Aunque Torre Cantú gastó mucho dejó sin terminar casi 100 proyectos
Cese de Roberto Salinas, insuficiente para frenar mal uso de vehículos
No hay delegado ni convocatoria, pero los priistas empezaron a ‘grillar’
Blanca Valles esconde la cabeza ante el repudio de sus representados
En el último año de su período constitucional, Egidio Torre Cantú ejerció, al menos, un presupuesto de 46 mil 844 millones 88 mil pesos, pero dejó sin dinero a su sucesor, siendo que ese monto fue programado para que se aplicara en 12 meses (acorde a la determinación legislativa del 2015), y no en nueve, como supuestamente se hizo.
De ahí que en el último trimestre del ejercicio fiscal del año anterior, el Gobierno (del cambio) haya carecido de recursos para cubrir su gasto corriente hasta el grado de verse obligado a aplicar una restricción en el pago de honorarios, compensaciones y bonos; además de salarios a los nuevos empleados.
Tampoco pudo solventar (en tiempo y forma) la renta de inmuebles, vehículos y telefonía celular; la compra de papelería y avíos de limpieza, equipo de seguridad y combustibles. Ni la reparación de automotores en mal estado (como patrullas).
Incluso me comentan que los rollos sanitarios fueron llevados por la misma burocracia a sus oficinas; así como hojas de papel para imprimir fotocopias y documentos, al terminárseles las recicladas.
Por supuesto también hubo retraso en el pago de becas (a alumnos de excelencia) y de apoyos de asistencia social, aun cuando, se supone, todos los rubros fueron considerados en el presupuesto anual, aprobado en el Palacio Legislativo de San Lázaro y convalidado en el Congreso de Tamaulipas.
En lo que respecta a obras, el asunto luce peor, ya que muchas son las que permanecen inconclusas por falta de recursos.
Y eso que antes de licitarlas o asignarlas directamente, se presume, les fueron destinados los montos totales para su construcción, aunque la verdad es que nadie ha profundizado en el destino que se dio al recurso, ya por haberse ‘esfumado’ la información respectiva o ser un asunto que se investiga con harto sigilo.
Sobre todo porque en el ajo estarían implicados verdaderos pájaros de cuenta.
Varios de ellos socios de Egidio, quien inexplicablemente no ha sido requerido para que responda por el desvío presupuestal o el subejercicio de recursos, siendo que los proyectos fueron paralizados apenas se hizo público el descalabro electoral priista.
Al respecto, en agosto 23 del año pasado, el mismo Torre Cantú, en Matamoros, quiso curarse en salud aduciendo que dejaría algunas obras inconclusas. “Pero será el Gobierno entrante el que deba terminarlas; un cambio no significa que se dejen de hacer las cosas; y la administración que viene debe concluirlas.
Igual los proyectos que están en marcha en todo el estado”, dijo
Entre ellas destacan:
a) La construcción de los nuevos mercados municipales de Tampico (donde se han invertido 250 millones de pesos), provocando pérdidas de carácter extraordinario a los comerciantes;
b) La Unidad para la atención Oportuna del Cáncer (Tampico);
c) Hospital Civil de Madero, cuyos recursos (740 millones de pesos) fueron etiquetados, pero también gastados en su gran porcentaje;
d) El nuevo Hospital General en Matamoros, igual con una inversión etiquetada (cercana a los mil millones), que dicen ya fue aplicada;
e) El proyecto de infraestructura del Puerto Matamoros, que apenas muestra avances en la rehabilitación de escolleras y terminal marítima;
f) Un distribuidor vial del cruce de la carretera Tampico-Altamira con el libramiento poniente, conocido como ‘El barquito’; y
g) El acueducto en Victoria, autorizado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que todavía se construye (aunque a marcha lenta) con dinero federal.
Pero la cifra de obras inconclusas o solamente iniciadas acaricia los 100 proyectos de infraestructura urbana, salud, comunicación y turística, como en su oportunidad lo aceptó públicamente quien fuera el secretario de Obras Públicas en el sexenio anterior: Manuel Rodríguez Morales.
Lamentablemente, para él y su patrón (Egidio), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (Cmic) ha denunciado que, con ambos personajes en el poder, hubo prácticas desleales en la asignación de las obras, pues se privilegió a empresas irregulares (léase ‘fantasmas’), que no estaban constituidas legalmente ni pagaban impuestos al Sistema de Administración Tributaria (SAT), ni cuotas al IMSS ni al Infonavit.
Hasta hoy, ningún ex funcionario ha sido acusado por malversación de recursos –y eso que la administración anterior prácticamente dejó sin dinero a la entrante–, sólo requeridos para explicar anomalías –según lo sé por fuentes dignas de todo crédito–, en cuanto al gasto desordenado.
Pero, sospecho, para salvar su pellejo propio, entre ellos mismos se delataron al comparecer ante la Contraloría gubernamental.
Ésta información la guardaría celosamente Mario Soria Landero, pa’ evitar que los responsables de ilícitos huyan ante la eventual instrucción de fincarles cargos de comprobarse su participación directa, omisión por los hechos cometidos, o complicidad.
Lo cierto es que la sociedad tamaulipeca sigue esperando que haya un castigo contra los emisarios del pasado.
Y al unísono exige que se llame a cuentas a Egidio Torre Cantú, así como al grupo que tanto daño le hizo a la entidad.
Más cuando Miguel Salmán Álvarez renunció como Auditor Superior del Estado (por motu proprio), tras encabezar las inspecciones contables en todas las dependencias.
En fin, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca tiene la última palabra.
Vehículos oficiales
Cuando fue Contralora gubernamental (régimen anterior), Gilda Cavazos Lliteras justificó el uso de los vehículos oficiales en deshoras de horarios laborales, porque según ella ‘es una prestación laboral’.
¡Ah!, y hasta eso, abastecidos con gasolina con cargo al erario.
Esa práctica ha trascendido hasta el grado de que hay, actualmente en todo Tamaulipas, cualquier cantidad de burócratas que tienen bajo su resguardo automotores propiedad del Gobierno o rentados por éste para utilizarlos como mejor les viene en gana.
Los funcionarios de niveles superiores, por ejemplo, los dejan en las manos de sus choferes (también pagados con nuestros impuestos), para que lleven a sus hijos a la escuela (basta mirar afuera de los colegios las filas que provocan); e ir a las tiendas de autoservicio cargando despensa o cuanto se le ocurra al patrón.
Por la noche, entre las 20:00 horas y en plena madrugada (dos, tres o cuatro, cinco), circulan más vehículos oficiales que taxis o particulares, según he constatado, sin ser molestados.
Los fines de semana son peor ya que pululan los vehículos oficiales sin que nada respeten sus conductores (¿por influyentismo?), causando, obviamente, incomodidades a la sociedad y, por consiguiente, una mala imagen de ‘los vientos del cambio’.
Más cuando se estacionan en cajones destinados a parapléjicos (al ostentar el logotipo gubernamental), en los estacionamientos, porque así consideran ser superiores.
Hace días se magnificó el accidente provocado por Roberto Salinas Salinas (ya ex subsecretario de Medio Ambiente), esposo de la diputada Teresa Aguilar, quien fue cesado, justa o injustificadamente –habría que analizar en su real dimensión los acontecimientos–, cuando hay sujetos, lo digo con pleno conocimiento de casusa, más proclives al cese, pero a favor suyo tienen no haber chocado, siendo que abusan del poder –que les otorga su presencia en el Gobierno–, viaticando, usando vales para cubrir cuanta gasolina gasten y hospedándose en hoteles con cargo a la administración pública.
Esto debe saberlo el mandatario estatal.
Sobre todo, cuando una equis cantidad de funcionarios públicos acá en Ciudad Victoria sólo despachan tres días a la semana –pues el resto, con viáticos de por medio, se la pasan en sus lugares de origen–, como, seguramente, Usted lo habrá observado.
Por tanto, el accidente del ex funcionario estatal deber servirle a los burócratas con resguardo de automotores oficiales como advertencia.
PRI, al garete
A raíz de su derrota estatal, la familia priista estatal entró en un impasse, porque su dirigente nacional (Enrique Ochoa Reza) no ha sido capaz de enviar un delegado (con la fuerza suficiente) para resolver el relevo.
Sin embargo, ya se percibe la grilla interpartidista en los mentideros políticos, por parte de los grupos interesados en incidir en la nominación de candidatos al Senado de la República y nueve a diputados federales.
Lo aspirantes más inquietos a suceder a la presidente interina, Aída Zulema Flores Peña, según he visto, son Enrique Cárdenas del Avellano y Manuel Muñoz Cano, aunque ninguno cuenta con la aceptación (total) de la estructura, ya que ambos significarían más de lo mismo.
En cambio han crecido los bonos de los diputados Edgardo Melhem Salinas y Luis Alejandro Guevara Cobos, pero éstos no han aceptado de manera pública buscar la posición.
De ahí que otro grupo sugiera a Ernesto Gabriel Robinson Terán. Y, hasta eso, encontrando buen eco, porque el reynosense mantiene sana empatía con los tres sectores y organizaciones adherentes; las mujeres y los jóvenes.
Inclusive le conoce las mañas y los trucos a los panistas fronterizos, que, en el proceso electoral del 2018, serán quienes finalmente decidan, a su libre arbitrio, las candidaturas que se pondrán en juego.
‘Neto’ fue candidato a la Presidencia Municipal de Reynosa –el año que nos antecede–, y perdió. Es cierto, pero hay que considerar que en la justa intervinieron otros factores que, sumados al descrédito de quien era Gobernador, del señor de Los Pinos y del entonces alcalde, también influyeron en los ciudadanos a la hora de emitir su voto.
En fin, la grilla priista apenas empieza nuevamente.
Habrá otro aumento
Con el incremento a los precios de los combustibles prácticamente se da la puntilla a la economía familiar, pues aparejados al siniestro gasolinazo surgieron aumentos en todos los productos –incluida la canasta básica–, servicios e impuestos (inherentes al alza).
Pero apenas hace unos días el señor de Los Pinos tocó el tema que ha merecido el repudio generalizado desde iniciado el año, cuando entró en vigor el aumento del 20.1 % a los importes de las gasolinas (magna y premium), diésel y gas LP.
Lo peor del caso, es que los nuevos precios sólo regirán el mercado durante 33 días (hasta el 3 de febrero) cuando se liberen definitivamente bajo el concepto de establecerlos según la oferta y demanda cotidiana.
Eso quiere decir que a partir de entonces sería más agresiva el alza de los carburantes.
Y eso que en noviembre próximo pasado, cuando se discutía, mejor dicho se negociaba la Ley de Ingresos del 2017, José Antonio Meade Kuribreña ofreció que los precios de las gasolinas no sufrirían nuevos aumentos y sí, por el contrario, bajarían, conforme se diera el comportamiento de los costos internacionales del crudo.
Al secretario de Hacienda y Crédito Público, le falló su pronóstico. Como todos los proyectos en que sustenta la recuperación económica y, ahora, los más de 130 millones de compatriotas tenemos que pagar su falta de visión financiera, aunque haya otros culpables directos como su antecesor Luis Videgaray Caso, el presidente Enrique Peña Nieto, los 128 senadores y 500 diputados federales que avalaron el aumento y, en su oportunidad, votaron a favor de la reforma energética.
Lo más lamentable de este caso es que con los incrementos a los precios de los combustibles derivados del crudo se vino en cascada el aumento a las tarifas de energía eléctrica y, según he visto, ocurrió lo mismo con el gas; obviamente suben los pasaje del transporte público; las aerolíneas elevan sus costos y por ende los productores, ya que le cargarían a la perra más flaca (léase el pueblo) el consumo de gota, aceite y aditivos que los mismo se encarecieron.
Por consiguiente, la canasta básica se fue a la alza, mientras que, admítalo o no el Gobierno Federal, el salario tiende a pulverizarse.
Y eso que estamos en franca recuperación económica, dicen los eruditos financieros de Peña Nieto.
Pero no son estos los únicos culpables, puesto que los senadores y diputados federales ya veían venir el golpe. Y nada hicieron, aunque sí pudieron, para evitar la arremetida contra el pueblo.
Es aquí, entonces, cuando debiera aplicarse el popular refrán que reza: ‘tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata’.
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