CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- El gobierno de Tamaulipas propuso en la Ley Anticorrupción que la Ley 3 de 3, sea obligatoria y pública para los funcionarios públicos en la entidad.
La iniciativa forma parte de las exigencias marcadas por la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual fue aprobada por el Congreso de la Unión y entró en vigor el 27 de mayo del 2015, la cual establece como fecha límite para adecuar la ley a los estados el 19 de julio del 2017.
En conferencia de prensa realizada por el asesor jurídico del Gobierno de Tamaulipas, Abelardo Perales Meléndez, el contralor Gubernamental, Mario Sosa Landeros, se dio a conocer las adecuaciones que tendrá la ley nacional en el estado de Tamaulipas.
La propuesta establece entre las competencias del Sistema Estatal Anticorrupción, la coordinación entre autoridades de gobierno y particulares, para prevenir, investigar y sancionar la corrupción.
La decisión final, estará en manos de los legisladores que este lunes 27, recibieron la iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Tamaulipas en materia de combate a la Corrupción.
De entrada, se propone que sea “obligatorio” para todos los funcionarios la presentación la declaración 3 de 3, para darle mayor transparencia al servicio público y que vendría a descartar los enriquecimientos ilícitos.
Ahora estará en manos del Congreso del Estado, si pasa o no esta propuesta del ejecutivo aunado a los lineamientos que han bajado a nivel federal para hacer un combate frontera a la corrupción.
En la misma iniciativa, se destaca que ya se contempla que el enriquecimiento ilícito va ser causa de extinción de dominio, a pesar de que en la ley federal se contempla.
Otro punto que se deberá informar, serán los informes de contratación y de los servidores públicos en las instancias de gobierno, así como el nombre de los funcionarios sancionados.
La propuesta del ejecutivo, no tendrá efectos retroactivos, pero ha dejado claro que no significa que no se investiguen los “enriquecimiento ilícitos anteriores” porque ese delito ya está vigente en la Ley.
Estarán bien vigilados
El Sistema Estatal Anticorrupción estará integrado por la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y un Comité Ciudadano.
La iniciativa de ley del Sistema Anticorrupción Tamaulipeco será encabezado por un Fiscal Anticorrupción, el cual será nombrado por una comisión del Congreso de Tamaulipas, el cual eligiera a partir de las postulación de académicos de universidades y de la ciudadanía en general.
En la iniciativa presentada por el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca contempla una duración de siete años en el puesto para el Fiscal Anticorrupción, además la Fiscalía encargada de encontrar e investigar los actos de corrupción será parte de la Procuraduría General de Justicia.
De esta manera los entes públicos estatales y municipales, tendrán órganos internos de control con códigos de ética, protocolos de actuación y mecanismos de autorregulación para prevenir la corrupción. La Auditoría Superior del Estado y la Contraloría Gubernamental serán los responsables de revisar y presentar denuncias penales e iniciar procedimientos ante el Tribunal de Justicia Administrativa y Promover la imposición de sanciones.
Se contempla establecer un control por medio de una plataforma digital estatal, que contará con la evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal; información de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas; los servidores públicos y particulares sancionados.
Un sistema de información y comunicación del Sistema Estatal y del Sistema Estatal de Fiscalización; informes de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción.
El Comité Coordinador estará integrado por la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada de combate a la corrupción, la Contraloría Gubernamental, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, un representante de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y uno más del Comité de Participación Ciudadana, que será quien presida el Comité.
