CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- En los últimos 20 años el Congreso de Tamaulipas ha rechazado cientos de cuentas públicas asegurando que podría haber desvíos de fondos, siguiendo las notas de prensa se pueden identificar más de 300 cuentas retenidas, a lo que se suman denuncias de diputados sobre presuntos peculados, pero a través de los años las denuncias son pocas y los detenidos, media docena.
La fiscalización del dinero público no ha sido ejemplo de impartición de justicia en Tamaulipas y las versiones de que se les usa políticamente son tan abundantes como los presidentes municipales o directores de organismos públicos que logran arreglar las “observaciones”, sin que se sepa por qué se rechazó tal o cual Cuenta Pública o cómo se libraron las responsabilidades penales.
En los últimos 20 años solamente se conocen los casos de Genaro de la Portilla, Luis Gerardo Higareda Adam, Juan Toral Mendoza, Jorge Mario Sosa Pohl, Fernando Pedraza Chavarri y Jorge Pérez Inguanzo, pese a que en ese lapso son más de 200 cuentas las públicas que no se han aprobado, según declaraciones de los líderes del Congreso o los presidentes de la Comisión de Vigilancia en su momento, por “irregularidades”.
En cuanto a funcionarios estatales el último en ser procesado y sentenciado como culpable, fue el ex Secretario de Desarrollo Social de Tamaulipas, Pedro Hernández Carrizales, quien fue enjuiciado y purgó 20 meses de prisión por presuntos desvíos en las obras de la carretera Rumbo Nuevo, pero quien libró finalmente las acusaciones de fraude.
Los casos de Genaro de la Portilla e Higareda Adam fueron calificados de enjuiciamientos políticos y nunca se presentaron pruebas fehacientes de los desvíos que presuntamente cometió, además de que jamás se solicitó su extradición desde Estados Unidos.
Jorge Mario Sosa Pohl, quien había sido presidente municipal, de 1996 a 1998, fue aprehendido la noche del viernes 19 de abril de 2002 en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de peculado presuntamente cometido durante su administración en Ciudad Madero.
Pero antes, Jorge Ortiz Rosales, diputado local por el PRD, partido de Sosa Pohl, vaticinó que mientras la averiguación contra el alcalde de Lerra, Toral Mendoza, llegaría a los tribunales, la de Sosa Pohl, sería desechada, y meses después de ser aprehendido, el ex munícipe de Madero salió mediante un Amparo debido a fallas en el procedimiento.
Juan Toral Domínguez, ex alcalde de Llera, fue aprehendido por la Policía Ministerial acusado de un peculado por 176 mil 930 pesos y recluido desde la noche del 19 de octubre de 2001 en el Centro de Readaptación Social de Xiconténcatl, y reubicado días después en el penal de El Mante sin que se supiera si fue sentenciado y purgó su pena.
En el caso del panista Pedraza Chavarri, quien presidía la administración municipal 2002-2004 en El Mante, fue indiciado por las acusaciones en su contra de los regidores Alberto Garrido Salazar, y las regidoras panistas Alma Alicia Wong Ledezma y María Gloria Mar Guevara, por presuntos de desvíos de fondos federales del Ramo 33.
El ex alcalde panista de Ciudad Mante, Fernando Pedraza Chavarri fue aprehendido la tarde el jueves 25 de agosto en Querétaro, con base en una orden de aprehensión por peculado por más de 29 millones de pesos y uso indebido de atribuciones en perjuicio del Ayuntamiento de Ciudad Mante, y traslado al Centro de Readaptación Social de esta capital, pero poco tiempo después obtuvo su libertad.
Cuentas rechazadas ¿sin motivo?
Aunque la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Tamaulipas exige que para rechazar unaCuenta Pública se funde y motive le rechazo en el informe de
resultados que debe emitir la Comisión de Vigilancia, no se sabe que nunca se haya hecho tal cosa, o al menos los informes nunca se han hecho públicos.
“Artículo 40.- Si de la revisión y fiscalización de la cuenta pública, se detectaran irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños o perjuicios a la hacienda pública o patrimonio de las entidades sujetas de fiscalización, se señalarán en el informe de resultados a la Comisión. Ésta a su vez, lo reflejará en el dictamen respectivo que se presente a la consideración del Pleno del Congreso”, dice el ordenamiento.
A lo largo de los años no solamente se ha hablado de docenas de cuentas rechazadas señalando a notorios personajes de la política estatal, pero finalmente las cuentas se aprueban sin que sepa el porqué se rechazaron o por qué fueron aprobadas después.
…Y los más recientes, todos bajo sospechas
La Auditoría Superior del Estado, ordenó aplicar 38 procedimientos contra ex alcaldes en Tamaulipas, para que regresen 52 millones 712 mil pesos del ejercicio
fiscal 2016, 2015 y 2014.
En el caso de la cuenta de Palmillas del año 2012, deberá resarcirse el daño económico, e iniciará un procedimiento penal contra el ex alcalde, Jorge Monita Silva
El caso más polémico por el daño económico en Tamaulipas, es el ayuntamiento de Tula, contra de Juan Andrés Díaz Cruz, a quien se le inició un proceso para que devuelva 23 millones 891 mil pesos.
En Villagrán, documenta la Auditoría, el daño a la hacienda pública alcanza los 4 millones 317 mil San Carlos en el ejercicio 2014 son 12 millones 504 mil pesos.
En éste último se involucra al ex alcaldes, ex síndicos, ex tesoreros y ex contralores.