CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Aunque todavía falta tiempo para ver los resultados de la nueva estrategia de seguridad, el sector empresarial de Victoria se encuentra preocupado por los secuestros y los delitos como el robo en la zona centro de este municipio.
Luis Torres Aliyan, presidente de Coparmex Victoria, dijo que a pesar de la paciencia al nuevo plan de seguridad, eso no implica que los empresarios consientan actos violentos o criminales que les afecten en sus actividades, su patrimonio y sus propias vidas.
Como organismo de la sociedad, se exigirá a las autoridades locales, estatales y federales que cumplan con el deber constitucional de garantizar la seguridad de los tamaulipecos y de los victorenses, agregó.
«Creo que debemos tener paciencia y sobre todo hacer cada quien lo que nos corresponde, como es el denunciar cuando se es víctima de un delito», dijo Torres Aliyan.
«Me parecería muy acelerado o muy pronto hacer juicios de si está funcionando o no cuando apenas el miércoles se dio a conocer sin que esto implique consentir los actos que de una u otra manera nos siguen afectando”.
Indicó que al par de los datos oficiales, hay cifras negras de delitos o daños no denunciados que esconden una alta actividad criminal no reconocida oficialmente y, por lo tanto, queda fuera de los planes de combate o prevención.
A propósito de la estrategia de seguridad anunciada recientemente, el líder de la Coparmex aseguró que las expectativas son altas y lo único que esperan los empresarios son hechos, resultados y castigo a los delincuentes.
«Derivado de esa expectativa o de ese nuevo panorama, creemos que los resultados deben llegar más rápido, si bien no serán a corto plazo, depende no solo de esfuerzos institucionales aislados sino de una política integral que abarque al Congreso de la Unión», dijo Torres Aliyan.
«Están pendientes las reformas del Mando Único o mando mixto y la Ley de Seguridad Interior, que desde Coparmex hemos venido impulsando».
Admitió que los delitos del fuero común van en aumento en algunas regiones, pero otros de alto impacto, como el secuestro, no da señales de retroceder o menguar.
«Hay un titular nuevo en la unidad antisecuestros que en acercamientos con la iniciativa privada parece ser una persona capaz y, por lo tanto, se debe confiar en que los resultados van a llegar pronto», expresó.
Los esfuerzos de sociedad civil, dijo Torres Aliyan, es proponer iniciativas tendientes a aumentar las penas en delitos como el secuestro, ya que esto enviaría una señal de rigor y severidad de parte de las instituciones.
De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, obtenidos a través de Plataforma Nacional de Transparencia, las familias tamaulipecas pagaron 11 millones 766 mil pesos en 2016 por el rescate de personas secuestradas.
En respuesta a las denuncias, 159 personas fueron liberadas de sus raptores en los municipios de Reynosa, Victoria, Nuevo Laredo, Matamoros, Tampico, San Fernando, Mante, Madero, Padilla y Río Bravo.
