La semana pasada, los periódicos locales y algunas publicaciones nacionales desplegaron una carta firmada por representantes del sector privado y de los medios de comunicación, en la que exigen al presidente Enrique Peña Nieto su pronta intervención ante el problema de inseguridad que vive la capital tamaulipeca.
Entre todos los rumores que surgieron sobre la verdadera intención de ese desplegado, hubo uno que fue el principal detonante: unas semanas antes, reconocidos empresarios de la ciudad fueron secuestrados y tras el pago de fuertes sumas de dinero, puestos en libertad. Un problema que ya por más de seis años se ha mantenido como una constante.
Nuestra ciudad vive frecuentes rachas de inseguridad y cualquier esfuerzo por parte de las autoridades, resultan insuficientes para detener la violencia en sus calles y los robos y atracos a hogares y comercios. Por si fuera poco, mientras el resto del estado observa una disminución en sus índices delictivos, sólo Ciudad Victoria va hacia arriba.
Por su tasa de homicidios ya se ubica en la poca honrosa sexta posición entre las ciudades más peligrosas del país.
La realidad de esta Capital es tan preocupante para sus habitantes que desde hace tiempo renunciaron a la vida nocturna por el temor a ser víctimas de la delincuencia. En las redes sociales el hashtag #CdVictoria es una referencia para todo aquel que quiere saber lo que pasó.
Los medios aún guardan sus reservas ante ciertos acontecimientos además que la parte oficial hasta ahora no ha podido articular un reporte veraz y oportuno.
Pero el clima de inseguridad que vive victoria es sólo un ejemplo más de la falta de gobernabilidad que impera en la ciudad producto de la errática y muy poco transparente actuación de sus últimas administraciones municipales.
Desde la gestión de Álvaro Villanueva Perales, mucho antes aún, el botín se reparte entre unas cuantas familias. La rendición de cuentas no existe, es una tragicomedia que el Congreso Local legitima sin reparar en malos manejos, tráficos de influencias o flagrantes saqueos al erario victorense.
Las licitaciones de pavimentación y de obras municipales se las pasan de mano en mano entre el municipio y la Secretaría de Obras Públicas estatal, al grado de dar por perdidos muchos de los documentos. Eso también refleja la poca supervisión o complicidad que tienen con los otros niveles de gobierno.
Un ejemplo claro se dio con la construcción del acuaférico de la presa Vicente Guerrero a Victoria. En su trayecto, la tubería atravesó el circuito ecológico del Libramiento Naciones Unidas que construyó el gobierno de Álvaro Villanueva y que después destruyó y volvió a levantar Arturo Diez Gutiérrez.
Hasta el momento ni la autoridad municipal ni la Secretaría de Obras Públicas han podido dar una explicación del monto real de la obra en todas sus etapas. Las dos solicitudes que se pidieron ante el ITAIT no tuvieron una respuesta concreta pese a las peticiones de recurso de revisión. Los documentos se dieron por perdidos.
La autoridad municipal, en los últimos 12 años han gozado de total impunidad gracias al respaldo al menos en la omisión, de las instancias de gobierno obligadas a vigilar y castigar excesos..
Durante las últimas dos administraciones, por ejemplo, los servicios de manutención y reparación de la flota vehicular se le dio a la empresa Mobilis, que se ubica en el libramiento, a un costado del eje vial. La empresa desde su creación en 2011 ha facturado millones en servicios cuyo valor no es proporcional al costo real de todos los vehículos.
Esa misma empresa que también ha ganado licitaciones de obra pública para la Conagua, asegura que no ha recibido pago alguno del ayuntamiento desde hace dos años. Aún cuando la actual administración tiene reportado el ejercicio de ese gasto. ¿Tendrán la relación de facturas? Hasta el momento no han respondido la pregunta.
Victoria es un ejemplo de cómo un grupo de familias ejercieron el poder y el presupuesto a su antojo, y las posiciones de poder en el cabildo son sólo estafetas heredadas entre familiares con todo y sus privilegios..
Y es evidente el producto de esa impunidad. Calles deterioradas, fallas constantes en los servicios públicos, y el ambiente de inseguridad que sufrimos todos los habitantes de la capital tamaulipeca.
Con la llegada de Oscar Almaraz las cosas no pintan nada bien. Son demasiados los compromisos que adquirió Almaraz en la búsqueda de la alcaldía, muy escasos el tiempo y los recursos presupuestales previstos y muy incierta su relación con el nuevo gobierno que encabezará Francisco García Cabeza de Vaca
Habría que esperar que a la luz de una nueva etapa política, se ponga al fin al reinado de esta cleptocracia entronizada de facto por el ya agonizante priismo, y que se termine con la impunidad que fomenta la delincuencia común, la organizada y la de cuello blanco…
Cleptócrata distinguido
Una de los figuras más destacadas entre la aristocracia victorense y tamaulipeca es el constructor Pedro Luis Valdez. El clan de los Valdez ha logrado amasar
una jugosa fortuna producto de los negocios directos que por décadas han realizado con el poder en turno.
La constructora del Noreste, es una de las favoritas en las licitaciones que lleva a cabo la federación y el gobierno del Estado. En los últimos cinco años por ejemplo, han obtenido bajita la mano poco más de 500 millones de pesos, nadamás a nivel local. Todos provenientes del presupuesto público.
Pero Valdez no conoce los límites y en todo ve una oportunidad de hacer negocios, incluso si lo debe de hacer atropellando el patrimonio de otras personas, o de una comunidad completa.
Durante una década, Valdez vio la oportunidad en los ejidos Pajaritos, el Olivo y Guadalupe Victoria para adueñarse de gran parte de sus terrenos para formar con el respaldo de la autoridad, una red de fraccionamientos cuya plusvalía se dispararía gracias a su buena voluntad de otorgar parte de esos terrenos para la
construcción de un hospital.
Todo lo orquestó entre 2005 y 2010, en un periodo en el que incluso fue Comisario ejidal por tres periodos. Aprovechó esa condición para hacer los movimientos necesarios en el Registro Agrario Nacional y sin el consentimiento de todos los miembros del ejido, apropiarse de los terrenos.
Valdez pagó aproximadamente 15 pesos por metro cuadrado, una ganga para una persona acostumbrada a mover cifras que pasan los seis ceros.
Una vez que se apropió de los terrenos ejidales aprovechó su cercanía familiar cob el poder en turno para promover en el Congreso que lideraba Eugenio Benavides, una Ley de Urbanización a modo.
Gracias a su promulgación antes de que se entregara la estafeta a la administración actual, Valdez redondeó un negocio jugoso que disparó el precio de sus terrenos, de los 15 pesos a los que los compró, hasta los mil 600 por metros cuadrados.
Generoso pero mas abusado que dadivoso, en 2006 donó –al menos eso dicen-, los terrenos donde se construyó el actual Hospital de Alta Especialidad al gobierno encabezado entonces por Vicente Fox. ¿Los donó, los vendió? Eso no se sabe pero es lo menos. El hecho es que “reciprocidad” se urbanizó la extensa superficie aledaña al Hospital, que en su mayor parte pertenece a a Valdez. Lo que si se sabe es que la constructora y arrendadora Pajaritos es una de las empresas más sólidas de la ciudad y del estado.
