Con miras a las entradas de los nuevos gobernadores electos, sobretodo haciendo referencia a las entidades con vocación energética, y el inicio de la recta final de la administración de Enrique Peña Nieto en su tercer tercio, apenas en agosto en este mismo espacio editorial les comentaba en mi columna “Seguridad, siguiente reto en energía” sobre el flagelo de la inseguridad y como está mermando a la economía nacional, con ello, poniendo en vilo a las inversiones del sector energético.
En ese sentido, resulta estratégico que los gobiernos locales, estatales y en especial el federal apunten a una estrategia focalizada para el sector energético, que tiene unas variables muy particulares a otros sectores, sin descuidar otras áreas de la sociedad productiva en México; sin embargo, este segmento tiene mayor vulnerabilidad ante los embates de la delincuencia organizada, por tener operaciones en zonas totalmente rurales, fuera de los rangos perimetrales de todo, desde infraestructuras carreteras, servicios médicos, cobertura de telecomunicaciones, hasta –desde luego- de los rondines de seguridad pública.
Hoy la nota nacional es que gracias a un operativo del Ejército Mexicano, en coordinación con agentes federales y estatales de Oaxaca, frustraron el intento de extorsión a la empresa eólica española Gamesa logrando liberar del secuestro a dos de sus directivos, por los que pedían 500 mil pesos por el plagio. En realidad esto no es nuevo, solo que en esta ocasión escaló la agenda informativa. Tenga por seguro, estimado lector, que la gigante energética de España reforzará sus medidas de seguridad en todo el país, lo que se verá reflejado tanto en Coahuila, como en Tamaulipas, donde están en proceso de construcción
varios nuevos desarrollos.
Gamesa ha estado trabajando con sumo sigilo al sureste de Matamoros, Tamaulipas, y en el noroeste de Saltillo, Coahuila, justamente por cuestiones de seguridad. Con proyectos que pudieron haber iniciado hace meses y que se han postergado por los cuidados que están teniendo para no encontrarse con temas de la inseguridad que en esta semana tuvieron que afrontar en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
Si bien, el costo medible y tangible por consecuencia de la inseguridad y el delito en los hogares mexicanos asciende a 211.9 mil millones de pesos, equivalente a 1.38 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), también está teniendo impacto en hechos intangibles como las dubitativas inversiones que pudieran ser atractivas por la reforma energética. Lo cierto es que en este renglón, algo no está terminando de convencer a los inversionistas internacionales pues como me dijera en Cotulla, Texas, el presidente de Eagle Ford Shale Consortium, Leopoldo Martínez, que estaban acostumbrados a operar en sitios como Irak donde la complejidad la tienen con la volatilidad que genera una guerra ¿Por qué en México no están animados teniendo esa experiencia bélica?
La seguridad ya no es el siguiente reto en energía, sino es el reto urgente por superar sí se quiere capitalizar una reforma que puede dejar inversiones y empleos para México, particularmente en Tamaulipas, Nuevo Léon y Coahuila. ¿Usted qué opina?
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