tutores y otra gente preocupada en la educación, podrían darle cabal cumplimiento al calendario escolar a iniciarse el próximo día 22.
¡Ah!, pero esto sólo se lograría con voluntad. La que no tienen, por lo que se ve, los gobernadores de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas y Michoacán.
Evasores estatales
Aquí en Tamaulipas, suman miles los pequeños, medianos y (hasta) grandes empresarios, que con el rollo de estar sujetos al nuevo Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) no pagan (en el 2016) el Impuesto Sobre la Renta (ISR) ni el IVA.
Igual los contribuyentes que durante este año causen alta.
Por si fuera poco, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) les ofrece un 50 por ciento de subsidio en las cuotas.
A la fecha, en la entidad, se han incorporado a este régimen más de 40 mil empresas que otrora estaban sujetas o no al sistema de pequeños contribuyentes.
Pero de cualquier forma tampoco tributaban, aun cuando su negocio les dejara (y les arroje) pingües dividendos como claramente lo saben los comerciantes y consumidores.
Estamos hablando del comercio establecido –zapaterías, tiendas de ropa, restaurantes, tintorerías, taquerías, etcétera–, como del informal; y de prestadores de servicios (laboratorios, consultorios médicos, casas de empeño, estacionamientos y otros), que al amparo de una errada política fiscal se burlan del SAT.
Y hasta eso con la complacencia de sus mismas autoridades, según se observa.
Con ese rollo de la reforma fiscal, hay además cualquier cantidad de comerciantes establecidos que todavía no expiden facturas electrónicas porque no han hecho el trámite respectivo.
Esto origina una multimillonaria evasión de impuestos aun cuando al consumidor se le carga el IVA en toda transacción, liquidada en efectivo, tarjetas de débito e incluso cheques.
Los comerciantes que más se rehúsan a expedir las nuevas facturas bajo el argumento de que es la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que dificulta el trámite al retrasarles la autorización oficial para instalar el sistema, suman miles.
Obviamente nadie les cree, pues tiempo suficiente tuvieron para, en tiempo y forma, hacerse del programa de cómputo con las características requeridas por el sistema tributario.
No ocurre eso mismo con los contribuyentes que poco facturan y, al final de cuentas, son los más castigados por ‘Lolita’, ya que deben sacar el guardadito para invertirlo en un programa de facturación electrónica so pena de no cobrar por sus servicios –y son regularmente los prestadores de servicios profesionales– en detrimento de su economía, pues si van a la oficina fiscal respectiva a solicitar la expedición de documentos, se les ponen múltiples trabas.
Y eso que la Federación mucho ha cacareado que el trámite no sólo es gratuito, sino ágil y hasta bondadoso.
Esto afecta directamente a los contribuyentes cumplidores –que son los menos–, pero más todavía al grueso de la población, que es obligada a pagar el IVA e impuestos especiales a la usura comercial, sin que haya autoridad alguna que someta a los infractores.
Entonces, ¿de qué se trata?
Lo digo porque en un sistema democrático como el nuestro, se debe aplicar la frase de: ‘O todos coludos, o todos rabones’.
Disfunción urbana
La expansión demográfica de cualquier localidad trae consigo problemas que requieren ser atendidos adecuadamente, pues de lo contrario hacen crisis y rebasan el control de la autoridad.
Entre las disfunciones más comunes detectadas en las ciudades de todo el país –las que registran mayor crecimiento poblacional–, resaltan el desempleo, la inseguridad y carencia de servicios públicos adecuados, cuando menos.
Cotidianamente somos testigos de las críticas fundadas hacia la alta burocracia de parte de la ciudadanía o sus representantes, al comprobar cómo le sacan la vuelta a los problemas.
Drenaje, pavimentación, agua potable, recolección de basura, limpia de calles y avenidas, alumbrado y transporte público, son algunas de las asignaturas que siempre han estado pendientes de resolver (a plenitud), en tanto que los conglomerados crecen a ritmos vertiginosos, mientras el presupuesto se achica y, lo que es peor, ya se hizo costumbre que el Gobierno Federal conculque a los municipios el dinero que por ley está obligado e entregar para aplicarse en distintos rubros.
Bajo este contexto se acarrean verdaderos lastres, y, con todo y la promulgación de reglamentos que tratan de regular el desarrollo urbano, las dificultades siguen al alza porque no existe una adecuada planeación estratégica mediante la cual se visualice el crecimiento de las ciudades a 20, 30 ó 50 años; y sólo se da respuesta a las contingencias.
De esta manera las autoridades continúan ceñidas a la tradición de generar grandes expectativas cuando asumen un puesto, pero terminan arguyendo que: 1) no alcanza el tiempo para cumplir con sus programas de gobierno, 2) los recursos públicos son insuficientes para cubrir el compromiso, 3) las leyes son imprecisas y obsoletas ó 4) simple y llanamente que la Federación ha mostrado poca disposición para superar la problemática.
Así hasta la saciedad y el cinismo.
Caso estatal
Nuevo Laredo y la zona conurbada del sur en donde se involucran Tampico, Madero y Altamira –por lo que toca a esta entidad del Noreste mexicano–, son el más claro ejemplo del desorden urbano, pues más que ocuparse de la problemática inherente a sus cargos, los alcaldes se involucraron en situaciones de carácter político.
A ello obedece que en los cuatro municipios la problemática se torne mayor, como cotidianamente dan cuenta los medios de comunicación masiva.
Y no es invento, pues basta abrir cualquier periódico local, ver la TV o sintonizar la radio, para confirmar la desatención de las autoridades de esas localidades, que, por cierto, tratan de disfrazarla promocionándose con inserciones periodísticas que rayan en la cursilería.
Y lo digo con pleno conocimiento de causa.
SE HACE CAMINO AL ANDAR
La administración de los recursos económicos federales, según advierte la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es atribución exclusiva del Presidente y no existe forma, al menos hasta ahora, de disputarle en términos legales cómo, cuándo y dónde ejercer el gasto.
Por eso hay colaboradores de Enrique Peña Nieto que aún rehúsan compartir con los gobernadores la asignación del gasto social, para ser ellos quienes sigan ejerciéndolo de manera centralista (como hasta hoy ocurre).
A ello obedece la necesidad de revisar el marco jurídico del Pacto Federal, pues legalmente éste (ya) resulta atentatorio contra el mayoritario porcentaje del pueblo.
Dicho en otras palabras, en una errónea interpretación del artículo 90 de nuestra Carta Magna, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, ampara su proceder exclusivista y excluyente (del manejo de recursos) con desplantes centralistas que nada tienen qué ver con la disposición jurídica que determina concentrar los dineros públicos para su repartición justa y equilibrada.
Hago esta reflexión ante la necesidad que existe de revisar el marco jurídico a fin de que los 32 estados de la República Mexicana, como entidades libres y soberanas que son, tengan mayor participación en el manejo de los ingresos recabados vía impuestos.
Sobre todo en lo que respecta al manejo del rubro social, insisto, pues de cada peso que las entidades fronterizas envían a la Federación ésta sólo les regresa alrededor de cinco centavos o quizá hasta diez (cuando bien les va), obligándolas a subsidiar a estados con índices graves de marginación y pobreza y, lo peor, negándoles (a los regímenes subsidiarios) la oportunidad de ayudar a sus pueblos directamente, pues da en agrupar políticamente el manejo de esos dineros.
En fin, el tema es tan interesante que amerita otro análisis.
CICUTA
Muy apurados están los jefes administrativos de algunas dependencias del Gobierno estatal, pues, según se ha filtrado, no han podido localizar todo el equipo de cómputo, mobiliario y hasta aires acondicionados que les fueron asignados durante el sexenio.
Incluso, hay quienes tampoco saben dónde están las unidades del parque vehicular bajo su resguardo, sin incluir a decenas de camionetas y coches descompuestas y hasta desmantelados en algunos casos.
Las sorpresas que se llevará el comité de entrega-recepción, por lo tanto, se antojan de pronóstico reservado.
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