CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- En los últimos tres meses, los elementos de la Policía Fuerza Tamaulipas han sido acusados en 15 averiguaciones.
Raymundo Ramos, presidente del Comité de los Derechos Humanos en Nuevo Laredo, antes de reunirse con el Procurador de Justicia Irving Barrios Mojica, informó que los expedientes y la información de estos hechos están ya en poder del alto Comisionado de la ONU en materia de Derechos Humanos.
Detalló que de las 15 denuncias contra Fuerza Tamaulipas, trece de ellas no han tenido seguimiento, aunque en seis denuncias hay todos los elementos por violencia sexual, detención extrajudicial, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, entre otros delitos cometidos en la ciudad de Nuevo Laredo.
En la mesa de los acuerdos con la PGJ se encuentra además una demanda que no ha procedido contra elementos del Ejército Mexicano dentro del expediente 100/2017 que fue enviada de la PGR a la Procuraduría y de este caso ya tiene conocimiento la CNDH.
A esta reunión, donde participaron los representantes del Alto Comisionado de la ONU, tuvo como objetivo que el Estado se comprometa con la Defensa de los Derechos Humanos y no sólo emita una postura oficial y política.
“En base a eso, podrán colaborar o emitir algunas recomendaciones para ampliar la labor oficial y esclarecer los casos pendientes”.
Raymundo Ramos, presidente del Comité de los Derechos Humanos en Nuevo Laredo, informó que el Gobierno de Tamaulipas ha solicitado trabajar de manera conjunta con los organismos internacionales y locales para avanzar en la defensa de los derechos humanos y en atender las denuncias interpuestas contra la autoridad.
El 12 de enero 2017 por ejemplo, se interpuso una denuncia contra Fuerza Tamaulipas por la Desaparición Forzada de un menor de edad identificado como Jonathan Alexis.
Para el 24 de enero se denunciaron los hechos donde una menor de edad y una señora fueron torturadas y sufrieron violencia sexual.
El 16 febrero se denunciaron los hechos por detención arbitraria y amenazas a elementos de esta corporación en agravio del abogado Martín Alvarado García.
Durante ese mes, pero el día 25, se denunció la tortura y violencia sexual contra una menor de edad.
Se denunció la ejecución extrajudicial contra el bombero José Antonio Rodríguez Martínez el pasado 2 de marzo.
“Sentimos que los agentes del Ministerio Público no tienen la libertad para que hagan su labor, porque ellos tienen la presión política por actuar contra agentes”.
Insistió entonces en que, se haga un compromiso para dar trámite a las investigaciones y poder cerrarle el paso a la impunidad.
