Es común que las personas opinen sobre el fuero sin conocerlo; por lo tanto es también común que su opinión esté equivocada.
El fuero es una protección que por disposición de la Constitución tienen algunos servidores públicos de alta jerarquía y es inherente al cargo, es decir, no depende de la voluntad propia el tenerlo o no tenerlo. El fuero es irrenunciable de la misma forma en que son irrenunciables las facultades y atribuciones del cargo que se desempeña.
En condiciones democráticas, el propósito del fuero es muy útil porque evita que se cometan abusos por parte de los poderosos en contra sus adversarios políticos.
Esta protección constitucional se inventó en Inglaterra hace más de 800 años y fue creada para proteger a los miembros del Parlamento de los reiterados excesos de poder que cometía el rey.
En nuestro país es una institución jurídica que trajeron los españoles hace casi 500 años; que ha sido recogida por todas las leyes habidas desde entonces hasta nuestros días; y que ha venido evolucionando a través del tiempo según las circunstancias de cada época.
En nuestro país el fuero lo han tenido las personas como clérigos, militares y aristócratas, también existió un fuero real, reservado a lugares en particular como templos destinados al culto, cuarteles y oficinas públicas. Hoy todo eso ha cambiado porque los mexicanos cambiamos.
Actualmente el fuero constitucional no está mal, su permanencia en la ley tiene sentido, solo que habría que adaptarlo a nuestra realidad jurídica y política actual, porque así como está diseñado desafortunadamente está sirviendo para proteger a una clase gobernante deshonesta.
Es del dominio público el hecho de que el fuero ha servido como fuente de impunidad a muchos políticos. En pleno Siglo XXI, el siglo de las tecnologías, los derechos humanos y la apertura democrática esta institución constitucional no puede seguir así, hay que reformarla, adecuarla, cambiarla, no quitarla.
El fuero debe seguir existiendo para algunos servidores públicos que por la naturaleza de sus funciones no pueden estar sometidos a procesos judiciales, en virtud de que eso afectaría sensiblemente su trabajo.
Existe además una circunstancia que hace necesaria la permanencia del fuero: las procuradurías y los poderes judiciales en los estados no son del todo independientes del ejecutivo en turno.
Bajo este esquema de dependencia y debilidad institucional, suprimir el fuero significaría que el Ejecutivo podría instruir con facilidad procesos judiciales contra los actores políticos que le resultaran incómodos. Esta es quizá la principal razón del porqué no hay que quitar el fuero sino
clarificar sus contenidos y alcances.
La experiencia de otros países puede dar luz, por ejemplo en Colombia y Chile, los políticos con fuero que piden licencia, pierden el fuero, porque está establecido expresamente que el fuero sigue al cargo no a la persona.
En otros países como en Costa Rica, los servidores públicos con fuero sí son sujetos de juicio penal, el fuero solo los protege contra la detención, pudiendo llevarse a cabo un juicio en su contra con normalidad procesal sin necesidad de llevar a prisión al servidor público hasta determinar judicialmente su responsabilidad.
En pocas palabras el fuero no debe servir para eximir de responsabilidad a los políticos. Por eso lo que tenemos que hacer es reformar sus contenidos y alcances, hacerlos más democráticos, para que deje de servir como cobija a los delincuentes que ejercen cargos públicos, y sirva como instrumento de control del poder político, para que nuestros gobernantes respondan por lo que hacen, igual que en la Inglaterra de hace 800 años.
Nota: El autor es Doctor en Derecho Constitucional.
