Tras la expulsión de la filas del PRI y de la anunciada fuga del ex gobernador Javier Duarte De Ochoa, la guillotina montada por el tricolor para tratar de limpiar el nombre del partido, aligerarle la carga negativa y al mismo tiempo intentar convencer a los ciudadanos que el combate a la corrupción es en serio, otros priistas distinguidos se encuentran camino al cadalso.
Uno es otro Duarte, César Duarte, este ex gobernador de Chihuahua, y Roberto Borge Angulo, ex mandatario del Estado de Quintana Roo, quienes, al igual que el veracruzano, se han visto envueltos en sendos escándalos de corrupción, a los que, según anunció el propio dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, antes de que concluya el año se resolverá si se van o se quedan en el partido.
El máximo jerarca tricolor está tan fascinado con la idea del combate a los servidores públicos corruptos que incluso propondrá este viernes al Consejo Político Nacional la necesidad de crear una comisión anticorrupción que se encargue de revisar los perfiles de los hombres y mujeres que quieren ser candidatos del Revolucionario Institucional a cargos de elección popular, una especie del método de control de confianza como los que se aplican a la selección de los efectivos de las nuevas corporaciones policiacas acreditables.
El gran problema del enjuiciamiento priista de los ex gobernadores, sin embargo, es que en tanto las autoridades judiciales no den con su paradero y los llevan ante la justicia para que respondan de sus fechorías, el PRI no recuperara la confianza de los votantes, a quienes nadie les quita la idea de que a Duarte de Ochoa lo dejaron ir, no se sabe si para protegerlo o para evitar que este fuese a encuerar más aún al ex invencible y al gobierno.
El gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, por cierto, adelantó que el próximo 4 de noviembre exhibirá públicamente las evidencias, entre las que se encuentran cientos de contratos otorgados sin licitación, sobresueldos, “aviadores” y enormes deudas injustificadas, como los mil 5000 millones que dejaron de pagar a la CFE, que demuestran que su antecesor en la gubernatura debería de estar en la cárcel, para facilitarle chamba a la PGR y proceda a su detención.
El nuevo Procurador, Raúl Cervantes, aseguró que los agentes policiacos están muy cerca de atrapar al ex primer priista de Veracruz, igual que del ex de Sonora, el panista Guillermo Padrés Elías.
Como dicen que dijo Santo Tomás, “hasta no ver no creer”.
La buena nueva la dio a conocer el presidente Enrique Peña Nieto. El Seguro Social, una de las instituciones emblemáticas que representa la culminación de uno de los grandes anhelos emanados del movimiento armado y de la revolución de 1917, a pesar de sus lamentables deficiencias, ha superado momentáneamente la crisis económica y la viabilidad de su funcionamiento está garantizada hasta el 2019.
El Delegado del IMSS en Tamaulipas, el médico Roberto Hernández Baéz, debe de estar de beneplácito por ese motivo así como por el reconocimiento que el gobierno ha otorgado a médicos de la clínica 77 de ciudad Madero, ya que la mejoría del instituto es el resultado del esfuerzo de todos, autoridades y trabajadores, a la que el funcionario ha contribuido desde el inicio de su gestión.
El asunto que ha ocasionado suspicacias y sospechosismos, por otra parte, es que, en tanto que en los municipios de Madero y Altamira se han detectado irregularidades de las pasadas administraciones, que han obligado a los nuevos alcaldes a aplicar auditorías para precisar si las anomalías son susceptibles del ejercicio de una acción penal, en el de Tampico no encontrado nada anómalo, a pesar de que la percepción popular asegura lo contrario.
El abucheo de que fue objeto el alcalde Gustavo Torres Salinas en el acto de toma de posesión de Magdalena Peraza Guerra como presidenta municipal, el pasado 30 de septiembre, puso de relieve el sentir de los representantes de los colonos sobre la gestión del ahora ex munícipe.
La única que ha levantado la voz para expresar sus dudas sobre el asunto es la regidora panista Teresa Sosa Garza, a quien le parece que el costo de obras, como la reconfiguración de la plaza de armas y otras, resulta elevado, si se le compara con la calidad de los resultados que se aprecian a la vista. La funcionaria no debe olvidar, sin embargo, que sólo tiene 32 días para interponer la denuncia correspondiente.
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